En el Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales 2025, se documenta que el estado de Querétaro, junto con otras 10 entidades federativas no registraron alguna agresión física u homicidio de individuos en el año pasado, señala el Centro de Derecho Ambiental (CEMDA).
Las otras entidades sin registro de agresión a ambientalistas son Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Durango y Baja California. A diferencia de la Ciudad de México que es el líder nacional en ataques a las personas defensoras de ecosistemas.
Se aclaró que el cero registro de agresiones puede deberse a diversas circunstancias, como la particular vulnerabilidad de los periodistas en la región, la falta de cobertura de medios de comunicación en casos de agresiones contra ambientalistas y la falta de identificación de los hechos como agresiones con motivo de la labor de defensa, lo cual hace que, en muchas ocasiones, se clasifiquen como delitos de orden común, lo que dificulta el hallazgo de la información.
La Ciudad de México registra 39 agresiones, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. Cabe mencionar que el aumento de afectaciones en la capital del país, en donde el estigma social y difamación tuvieron más registros con un total de 79 y 26, respectivamente. El conjunto de eventos ocurridos en estas entidades suma el 56.2 por ciento del total nacional, aspecto que llama la atención de las organizaciones civiles.
En 2025, se registraron en general 135 eventos de agresión y 10 agresiones letales (Jalisco es la entidad líder en fallecidos por este tema). Además que el año pasado fue el segundo más peligroso solo detrás del 2022, que fueron 197 eventos de agresión y 24 agresiones letales. En agresiones de desapariciones ha ido a la baja, pues en 2022 fueron 22, en 2023 fueron 19.
Gustavo Alanís, director ejecutivo de CEMDA, estos delitos no cesan y van al alza, es una tarea monumental el documentar esta realidad, debido a que las autoridades en muchas ocasiones no permiten se tenga la información adecuada. Fueron 314 agresiones totales y es un aumento en relación al 2024 y el 2025 es el segundo año de más agresiones de tras de 2022 que tuvo 582.
En el año 2025, fueron 10 decesos de ambientalistas, en los pasados 11 años son 199 ambientalistas fallecidos y es insostenible y se debe mencionar que, en 2025, tres personas fueron desaparecidas y no se sabe de ellos. Siendo las víctimas principales los representes de organizaciones civiles y pueblos indígenas; en el caso de periodistas, ocupan un 11.2 por ciento de los agredidos. Igualmente, en 2025, fueron 89 mujeres las agredidas, un aumento del 60 por ciento en los pasados dos años.
Dijo que los sectores con más agresiones es el agua, biodiversidad y vías de comunicación; siendo los agentes perpetradores, destaca que el Estado mexicano es el líder, desde policías, fiscalías, fuerzas armadas, siendo responsables de 76 por ciento de las afectaciones y solo un 12 por ciento fue delincuencia organizada. “Para darle la vuelta al tema se debe desterrar la impunidad; prohibir las prácticas de difamación contra ambientalistas; el mecanismo de la Secretaría de Gobernación para proteger a la prensa se amplíe; implementar el Acuerdo de Escazu; principalmente.
Diana González, oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que se vive en un mundo con gran impunidad y con recortes presupuestales al desarrollo social. Por ello, el trabajo de los ambientalistas demuestra que la gente no se rinde, pese a que cada año se registran agresiones de todo orden.
Por ello, la ONU acepta que los informes de agresiones a ambientalistas, señalan que quienes defienden los entornos se enfrentan a grandes peligros, desde desprestigio digital al asesinato. El costo de defender la naturaleza es muy alto y pone en jaque a toda la sociedad.
La defensa del medio ambiente no es tarea de unos pocos individuos sino que es una responsabilidad colectiva, pues el bienestar de la especie es inseparable de la salud del planeta. Quienes han fallecido en defensa de los ecosistemas no deben ser olvidados o considerar que es lo normal. El número de víctimas fallecidas por preservar la naturaleza, debe ser el principio de establecer leyes adecuadas en el tema.
Por su parte, Alberto Rojas, subprocurador de Prevención Ambiental de la Procuraduría Federal Profepa, acepta que el Estado no ha generado las condiciones de respeto de los derechos humanos en el sector ambiental. “Se tiene consecuencias importantes y atacan en rubros digitales y en físico. Se tienen ciertos avances como fue el cierre de una granja de crianza de cerdos en Yucatán; clausura del relleno sanitario de Las Matas en Veracruz; manejo de residuos peligrosos en Hidalgo; etc., pero en la actual administración se buscan cambiar las cosas”.
En relación a consolidar el avance nacional en implementar el Acuerdo de Escazu en el país, en fechas próximas, la Profepa informará los avances de la aplicación del mismo. Sin dejar de atender informes como el emitido por CEMDA y aplicar la ley en lo que le competa a dicho organismo federal.
Raquel Gutiérrez, directora del Instituto de Derecho Ambiental, quienes han sido personas con agresiones por su labor ambiental, declararon que se criminaliza ser defensor con uso malicioso de las leyes, como es argumentar los derechos a los bienes privados, amparo para empresas u privados para no frenar delitos en ecosistemas, sin olvidar la no documentación e investigación de datos falsos contra ambientalistas.
Erik Saracho, director de Alianza Jaguar, que en fechas recientes fue víctima de un ataque físico por su labor ambiental, declaró que urge mejorar la atención del Mecanismo de Protección a periodistas federal, que tardó en atenderle, pero al final salvó la vida; aunque se mudó de su vivienda. El caso que encabezaba era la defensa del acceso al agua potable en comunidades de Nayarit, que están sufriendo por la llegada de nuevos complejos turísticos masivos.
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