Una propuesta de Ley General de Aguas
con perspectiva ciudadana para garantizar el derecho humano al líquido en
México será presentada a los legisladores y la sociedad el 31 de enero del próximo
año, dicha propuesta es emanada del Congreso Cuencas, Ciudades y Comunidades y
del Tercer Congreso Nacional de la Red Temática del Agua Conacyt celebrado en
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este documento busca
que “se oriente al diseño de una estrategia nacional por el derecho del agua,
saneamiento y seguridad hídrica sustentada en una verdadera ciudadanización de
la gestión del líquido, con el fin de hacer valer el derecho humano al agua
incorporado en el artículo cuarto de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos”.
Además que entre
sus contenidos destaca: “Después de una amplia consulta, discusión de
experiencias y conocimientos detectamos un crisis de sustentabilidad, de
inconstitucionalidad, de representatividad, contaminación y distribución del
agua”.
Ante ello los
asistentes signaron las siguientes directrices: Un cambio institucional que
considere una mayor participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas y
la transparencia; el fortalecimiento de las capacidades locales para una
gestión ciudadana no sólo a partir de la cuenca hidrológica sino del
territorio.
Lograr una mejor
calidad del agua alcanzando cero descargas de tóxicos a cualquier corriente del
agua; un cambio del modelo agrícola actual hacia un modelo agroecológico
orientado a la soberanía alimentaria; la no privatización de la gestión de
agua, toda vez que reconocemos al agua como un bien común de la nación.
“Estos son sólo
algunos de los puntos que consideraremos en la propuesta de Ley de Aguas que
presentaremos a los respectivos órganos de toma de decisiones”, concluye.
Al respecto, Pedro
Moctezuma Barragán, investigador de la UAM, y principal impulsor de la
propuesta de ley, afirmó que “vimos un par de días de trabajo muy profundo,
porque recogen varios lustros de investigaciones del agua en 15 distintas
temáticas: gestión de cuencas, criterios y parámetros jurídicos para definir el
derecho al agua, tratamiento de aguas residuales y prevención de contaminantes,
soberanía alimentaria, economía del agua, entre muchos otros.
“Fue una
aportación compartida entre investigadores de primer nivel, juristas que han
redactado las principales leyes ambientales de nuestro país, dirigentes de
comunidades y esfuerzos cívicos de redes de la sociedad civil. Todos de cara al
reto del agua en México, el cual es enorme porque el sistema de uso y
extracción de este bien está generando un enorme desequilibrio”.
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