Sectores oficiales, académicos y
legislativos consideran que, tras 17 años de existencia, la Procuraduría
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) organismo dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), del gobierno mexicano carece de ley
orgánica propia y de facultades claras para aplicar justicia ambiental; es una
oficina inocua que no cumple con su labor de preservar los recursos naturales y
biológicos del país.
Tal realidad hace
que México, de acuerdo a ONGs ambientales, sólo castigue el 2% de los delitos
ambientales que se presentan en el territorio nacional, situación nada
halagüeña, ya que el estándar mundial es del 5%, y que, por el contrario,
permita que esas actividades ilícitas dejen ganancias multimillonarias a
quienes infringen leyes que protegen a ecosistemas.
Al respecto, Samuel
Ibarra, gerente de Asuntos Públicos y Regulatorios de AgroBioMéxico, señaló a
este reportero que se puede hablar de un atraso en justicia ambiental al sólo
contar con 6 fiscalías ambientales y 14 procuradurías ambientales estatales, en
32 secretarías ambientales estatales y una federal. “En pocas palabras, no es
nada en materia de organismos que persigan estos delitos”, enfatizó.
Explicó que se justificarían
pocas fiscalías ambientales de no estar esa clase de delitos tipificados, pero
si lo están en 29 de las 32 entidades lo que hace necesaria la obligación de
contar con agencias de atención a los crímenes ambientales, lo cual no pasa,
lamentó.
Señaló que esto
también es un asunto que le compete a la ciudadanía, ya que entre los
requerimientos que deben establecerse está difundir estos delitos por parte del
gobierno, la academia e inquietud de particulares para no esperar que le den
todo en la mano y sepa que no debe romper la ley ambiental.
Apuntó que en
materia de justicia ambiental deben distinguirse tres conceptos: la justicia
ambiental penal, administrativa y civil. La última se enmarca en la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) que atiende sus quejas
y da resultados; en lo administrativo, hay leyes y marcos jurídicos que dejan
trunca su aplicación, lo que deriva en corrupción, y en lo penal, existen
lineamientos de política criminal ambiental con seis fiscalías en México, entre
las que destacan las del DF, Campeche y Michoacán.
Para diversos penalistas,
uno de los problemas es la falta de homogenización de estándares sobre qué es
un delito ambiental y hasta definir en la ley qué se entiende por un árbol,
para definir cuándo se trasgrede la ley en este sector, lo que redunda en que
mucha gente no sabe cuándo se comete un delito ambiental al no saberlo definir
y que agrave el problema de la falta de capacidad de asombro en ecocidios que
se cometen de forma constante.
Ejemplo de lo
anterior es que en México no existe homogenización en temas como los decibeles,
cantidad de emisiones, vibraciones por construcciones y uso de energía. Existan
cosas tan raras como en Colima donde se castiga la electromagnética y en
Chihuahua se tipifiquen los gases humanos, sin definir a qué tipo de gases se
refieren.
Entre algunos
aspectos que trabajan otras dependencias oficiales está el estudio de
lineamientos sobre una política criminal ambiental en México, editada por la
Procuraduría General de la República (PGR) que busca entender la actuación de
la autoridad en delitos de esta índole.
El diputado
Ricardo Astudillo Suárez, vicecoordinador del PVEM en la Cámara de Diputados,
expuso a este medio de comunicación que si bien hay reglamentos en delitos
ambientales, se tienen debilidades y se es endeble con sólo 6 fiscalías a nivel
nacional; por ello, la necesidad de que este año se presente, discuta y aprueba
la nueva ley orgánica de la Profepa, la cual se analiza en comisiones.
Dijo que “tenemos
un año de trabajo en esta iniciativa y estamos a tiempo de aprobarla este año
con la ventaja que da que la Profepa ya tenga 17 años de existencia y podamos
dotarla de dientes para una correcta actuación de la misma”.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN PROFEPA
Julia Carabias, catedrática de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y extitular de la Semarnat, señaló que en
México existen atrasos ambientales como la aplicación de los regímenes
oficiales en el sector lo cual frena una correcta conservación biodiversa.
Dijo que “falta
sinergia de instituciones de gobierno como son las Secretarías de Medio
Ambiente (Semarnat), Agricultura (Sagarpa) y de Ordenamiento Territorial
(Sedatu), entre otras, y que se tenga un serio problema de incumplimiento de la
ley ambiental, ya que la capacidad de Profepa está rebasada y debe ser
reconfigurada con nuevos esquemas como establecer un consejo ciudadano que es
vital en los trabajos de organismos como la Comisión de Áreas Naturales (Conanp).
CORTE
INTERNACIONAL PARA DELITOS AMBIENTALES
El Parlamento de la Unión Europea que se
distingue por hacer los cambios legislativos de primer orden que,
posteriormente son replicados en todo el mundo, tiene entre sus planes de
trabajo establecer una jurisdicción universal para los delitos ambientales que
se puedan calificar de graves y que sean comparados con los delitos de lesa
humanidad.
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