Al participar en el Seminario-taller Gestión Urbana y Ordenamiento Territorial, retos y perspectivas para
Advirtió, que alrededor de 15 expertos consultados opinaron que “el instrumento no es eficaz ni expedito; no se garantiza en ninguna forma el cumplimiento de condicionantes, es discrecional y no hay seguimiento de los proyectos”.
Expuso el especialista en regeneración y rehabilitación urbana, existen serias lagunas regulatorias y se carece de conocimiento suficiente sobre la “capacidad de carga” de los ecosistemas, concepto que se refiere al daño acumulado de un ecosistema y cuánto es capaz de soportar.
Mercado Moraga comentó que la evaluación del impacto ambiental es un instrumento que tiende a relajarse “porque a veces ni a quienes promueven ni quien va a ejecutar la obra les conviene que el impacto sea veraz” y porque los particulares o el propio gobierno encuentran que algunas obras “no debieran ser objeto de impacto ambiental”.
Precisó que en el Distrito Federal uno de los problemas normativos radica en la escala de los proyectos porque si bien se exigen estudios de impacto urbano ambiental a partir de proyectos de vivienda –por ejemplo– que tengan más de 10 mil metros cuadrados, en tanto que proyectos que tengan menos de ese límite no requieren estudios.
Investigación
realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer que el
bosque de manglares en la laguna costera de Mandinga, Municipio de Alvarado,
Veracruz, perdió 202 hectáreas en el periodo 1990-2000 debido a tala inmoderada
y diversos factores de presión.
La cifra representa casi el doble de la disminución sufrida la década
anterior, una tasa alta en comparación con otras lagunas costeras, advirtió el
doctor Javier Aldeco Ramírez, profesor-investigador del Departamento del Hombre
y su Ambiente de la Unidad Xochimilco y coordinador de la investigación
científica sobre la salud del sistema lagunar de Mandinga, que forma parte de
los diversos proyectos del Laboratorio de Procesos Costeros de la UAM.Las imágenes satelitales comparativas de los años 1970, 1980 y 2000 que presentan en su trabajo dan testimonio de esta destrucción y justifican la necesidad urgente de conocer de forma pormenorizada el estado de los recursos manglares en el país.
De igual manera, proporcionan subsistencia a los pobladores con el desarrollo de diferentes actividades económicas, en el caso estudiado se calcula que el valor anual de los servicios ofrecidos por cada hectárea varía entre los 10 mil y 16 mil dólares.
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