De
acuerdo a diversas organizaciones ambientalistas, las propuestas hechas
recientemente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a cargo de David
Korenfeld, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados
establecen un manejo diferenciado sobre los recursos hídricos del país y se
contraponen con el precepto constitucional de garantizar el Derecho Humano para
el acceso al Agua y al Saneamiento.
Denunció
la Iniciativa Ciudadana “Agua Para Todos, Agua Para La Vida”, que señaló que
México es un país con una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio
climático y que esto acentúa los altos contrastes en cuanto a disponibilidad de
agua a lo largo de su territorio, los planteamientos de CONAGUA conllevan una
serie de riesgos para la población mexicana, pues apuestan a la “privatización”
fáctica de los recursos hídricos del país:
Conservar
la actual Ley de Aguas Nacionales: Esto representa continuar con el grave
sobreconcesionamiento de más de 130 acuíferos, así como el acaparamiento y
marginación hídrica. Se añadirían dos capítulos para permitir la fracturación
hidráulica y la geotermia, sin evaluaciones de impacto ambiental.
Puntos
de interés: a) el puesto de Director General de la Conagua sería transexenal;
b) se concesionarían trasvases a particulares; c) el derecho humano al agua
podría limitarse por razones de “interés social, orden público o seguridad
nacional”.
Se
modificaría la NOM-011: que determina la disponibilidad del agua, para permitir
el aprovechamiento de acuíferos ultraprofundos bajo zonas vedadas, y acuíferos
costeros para desalinizadores. Ambas prácticas ponen en riesgo la integridad de
los sistemas acuíferos proveedores del derecho humano al agua.
Al
respecto, Elena Burns, de Centro para la Sustentabilidad CENTLI/UA, dijo que
“con este enfoque se conservaría el sistema de concesiones (transferibles), que
ha fomentado megaproyectos de corte privatizador para proveer agua a grandes ciudades,
así como para dar tratamiento a las aguas salientes, manteniendo el enfoque de
negocio por encima del Derecho Humano”.
Frente
a la propuesta de CONAGUA, la Iniciativa Ciudadana “Agua Para Todos, Agua Para
La Vida” elaboró 12 preguntas dirigidas a las autoridades mexicanas -con el
consenso de más de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil de
27 estados de la República- a fin de respaldar su iniciativa para la
presentación de una Ley General de Aguas:
¿Cómo
garantizar un papel real para la ciudadanía en la consecución del acceso
sustentable y equitativo al agua, como dicta la Constitución?
¿Cómo
rediseñar el sistema de concesiones, para poner fin a la actual crisis de
sobreconcesionamiento e inequidad?
¿Cómo
garantizar la restauración y manejo sustentable de las cuencas y los acuíferos,
única fuente segura de agua de calidad para las generaciones actuales y
futuras?
¿Cómo
garantizar que las obras hidráulicas autorizadas sean las que tengan menores
costos y mayores beneficios sociales, hídricos y ambientales?
¿Cómo
garantizar de manera efectiva y exigible el derecho humano al agua de las
poblaciones rurales y urbanas marginadas del país, y aprovechar la larga
historia de manejo comunitario?
¿Cómo
lograr que el agua sea gestionada para dar sustento prioritariamente a la vida,
ante la presencia de fuertes presiones por sujetar su manejo a la lógica del
lucro?
¿Cómo
superar las crisis de eficacia, transparencia y credibilidad de los sistemas de
agua potable y saneamiento?
¿Cómo
lograr que la poca agua potable con la cual contamos se dedique a las
necesidades humanas básicas, a pesar de que otros usos y usuarios estén
dispuestos a pagar mucho más por el recurso?
¿Cómo
frenar la sobreurbanización de las cuencas en grave crisis hídrica, hasta que
puedan resolver sus problemáticas (inundaciones, grietas, hundimientos, falta
de disponibilidad)?
¿Qué
políticas fiscales nos permitirían avanzar en el cumplimiento con el derecho
humano al agua?
¿Cómo
prevenir la realización de proyectos que resultarían en daños graves e
irreversibles a las cuencas y los acuíferos (como son minería, fracking, contaminación agrícola e
industrial, eliminación y disposición de sustancias tóxicas o radiactivas)?
¿Cómo lograr sistemas efectivos de vigilancia,
inspección, contraloría y defensoría, y poner fin a la actual crisis de
impunidad hídrico-ambiental?
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