De
acuerdo a diversas organizaciones civiles y líderes de comunidades y
organizaciones forestales de Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y
Quintana Roo, cada vez es más complicado obtener permisos y facilidades por
parte de la Federación para hacer un buen manejo legal de sus bosques.
Francisco
Chapela, asesor de Estudios Rurales y Asesoría, dijo que “la abierta
disposición para hacer un manejo sostenible de los bosques y selvas del país
por parte de comunidades, ejidos y pequeños propietarios, se ha visto hasta
ahora obstaculizada en muchos casos por falta de financiamiento, trámites
burocráticos y excesivamente complejos, tiempos y requisitos adecuados a las
condiciones de cada región forestal, así como a la carencia de asistencia
técnica actualizada, entre muchos otros problemas, que han puesto en entredicho
la permanencia misma de la vegetación forestal”.
En
comunicado de prensa, se señaló que los dueños de los bosques, productores
forestales y proveedores de oxígeno, agua potable y otros servicios que proveen
al país, hacen un llamado urgente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) y la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a participar en mesas de trabajo y rescatar
juntos el manejo comunitario de bosques, ya que su excesivo burocratismo y
falta de trabajo entre dichos organismos ambientales se refleja en la parálisis
del sector forestal.
La
propuesta de trabajo que la sociedad organizada, se informó debe sustentarse en
tres ejes fundamentales:
1.-
Desarrollo y fomento de métodos silvícolas adaptados a condiciones locales
(climáticas, de especies y de superficie) para mejorar el manejo y productividad
local, que es fundamental para el aprovechamiento sostenible del potencial
productivo de las áreas forestales del país, considerando su gran diversidad
ecológica, social y cultural, y sin poner en riesgo la integridad de los
ecosistemas forestales.
2.-
Fortalecimiento de las Empresas Sociales Forestales, con la finalidad de
conseguir una estructura que permita un funcionamiento eficaz. Para
conseguirlo, las Empresas Sociales Forestales deben pasar por un proceso de
rediseño, en el que se implemente un programa operativo (aprobado por la
Asamblea, en el caso de comunidades indígenas o ejidos) basado en la
supervisión de entidades de administración internos que guíen y monitoreen el
cumplimiento de los objetivos económicos.
3.-
Mejora del diseño de las instituciones de gobierno, construyendo una relación
de colaboración con los dueños de terrenos forestales en un marco de
transparencia, participación social y acceso a la información pública, y
re-enfocando las competencias de las instituciones gubernamentales.
Por
su parte, Miguel Ramírez, representante de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, aseguró
que el Estado está dejando a las comunidades forestales en una situación de
vulnerabilidad económica, social y ambiental, y que “Hay un exceso de trámites
burocráticos, los permisos para el aprovechamiento sustentable de los recursos
maderables y la entrega de la documentación se tardan demasiado, con esto nos
están negando el derecho a poder vivir digna y legalmente de nuestros bosques”.
Se
detalló que la Conafor debe actuar como agencia verdaderamente promotora del
desarrollo sostenible en las regiones forestales -en lugar de ser una
dispersora de subsidios paliativos-; la Semarnat debe constituirse en la principal agencia normativa -en
contraste con el papel obstaculizador del uso y aprovechamiento sostenible que
ha tenido hasta ahora-; y la Profepa debe servir como la principal agencia
promotora del cumplimiento de las normas, con un enfoque principalmente
preventivo, y no punitivo.
Estamos
preocupados por el abandono y la tendencia negativa en que se encuentra el
sector: la producción forestal ha registrado una reducción dramática desde el
año 2000, cuando alcanzó su máximo histórico de 9.43 millones de metros cúbicos
(m3) de madera en rollo y comenzó́ a decrecer hasta llegar a 5.5 millones en el
año 2011, tendencia que se mantiene hasta la fecha. Así, el sector depende de
las importaciones, puesto que la producción nacional sólo alcanza a satisfacer
el 33 por ciento del consumo aparente de productos forestales de México.
Desde
el año 2000, el sector forestal de México presenta tendencias negativas a pesar
de que el presupuesto gubernamental destinado al sector ha incrementado
sustancialmente desde la creación de la Conafor, ha alcanzado un monto mayor a
los 7 mil millones de pesos en los últimos años, sin embargo, la producción
forestal sostenible no ha incrementado, los logros en materia de recuperación
de cobertura forestal son dispersos y no existe una evaluación independiente
que demuestre el impacto directo en el alcance de objetivos de la inversión
pública en el sector forestal mediante los programas que opera esta Comisión,
más allá de las declaraciones de sus funcionarios, y por el contrario, la
producción legal se mantiene a la baja, las importaciones aumentan y la
deforestación se mantiene.
La
Conafor asegura que la tasa de deforestación ha decrecido (la última estimación
sería de 155 mil hectáreas al año), pero a pesar de ello en diversos estados
hay claros indicios de que este problema no ha disminuido -o incluso se ha
agravado-, en particular a consecuencia de otras actividades económicas como la
agricultura industrial (aguacate en Michoacán, agave en Jalisco y otros
estados, caña de azúcar en Quintana Roo), la ganadería extensiva y el
desarrollo urbano; y de ahí la importancia de crear un frente común en defensa
de la silvicultura comunitaria, los bosques y la propiedad
social.
En México, la mayor parte las autorizaciones de aprovechamiento forestal son
solicitadas y ejercidas por ejidos, comunidades agrarias o pequeños
propietarios. En este contexto, la recesión y eventual colapso económico del
sector forestal, representa la pérdida del empleo e ingresos de muchos miles de
familias y puede dejar vastas áreas forestales a merced de la ganadería
extensiva y de taladores clandestinos. Adicionalmente, la reforma al artículo 27
constitucional ha promovido la fragmentación de los territorios de propiedad
social, promoviendo la privatización y titulación individual, la fragmentación en
el tejido social y minando la toma de decisiones conjuntas, catalizando así la especulación
sobre tierras ejidales y
comunales y constituyendo una nueva amenaza a los bosques remanentes en
esos terrenos.
El
manejo forestal comunitario en México es una estrategia efectiva para mantener
los bosques en pie, sanos y proveyendo tanto de bienes e insumos para dueños y
habitantes de las regiones forestales, como de importantes servicios
ambientales para la población entera del país. También está claro que el
impulso y el fortalecimiento del manejo forestal cataliza y apuntala el
desarrollo económico y social, fortaleciendo la gobernanza de los territorios
forestales y la paz social.
Finalmente,
Paloma Neumann campañista de bosques de Greenpeace, dijo que “estamos viviendo
un absurdo: los bosques se pierden, tenemos más presupuesto y la solución
frente a nuestros ojos, pero el gobierno federal se distrae con espejitos de
modelos ajenos. Exigimos un verdadero compromiso, fuerte y claro, por parte de
las autoridades con respecto a los dueños legítimos de los ecosistemas
forestales en México, una revisión crítica de la dirección de la actual
política forestal, y la adecuación de la inversión y los programas en
concordancia con las necesidades identificadas por las comunidades, ejidos y
pequeños propietarios de los bosques para conseguir un manejo forestal
sostenible fuerte y permanente en México”.
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