A dos años de haber asumido el poder, la Federación,
indicó la organización civil ambientalista, Greenpeace ha estado marcada por
una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los
mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión
contra el movimiento social organizado, señaló en un comunicado de prensa.
En
materia de medio ambiente se concretó a describir que durante este segundo año de
gobierno federal, el medio
ambiente se ha visto sacudido por una oleada de desastres. Por poner algunos
ejemplos, Durango, Sonora, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa
vivieron catástrofes ambientales que se suman a los mil 124 casos de daño
ambiental ocurridos en lo que va del sexenio.
Estos “accidentes”
son solo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las
industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a
cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se
tomen en cuenta las externalidades. Y donde la labor de la Secretaría de Medio
Ambiente (Semarnat) y sus organismos integrantes ha sido muy gris en su actuar
y donde da una imagen de debilidad institucional para salvaguardar los
ecosistemas nacionales.
En el caso de la reforma energética y los cambios a las leyes secundarias – por
decreto- en esta materia imponen
nuevos retos para la defensa efectiva del derecho a un medio ambiente sano, ya que la legislación
concede a las actividades extractivas el carácter de estratégicas, de interés
social y de orden público; dando preferencia a la utilización de la técnica del
fracking, la exploración y explotación de hidrocarburos, servicio eléctrico, la
energía nuclear y la geotermia, frente a otras actividades, como la agrícola,
forestal o de conservación; legalizando la ocupación temporal de tierras de
propiedad privada, ejidal o comunal, bajo el riesgo de que se dañen las tierras
y los recursos naturales por estas prácticas.
En cuanto al deterioro que enfrentan los bosques y selvas de México
no muestra mejoras comprobables. La actual administración carece de una
política sólida que plantee soluciones reales para proteger, recuperar y
manejar estos ecosistemas.
A pesar de que el presupuesto gubernamental destinado
a la Comisión Nacional Forestal es de más de 7 mil millones de pesos en los
últimos años, se desconoce el impacto directo y real que la inversión pública
está teniendo sobre los bosques y sus dueños.
México tiene una característica especial y poco común
a nivel global: alrededor del 60% del total de la superficie de bosques y
selvas es de propiedad social; sin embargo, el apoyo y financiamiento para
comunidades, ejidos y propietarios forestales continúan siendo marginales,
comparados con la inversión en recursos y el impulso mediático que se le dan a
otras acciones poco efectivas como la reforestación. El manejo forestal
comunitario es una estrategia efectiva para mantener los bosques en pie,
apuntalar el desarrollo económico y social, fortaleciendo la gobernanza de los
territorios forestales y la paz social.
Por otro lado, los impactos del modelo agroalimentario actual, con base en la
agricultura industrial tiene graves impactos ambientales, sociales y de salud
pública. El actual modelo de agricultura no garantiza el derecho constitucional
de los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Las y
los pequeños agricultores son excluidos de las discusiones sobre la definición
de la política agrícola.
En materia ambiental el actual modelo de agricultura industrial se
caracteriza por el uso excesivo y sin control de agrotóxicos, la mayoría de
ellos prohibidos en la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo 42 pesticidas
que se sospecha carcinógenos humanos, y 85 principios activos de uso agrícola.
Los grandes industriales acaparan programas como Procampo. Apenas el
siete por ciento de los agricultores que tienen menos de una hectárea reciben
pagos de este instrumento, mientras que
el 42 por ciento de los agricultores que son propietarios de 20 hectáreas de
tierras o más perciben dichos beneficios.
Enrique Peña Nieto ha mantenido una indefinición hacia el cultivo del
maíz transgénico. Las empresas transnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y
Pioneer han solicitado permisos para comercializar sus semillas patentadas en
el país, mismas que se mantienen en
estatus de evaluación de riesgo, a pesar de que científicos mexicanos
han advertido impactos irreversibles para el medio ambiente y la sociedad si se
aprueban los cultivos de maíz genéticamente modificado.
La verdadera solución para acabar con el hambre en el país es una
reforma al campo con una visión de equidad y soberanía alimentaria que impulse
un modelo de agricultura ecológica que proteja, mantenga y restaure la
diversidad de la vida en la tierra; fomente la producción y conservación de
semillas nativas e incentive la investigación pública y en la cual el control
de la alimentación y la agricultura incumba a las comunidades locales, en lugar
de las empresas transnacionales.
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