El 26
de febrero ingresó a la Cámara de Diputados para discusión, la iniciativa de
Ley General de Aguas elaborada por la Federación, a través de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), ante lo cual organizaciones de la sociedad civil
solicitaron que para el proceso de dictamen se lleven a cabo en San Lázaro
foros en los que participen los legisladores y se tome en cuenta la opinión de
especialistas, así como de individuos y grupos interesados.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados fue suscrita por los diputados Kamel Athié Flores,
presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Antonio Rojo
García de Alba, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego,
Sergio Augusto Chan Lugo, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos y
Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Esta solicitud se basa en que de acuerdo con el
Reglamento de la Cámara de Diputados se contempla que en el proceso de dictamen
de la iniciativa se pueden llevar a cabo audiencias públicas y reuniones en las
que se consulte la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos
interesados, a los titulares de las entidades de la administración pública
paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos, a las cámaras, consejos
y organizaciones sociales conocedoras de temas hídricos, y las opiniones de los
ciudadanos.
Atendiendo a que la razón de ser de la Ley
General de Aguas es reglamentar la forma como se debe cumplir el derecho humano
al agua, las comisiones dictaminadoras deben recordar que, por tratarse de un
derecho humano, la Ley deber dar la protección más amplia a todas las personas,
de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política y los estándares
más altos contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte.
Esta solicitud de las ONGs se supedita en que señalamientos
de que la iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Ejecutivo
federal no garantiza conforme a los estándares internacionales, el derecho
humano al agua y al saneamiento -consagrado en el art. 40 constitucional- para
los grupos más vulnerables del país, pues carece de mecanismos de garantía para
los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de
pobreza, aunado a otros tópicos que van desde impedir la edificación de obras
hidráulica en comunidades alejadas, privatizaciones de parte del servicio,
concesión discrecional de pozos, entre otros rubros que se han indicado
contrarios a un adecuado acceso al agua.
Asimismo, se ha señalado que debe necesariamente
atender la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales
(DESC), pues dicha Observación es el mapa y el texto más evolucionado sobre los
contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua.
De igual forma, cabe recordar que en el mes de
febrero investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregaron a
legisladores federales una propuesta ciudadana de iniciativa general en la
materia, la cual lleva más de dos años trabajándose y en cuya elaboración
participaron más de 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con
comunidades y comités de usuarios.
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