Durante la Treceava Convención sobre Diversidad
Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) COP 13 en donde se anunció que México
crea cuatro nuevas áreas naturales protegidas (ANP), lo cual conlleva a que el
país cuente ahora con 91 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas.
En contraposición, existen 38 millones de hectáreas de concesiones mineras a lo
largo del territorio.
Las
zonas a proteger son Caribe Mexicano (5.7 millones de hectáreas en la franja
marítima de Quintana Roo), las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes (1.2
millones de hectáreas de franja marítima de Baja California y Baja California
Sur), el Pacífico Mexicano Profundo (57.8 millones de hectáreas de franja marítima
de Chiapas a Nayarit y alrededor del Archipiélago de Revillagigedo), y la
Sierra de Tamaulipas (308 hectáreas).
Sin
embargo, las ANPs no representan una garantía contra las actividades
extractivas. Ejemplo de ello es la costa de Chiapas, donde existen 21
concesiones mineras en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, ubicados justo
entre dos Reservas de la Biósfera, la del Triunfo y la de la Encrucijada.
“No
es cierto que aquí en México se protege el medio ambiente y se preservan las
áreas naturales protegidas”, alertó Luís Rojas Nomura, habitante de Acacoyagua
y miembro del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Su organización forma
parte de la Red mexicana de afectados por la minería (REMA), quien detalló que
“¿para qué sirve crear otras cuatro reservas naturales para proteger la
biodiversidad, si aquí con la minería van a destruir dos?”.
En comunicado de prensa, el activista citó que “nos preocupa que en México las ANP se estén instrumentalizando como una forma de control territorial, agundizándose con la creación este año la figura de la gendarmería ambiental, encargada de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas”, para “prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental”. Se instaló en regiones claves como la Selva Lacandona, en Chiapas, donde tiene una connotación contrainsurgente.
En comunicado de prensa, el activista citó que “nos preocupa que en México las ANP se estén instrumentalizando como una forma de control territorial, agundizándose con la creación este año la figura de la gendarmería ambiental, encargada de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas”, para “prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental”. Se instaló en regiones claves como la Selva Lacandona, en Chiapas, donde tiene una connotación contrainsurgente.
También
se explicó que en su discurso, el Presidente promovió el sistema de Pagos por
Servicios Ambientales (PSA), en el que individuos reciben un pago por
actividades de manejo “sustentable” de los ecosistemas que generan “servicios
ambientales” como biodiversidad, agua limpia o aire limpio. Se puede tratar de
captar y la filtrar el agua o proteger ciertas especies de fauna o de flora. En
el caso de los bosques, los pagos vienen de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), con dinero aportado entre otros por el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente Global, banco para la conservación creado para financiar los proyectos
de la CBD, en el que se encuentran instituciones como el Banco Mundial y
empresas.
“Es
preocupante que el esquema de PSA siga siendo promocionado como la forma más
adecuada de manejo de bosques en México”, comenta Claudia Ramos, integrante de
Otros Mundos A.C. y co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad
para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. “Más del 60% de los
bosques en nuestro país está en manos de ejidos y comunidades y mucho de estos
ecosistemas han pervivido gracias a prácticas colectivas que las propias
comunidades han mantenido desde centenas de años. El problema con los PSA es
que sustituyen esas prácticas colectivas con estrategias individualistas y de
corto plazo, dependientes de financiamientos y mercados externos.”
Los
PSA son vinculados al mercado de carbono, de tal modo que una de las
actividades retribuidas es la captura de CO2, es decir la generación de bonos
de carbono para las empresas que quieren compensar sus actividades emisoras de
gases a efecto invernadero. Eso permite que el sector privado y países del
Norte global sigan contaminando y no representa una verdadera solución al
cambio climático.
A
parte de cuatro nuevas ANP, el presidente anunció la creación de cinco nuevas
áreas de salvaguarda, zonas donde se prohibe explotar y extraer hidrocarburos.
Una es justamente la “Región Selva Lacandona” (18 mil 348.9 Km2 dentro de la
Provincia Petrolera Cinturón Plegado de Chiapas). Según el decreto por el que
se crea esta zona de salvaguardia, esto contribuirá a cumplir con uno de los
objetivos de la Meta Nacional “México Próspero”: “Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. Abre claramente
la puerta al desarrollo de proyectos de la economía verde en la región.
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