Las empresas socialmente
responsables deben analizar y tomar en cuenta los posibles daños que, derivado de
sus operaciones, generen en su entorno. Principalmente, considerando que estas
afectaciones pueden desarrollarse paulatinamente y sin mostrar señales de
alerta, dañando no solo el territorio de la propia empresa, sino también el de
terceros.
“Legalmente, las empresas están obligadas a reparar y
compensar los daños ambientales que su inmueble, procesos u operaciones
ocasionen a terceros, incluso si el agravio se descubre años después de que la
compañía concluyera sus negocios en la zona. En este sentido, es
importante fomentar la cultura de la prevención e invertir en un Seguro de
Responsabilidad Civil Ambiental que respalde a la organización, para que sus
ingresos no se vean afectados al resarcir los daños”, comentó Laura Rivera, Casulty
Director de Chubb Seguros México.
Detalló que en México existen casi 5 millones de
empresas (INEGI), entre pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y grandes
corporativos, de las cuales ninguna queda exenta de generar posibles daños
ambientales tanto dentro de su predio, como de ocasionar con estos daños a
terceros, por ello es de suma importancia el tema de prevención a través de la
correcta cobertura de un seguro.
Este tipo de productos ayuda a prevenir y evitar una
catástrofe, las compañías deben crear planes y programas de prevención y manejo
de crisis, así como contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental que
apoye en la reparación de daños a terceros.
De acuerdo con el último reporte del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los principales daños al
ecosistema se concentran en la contaminación del aire (principalmente de
fuentes móviles), la degradación del suelo, los residuos sólidos y la
contaminación del agua. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) indica que las principales fuentes por las que se emitieron
multas en 2018 son por daños en materia forestal, impacto ambiental y residuos
peligrosos.
Desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley de
Responsabilidad Ambiental, se considera un delito el daño al ecosistema, por lo
que las empresas son responsables de analizar los riesgos que sus diferentes
procesos y operaciones representan para el entorno, así como reparar y
compensar los perjuicios en caso de ocasionar algún daño al ambiente.

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