La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo por el
dispar avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente
ante la pandemia del COVID-19. Por ello, se requieren pactos en sectores
estratégicos y prioritarios para avanzar hacia un gran impulso ambiental,
afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria
de las Naciones Unidas alertó que, a diez años del cumplimiento de la meta
fijada por la comunidad internacional para el 2030, hay señales de alerta para
el cumplimiento de los ODS.
“Hemos analizado el
avance de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región:
4 alcanzaron la meta; 15 van en la tendencia correcta; 8 necesitan más
intervención de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de
políticas públicas; 27 están estancadas y 5 en retroceso”, puntualizó.
Agregó que la pandemia
del COVID-19 visibilizó los problemas estructurales del modelo económico y las
carencias del sistema de protección social y brechas del régimen de bienestar,
confirmando la necesidad de repensar el desarrollo y formular respuestas para un mundo post
COVID.
“Se requiere un
Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y
productivo) que incluya la universalización de acceso a los derechos, ingreso
básico universal y un sistema de cuidados”, subrayó.
Alicia Bárcena precisó
que antes de la pandemia América Latina y el Caribe registraba siete años de
lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y
desigualdad, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales
crecientes.
Recordó que las
estimaciones señalan que los efectos de la pandemia generarán la recesión más
grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un crecimiento
proyectado de -5,3%, un importante deterioro de los indicadores laborales en
2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un
aumento de casi 30 millones de pobres.
Por ello, explicó, la
CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de
pobreza durante seis meses para toda la población que vive en la pobreza en
2020 (215 millones, el 34,7% de la población). Esto costaría alrededor de 2,1%
del PIB, precisó.
También instó a los
países a que, en el corto plazo, aumenten el espacio fiscal para diseñar
medidas efectivas y fortalecer mecanismos para apoyar ingresos, empleos y
empresas, particularmente las estratégicas y las MiPYMEs.
En ese sentido,
destacó que una economía resiliente, inclusiva y baja en carbono debe ser el
eje orientador de la recuperación económica post coronavirus.
Subrayó que América
Latina y el Caribe es una región muy comprometida con la Agenda 2030, por lo
que llamó a los países a incluir los nuevos desafíos que impone la pandemia en
la elaboración de sus informes nacionales voluntarios y en la implementación de
la agenda en general. Los instó también a identificar cómo esta afecta a los
grupos más vulnerables, así como las estrategias y políticas para no dejar a
nadie atrás.
Alicia
Bárcena destacó el desarrollo de la Plataforma
regional de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG
Gateway) en América Latina, un esfuerzo conjunto con 22 agencias, fondos y programas del
Sistema de las Naciones Unidas en la región, que se ha transformado en un
poderoso instrumento para seguir el progreso y las necesidades de los países en
la implementación de la Agenda 2030 y avances hacia el cumplimiento de los 17
ODS.
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