En
la presentación de la Alianza Mexicana contra el Fracking (rompimiento de roca
para extracción de gas shale), se comentó que la Federación debe prohibir la
explotación del gas shale porque violenta el derecho humano de acceso al agua, debido
a que el procedimiento para su extracción requiere grandes cantidades del
líquido, contamina los acuíferos y contribuye al calentamiento global.
Esto
fue la denuncia presentada por diversas organizaciones ambientalistas y de
investigación que integran la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Al respecto,
Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de cambio climático y energía de
Greenpeace México, dijo que ”pese a que en el gas shale sea una de las principales
apuestas del gobierno federal en la próxima Reforma Energética, no es una
opción sustentable para México. La fuga de metano (CH4) en los proyectos de gas
de esquisto es superior en un 30 por ciento a los de gas natural convencional.
Dado que el metano tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior
al dióxido de carbono (CO2), existen serias dudas en torno a que el gas shale
sea una energía de transición adecuada”.
En
dicho aspecto, Nathalie Seguín, de la Red Acción por el Agua, indicó que para
la obtención de gas shale se inyectan al subsuelo mezclas de arena y agua con
químicos a casi 5 kilómetros de profundidad y de esta forma extraer este
energético, pero dichos químicos se ha comprobado que producen cáncer, daños al
sistema endocrina y al sistema nervioso, además que dichos materiales
inyectados no son extraídos y se corre el riesgo de contaminar mantos acuíferos
como se ha presentado en Estados Unidos.
En
el aspecto económico poco viable de este sector, Francisco Cravioto, investigador
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación dijo que ante la falta de
análisis y estudios en México de los 6 pozos que se trabaja en el estado de
Coahuila, en los cuales sólo uno es funcional son muestra de la poco viabilidad
económica del shale.
Indicó
que la industria gasífera estadounidense ha señalado que hasta el 80 por ciento
de los pozos pueden resultar inviables económicamente debido a las
complejidades técnicas de la explotación de este gas, lo que hace que el costo
por pozo en México se sitúe entre 12 y 15 millones de dólares. Además, la rápida declinación de los pozos
-con una disminución de la producción de entre un 29 y un 52 por ciento anual-,
supone la necesidad de realizar constantes inversiones de capital para mantener
la producción.
Situación
que es alarmante con diversas propuestas de la Reforma Energética mexicana en
donde se trata que el gas shale sea el transitorio antes de optar por energías
renovables y que ni siquiera se sabe si este sector tendrá una ley secundaria
que frene sus desastre ambiental como pérdida económica que se llegue a
presentar.
Para
echar a andar este proyecto energético se estima se requeriría de una inversión
de 60 mil millones de pesos, un tercio del presupuesto nacional anual; y la
debilidad de su recuperación por pozo se supedita a sólo entre un 4.7 a un 10%,
lo cual refleja lo débil de apostar al fracking.
Aunado
a que pese a estos proyectos decaídos, el PAN en su propuesta de reforma habla
de llegar a instalar hasta 20 mil pozos y que en la propuesta del PRI gobierno
se quiere llegar a cerca de 9 mil permisos anuales de pozos como se presenta en
la actualidad en Estados Unidos, donde las deudas bancarias por quiebra de
estas empresas que sólo en la especulación bursátil se recuperan dejan en gran peligro
a México ya que en nuestro país se tiene la mala costumbre de que en quiebras y
perdidas de inversión el Estado (la población) absorba los pagos.
En
concordancia con lo anterior, Nathalie Seguin, señaló que “de abrirse los 20
mil pozos anuales para extraer el gas shale que plantean algunos sectores, se
requeriría una cantidad de agua equivalente a la del consumo doméstico de entre
4.9 y 15.9 millones de personas en un año”.
SEMARNAT,
SENER Y CONAGUA CRUZADOS DE BRAZOS EN ESTUDIOS SOBRE FRACKING
Por
su parte, Claudia Campero de la organización Blue Project Planet y Food &
Water Watch, dijo que “los esfuerzos políticos y presupuestales deben enfocarse
a la transición energética hacia fuentes limpias y renovables con pleno respeto
de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, en lugar de centrarse
en proyectos caros y con fuertes afectaciones socioambientales que agravan el
calentamiento del planeta. Es urgente que la Reforma Energética a discutirse en
el Congreso siente las bases legales e institucionales para avanzar en esta
dirección”
Aunque
lamentó que la información existente sólo es a base de datos de las empresas y
gobierno estadounidense ya que en México, ella como los demás ponentes de este
evento, lamentaron que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), Secretaría
de Energía (Sener), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no están
haciendo nada en materia de estudios sobre los daños ambientales, sociales y
económicos de apostarle al fracking, pese a todo lo sabido en uso de agua,
químicos e impacto ambiental.
Puso
de ejemplo que los empresarios están cooptando todo aquello alrededor de este
tema y la misma EPD (el organismo ambiental del gobierno estadounidense) se ha
visto frenado en su accionar por los intereses económicos que no le permiten
actuar y sintetizo que si eso pasa en México ni que esperar de la debilidad que
padecen Semarnat y Conagua ante la contaminación y daños a acuíferos que el
fracking provoca.
La
Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió a los legisladores que discuten la
Reforma Energética que apliquen el principio precautorio en el tema del gas
shale y prohíban su explotación debido a que numerosas investigaciones alertan sobre
los elevados costos sociales, ambientales y económicos como consecuencia de la
producción de este hidrocarburo. Francia y Bulgaria ya han prohibido el
fracking por los impactos que genera.
