Un riesgo humano y ambiental la falta de protección en ductos de hidrocarburos

La Fundación Heinrich Boll, dio a conocer que hoy como nunca se extraen hidrocarburos del subsuelo, lo cual, también trae acarreado los conflictos socioambientales con el uso de nuevos métodos de extracción como es el fracking.

El gas natural es considerado un combustible puente en el paso de uso de combustibles renovables y, si bien emite 32% menos emisiones que el petróleo, en su proceso de creación en términos generales es más contaminante.  Siendo este punto un sector que puede ser analizado con la presencia de dónde se ubican los ductos de hidrocarburos.
De ahí que se mapeará está realidad y sea un factor de contribución a
una política energética sustentable con un futuro adecuado.
Al respecto, Beatriz Olivera, integrante de la Alianza mexicana contra el Fracking indicó que los conflictos de paso de gasoductos se han incrementado que suman 11 al sector de hidrocarburos, ello de los 61 que registran las autoridades.
Siendo significativo el caso de 4 conflictos que es el gasoducto Tuxpan-Tula de Transcanada que afecta a 130 comunidades originarias de Puebla, Morelos y Tlaxcala, empresa que también tiene otras dos denuncias en el paso de los gasoductos.

En donde dé comienzo el problema fue la falta de una consulta de paso de los tubos en terrenos ejidales. Aunado a no saber si ese gas es extraído con sistemas como fracking que usa hasta 69 tipos de químicos y gastos estratosféricos
de agua.
Lamentó la grave disparidad de información en México sobre pozos de
fracking y, que una cifras indican que son 924, pero la Secretaría de Energía (SENER) dice que existen 1,300 pozos en Chicontepec. Demostrando una franca problemática de acceso a la información.
Calificó de un mito el apostarle al gas natural en México y dijo que la ley de transición energética debiera impulsar de mayor manera al sector renovable, pues el gas natural en su proceso completo desmitifica ser más sustentable que el petróleo. Ejemplo es que en unos 20 años, este sector impactará y aumentará las emisiones nacionales en un 20% mayor a diferencia de los combustibles a base de petróleo.

Se detalló que las nuevas leyes de transparencia en este rubro en lugar de ayudar, lo han complicado al cerrar el paso del acceso a la información de energéticos, que en ciertos sectores se califica de “seguridad nacional”, pero que la propia burocracia y problemas de coordinación permite encontrar esos datos de forma aleatoria.

Más todo ello, redunda en que México, no tiene o busca crear un plan adecuado de protección civil en los problemas de fugas de ductos o sus daños ambientales, sociales, económicos y biodiversos por su presencia.

Siendo contradictorio que México, supedite no brindar esta información debido a la “seguridad nacional”, cuando sus mayores socios, Estados Unidos y Canadá tienen páginas web en donde publican ubicación y realidad de sus ductos de hidrocarburos.

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen ONGs

En el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21), diversas organizaciones ambientalistas hicieron un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas "para enfriar el planeta" debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. 

Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento.

El documento será presentado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur).

Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región -entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia- han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.

"El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente", dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. "Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información", manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. 

Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible.

De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. "Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay", indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. 

"Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles", expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase.