La lucha ambiental es factor
de alto riesgo y si bien el gobierno mexicano reconoce esta realidad, los
actores encargados de remediar esta realidad tienen poca actividad en dicha
labor y remediación de la violación de los derechos humanos de ambientalistas.
El informe Global Witness 2017 detalló que
200 defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados a lo largo de
todo el año 2016 en 24 países del mundo. Siendo América Latina la
región que concentra el 60 % de las muertes. Además, la población
más vulnerable a los asesinatos es la indígena porque 40 % de las víctimas
provienen de los pueblos originarios.
Entre los países más
afectados por las muertes de los defensores ambientales están honduras, Brasil,
Colombia, Filipinas, India, Nicaragua, República Democrática del Congo,
Bangladesh, Guatemala y México.
De acuerdo a instancias ciudadanas como la organización
Abriendo Espacios para la Paz y Centro Agustín Pro Juárez, se detalló que
México se ubica como el quinto país del mundo más peligroso para los
ambientalistas y que las autoridades encargadas de la protección de los
derechos humanos, así como el medio ambiente, no cumplen con su labor de
protección de estos derechos básicos.
En México se estima serán unos 12 muertos por causa ambiental
de 2010 al 2017 y le ubica entre los 10 países más violentos por los
ambientalistas y si bien la Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT)
proclama que se tienen las leyes ambientales más avanzadas,su aplicación es
nula y en este sexenio del 2012 al 2016 se tienen documentados 302 casos de
violaciones a los derechos humanos de ambientalistas en el país.
Ello fue documentando en la publicación Defender la Vida, la
cual, detalla que los defensores de la tierra en cuatro estados como es
Chihuahua, Coahuila, Oaxaca yGuerrero, son de los sitios más afectados en sus bosques,
agua y con presencia de minería.
Al respecto, Ben Lather, Encargado de Campañas
de Derechos Humanos y Medio Ambiente del organismo internacional Global
Witness dijo que un estudio de esta
organización y de la ONU, señala que México es uno de los países más
peligrososdel planeta para defender los ecosistemas que deriva en la muerte delas
personas. “Se sabe que los asesinatos de estas personas es reflejo de la
inacciónde las autoridades para proteger los ecosistemas”, lamentó.
Entre las tendencias internacionales indicó que va al alza
los ataquesde defensores ambientales y en 2016 fueron 200 fallecidos en este
sector en el planeta y en 2017 se estima será una cifra muy similar, ello en el
mundo. Siendo la minería y la talailegal de bosques, de los dos factores más
relacionados. Siendo encasi un 60% de indígenas los acribillado en defensa del
ambiente.La lucha por los recursos naturales por las empresas hace que cada vez
más comunidades estén afectadas. La impunidad reina en estos casos.
Entre las recomendaciones, que esta publicación enfatiza es
que se debe atender la impunidad de quienes perpetran daños a los ecosistemas,
biodiversidad y las personas; remediarla lentitud de los procesos legales de
autoridades federales; hacer campaña nacional dereconocimiento de defensores
ambientales; adoptar medidas específicas en protección de indígenas e instar a
la participación pública en los proyectos del cuidado ambiental.
En el marco de diversos proyectos de conservación
del medio ambiente y la biodiversidad de México en donde las cifras indican que
se pierdenhasta 110 mil hectáreas forestales al año, que casi 10 millones
depersonas no tiene acceso al aguapotable y que la biodiversidad seextingue,
hacen urgente el frenar la intimidación y hasta muerte de ambientalistas por
protestar contra empresas, caciques e instancias oficiales.
En México se padece de un grave problema de derechos humanos
y cada año van al alza la muerte dedefensores de la tierra. Siendo especialmente
el caso de habitantesrurales, sin olvidar el proceso de criminalización y
difamaciones que el Estado aplica sobre las personas para así deslegitimar sus
accionesque pueden afectar intereses comerciales de empresas e
instanciasoficiales.
Actualmente las comunidades rurales de México y
del mundo son excluidos en su toma de decisiones sobre la tierra y ello debe
cambiar. Aunado a que laresponsabilidad de esta crisis tiene que cambiar, ya
que losdefensores enfrentan a intereses muy poderosos que impide se apliquela
ley en contubernio con la corrupción oficial.
Ricardo Cancela Neves, Oficial de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) en México comentó a este
reportero que se tieneque cambiar los discursos oficiales que no reflejan la
realidad endefensa de los derechos humanos y ambientales. Detalló que en la
ONUse estima que se tiene dos aspectos centrales a remediar como es el asesinato
ytortura de integrantes de pueblos indígenas y población criolla que busca
proteger los ecosistemas.
En 2012, la ONU se pronunció sobre la grave discriminación
que existe en México, en donde se denunció o la falta de autonomía, acceso a
la justicia y libre decisión de las comunidades indígenas. Siendo los defensores
de tierra indígena, el grupo más vulnerable en defensa de su integridad.
Sobre este tema el Centro Mexicano de Derecho
ambiental (CEMDA) ha informado que en México el mayor número de ataques a
ambientalistas fueron en el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, y
Oaxaca, con 6 casos. Es importante precisar que un ataque a
personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la
comisión de diversas agresiones.
Las
agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24 %), seguidas de la
intimidación con un 19 %, la criminalización en un 18 % y las agresiones
físicas se presentaron en un 15 %. Otras agresiones
registradas fueron el hostigamiento con 11 %, la difamación con 6 %, y la
privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y el
robo, en un 2 % cada uno.
De acuerdo con los datos obtenidos, el 43 % de las
agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos
órdenes de gobierno; el 14 % fueron cometidas por particulares; el 7 %
por parte del personal de las empresas; el 3 % por parte de la gente de la
misma comunidad y el 2 % por grupos del crimen organizado. En el 31 % de los
casos no fue posible identificar a los agresores.
Un
caso federal sobre el fallo de protección ambiental y violación de los derechos
humanos, es el que encabeza el titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán, quien realizó un
gasto millonario en el programa de rescate de la
VaquitaMarina que no sobrepasa de 30 individuos de la especia y, cuyo programa
de veda depesca en el Golfo de California que ha sido un fracaso ya que
losrecursos económicos destinan a los pescadores que perdieron su modo devida
se maneja bajo la efigie de la corrupción.
Aunado a que en días pasados, el jefe de los pescadores de la
zona que han protestado por ello, fue encarcelado y Pacchiano Alamán declaró
que estas acciones impedirán se siga pescando de forma ilegal y así se
protegerá a la vaquita marina.
Declaración que vertió antes de realizarse un análisis
adecuado sobre la corrupción del uso de recursos a los pescadores y el
funcionario federal sólo se dedicó a descalificar las protestas de los
pescadores de esta región, ello bajo el argumento de proteger a este mamífero marino, que ONGs ambientalistas
califican de inminente su extinción y que por seguir recibiendo dineros
internacionales es que SEMARNAT sigue indicando que la salvará.
FRAGMENTACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, GRAVE
Y SIN ACCIONES
Gerardo Ceballos, investigador de la
UNAM declaró a este reportero que es esencial el registrar avances en
protección de especies, ya que se vive una grave crisis y que en los pasados
100 años las especies que se extinguieron debían haber vivido en el planeta por
otros 10 mil años.
En México, de acuerdo a datos de diversas universidades
indican que una de cada 4 especies puede extinguirse por causa del hombre en 30
años; y que en la última década aumentaron en 27.7% las especies en peligro de
extinción en el territorio, así como que al año se pierden por deforestación,
cambio de uso de suelo poco más de 600 mil hectáreas de manglares, bosques y
selvas.
También pide que el país, actúe para
frenar la deforestación y que SEMARNAT por fin establezca trabajos en línea con
la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), para cuidar los ecosistemas, ya que en
la actualidad nunca se han coordinado para frenar la pérdida de suelos.
Rodolfo Dirzo, catedrático de la
Universidad de Stanford, declaró a este reportero que México debe aceptar que
hoy se siguen perdiendo diversas zonas naturales y el problema crucial es
actuar para detener la pérdida biodiversa, así como que los sectores políticos
en muchas ocasiones han ignorado los concejos de la ciencia y actuar al
respecto.
MUJERES,
VIOLENTADAS Y DIFAMADAS POR CUIDAR LA NATURALEZA
Emily de Wolf, representante del Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, indicó que en el caso de las mujeres
defensoras de latierra es una realidad muy cruda en el país. Siendo un sector
poblacional que sufre de riesgos diferenciados como son las amenazas de
violación, daños a la familia y difamación personal.
Siendo más grave en el estado de Oaxaca que
aglomera al 58% de losataques a mujeres del país que protegen a los ecosistemas
y, laspropias autoridades en buena parte de estos hechos son los propiosacusadores
de las féminas.
Cabe mencionar que diversas organizaciones civiles así como la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) y la de Relaciones Exteriores (SER), crearon un Grupo Focal
para atender el tema de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente,
pero las ONGs, declararon que al paso de los años de integrar este organismo y
crear un programa de atención, nunca se tomó en consideración sus
recomendaciones.
GRAVES ATRASOS
EN PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Entre
2015 y 2016 los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) registraron 16
821 violaciones relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes, transgrediendo el Artículo 5° de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Durante
2016 los OPDH emitieron 1 774 recomendaciones dirigidas a las autoridades
responsables de violar los derechos humanos. Al 31 de diciembre de ese año,
24.3% habían sido cumplidas en su totalidad, 29.1% atendidas parcialmente,
31.8% aceptadas, pero sin contar con pruebas de cumplimiento, 10.7% fueron
rechazadas, y 4.1% estaban pendientes de respuesta.
Las
mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los
derechos sexuales y reproductivos (79.0%), al derecho a la educación y derechos
culturales (58.5%) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4%).
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los OPDH de Ciudad de
México, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Puebla, son los que más
hechos violatorios registran; situación que fue similar en 2015, con excepción
de San Luis Potosí, que se ubica entre los cinco primeros, por encima de
Tabasco.
La
tasa de violaciones hechas del conocimiento de los OPDH por cada 100 mil
habitantes, muestra la extensión del problema al relacionar la cantidad de
hechos violatorios con respecto a la población susceptible de sufrirlas: a
nivel nacional en 2016 por cada cien mil habitantes se presentaron 125.5
violaciones de derechos humanos, mientras que en 2015 alcanzó un valor de
135.3.
CASOS
ESPECÍFICOS DE ATAQUES AMBIENTALES Y PERSONALES
En casos específicos de los problemas ambientales en México,
en elestado sureño de Oaxaca, se padece de una falta de reconocer ydialogar con
el gobierno estatal y delegaciones federales que les hacatalogado como personas
antidesarrollo, más cuando este, uno de los territorios más biodiversos del
país ha pasado a ser disputado porempresas y proyectos económicos así como del
crimen organizado que seha apoderado de tierras fértiles.
Un casoejemplar es las comunidades de Río Verdede dicha
entidad que llevan 10 años luchando paraque se establezca un programa real y
sustentable de la zona y que las empresas involucradas como el gobierno no han
entablado un diálogoreal para instalación de una presa y de distribución
adecuada del agua, como de instaurar desarrollo social en la zona.
En el estado fronterizo en el norte, Chihuahua, se padece por
la pérdida forestal en la Sierra Tarahumara en cuyas comunidadesindígenas que
desde hace tiempo padecen por defender sus bosques y, se ha denunciado al
gobierno que no protege estos ecosistemas. Aunado a que las denuncias locales
indican que la SEMARNAT ha dado permisos de tala a caciques regionales para
derribar los bosques locales.
Mientras que en el estado norteño de Coahuila,
informó la Organización Familia Pasta de Conchos, se ha realizado un proyecto
de mujeres en defensa de suterritorio e impedir la mayor presencia de minería
ilegal. Que hanactuado bajo la protección del grupo del narcotráfico los Z, que
son los encargados de esta minería. Situación que viene presentándose desde
2009 y que repercutió en la demolición ilegal de casas en esta región
carbonífera. Pero se comprobó que este grupo del narcotráficoestaba en
contubernio con el regidor local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Autoridad que no fuedetenido por el gobernador que le protegió pese a esta
situación.
SEMARNAT, VIOLADORA DE
DERECHOS AMBIENTALES
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades federales y al
municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, debido a la remoción de un
manglar para la realización del “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar).
En un comunicado, el organismo aseveró que el
desmonte y despalme de la vegetación de humedal, sin plena observancia de la
legislación ambiental, incurrió en actos y omisiones que “violentaron los
derechos humanos, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad”.
La CNDH, explica el comunicado, “detectó irregularidades
relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las
autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).”
Además, esta misma dependencia otorgó
permisos de chapeo y desmonte en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La omisión de medidas eficaces para
garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, el combate a los efectos
del cambio climático, la detención e inversión de la degradación de las tierras
y frenar la pérdida de la diversidad biológica, son para la CNDH, la
demostración de que existió una indebida fundamentación y motivación en las
autorizaciones emitidas.
Por su parte, añadió el organismo, el
municipio de Benito Juárez y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) no verificaron debidamente el cumplimiento de la legislación
ambiental y de las autorizaciones otorgadas.
Ante todas estas “violaciones”, la
Comisión “recomienda a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e
implementar un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con
participación de sociedad civil y al Fonatur, para suprimir las prácticas
administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o
actividades que afecten o dañen los manglares, y desarrollar medidas de
protección a esas áreas”.
Además, la Profepa y el gobierno de
Benito Juárez “tendrán que incrementar la inspección y verificación en
materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre, en
terrenos con vegetación de humedal, y en especial con presencia de manglares,
en dicha entidad, e iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad
administrativa a que haya lugar, hacerlos del conocimiento de la autoridad
competente y darles seguimiento hasta su conclusión”.
La Semarnat, añade el
comunicado, deberá rastrear e identificar resoluciones que aprueben
o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental, y de haber sido otorgadas sin
acatar la normatividad vigente, deberán promover juicios de lesividad;
asimismo, deberá garantizar que sus unidades administrativas soliciten opinión
o dictamen técnico en materia de vida silvestre; y desarrollar criterios técnicos
actualizados y estandarizados de evaluación y otorgamiento de autorizaciones.
“Todas las autoridades mencionadas deberán
colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa que
presente ante la instancia correspondiente por las irregularidades señaladas;
incorporar copia de esta Recomendación en los expedientes de los servidores
públicos involucrados y capacitar a su personal en derechos humanos y debida
diligencia.”, concluyó el organismo.
El pasado 23 de junio, el Tribunal
Colegiado de Circuito falló a favor de la protección y restitución del manglar
en Tajamar, en Quintana Roo, ante la defensa del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo el anteproyecto Malecón Cancún.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) se debe abstener de ejecutar la autorización de impacto
ambiental otorgada al Fonatur.
Además de restaurar las zonas de mangle
afectadas, la Semarnat tampoco podrá emitir una nueva autorización a
Fonatur para dicho proyecto.
Organizaciones ambientalistas como Salvemos
Tajamar, Grupo Ecologista del Mayab, Centro para la diversidad Biológica,
Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace México celebraron la decisión,
puesto que representa una conquista de la sociedad civil para la protección al
derecho humano al medio ambiente sano.
