Las crisis de movilidad y calidad del aire que se
presentan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) requieren cambios
estructurales y la implementación de medidas muy drásticas, incluso si son poco
populares entre la población.
Estas medidas deben dirigirse a privilegiar el
transporte público y a restringir de manera significativa el uso del automóvil
particular, y deben ser conmensurables al costo ambiental y de salud pública
que para la sociedad tienen la contaminación y el congestionamiento. El costo
social por automóvil puede incluso superar su valor comercial, aunque en la
actualidad está completamente subsidiado en la mayoría de las grandes urbes,
incluida la ZMVM, esto fue informado por el Centro Mario Molina, dirigido por
el Nobel mexicano, Mario Molina.
En la información que este organismo detalló es que existen
casos exitosos, como los de Tokio y Singapur, donde el precio de venta de un
automóvil refleja el costo real que éste tiene para la sociedad, y llega a
alcanzar más del doble de su valor comercial.
La transformación profunda de la ciudad que se
precisa debe ir acompañada de políticas de desarrollo orientadas a contener la
expansión de la mancha urbana y a rescatar el espacio público, incluyendo la
creación de áreas verdes.
Es evidente que este tipo de medidas no pueden
implementarse en el corto plazo, ya que requieren tanto de inversiones
cuantiosas en infraestructura de transporte público como de concientizar a la
sociedad sobre los beneficios que generan. Continuar con medidas inerciales
puede provocar un considerable deterioro de la situación actual, hasta
asemejarnos a la realidad que se vive en ciudades como Manila y Lagos Nigeria,
en donde el tiempo promedio por traslados diarios es incluso superior al que
tenemos en la Ciudad de México, que frecuentemente supera dos horas de viaje,
explicó el doctor Molina.
En el Valle de México, el problema de la
contaminación atmosférica es complejo; ocurre por la combinación de múltiples
causas, y no existen medidas únicas o “soluciones mágicas” para resolverlo.
Entre otros factores, su ubicación geográfica y características orográficas
ejercen una función determinante en la calidad del aire, al localizarse en una
cuenca cerrada, a una altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar,
rodeada por una cadena montañosa.
Actualmente, la ZMVM tiene los mayores índices de
contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a
presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto
de vista de salud pública.
La fuente que más contribuye a la contaminación en
la ZMVM es el transporte; los vehículos particulares generan la mayor parte de
los precursores de ozono y son la segunda fuente de emisión de partículas
finas, sólo después del transporte pesado a diesel. En el Valle de México se
tiene una flota cercana a los 5 millones de vehículos, que ha crecido en la
última década a una tasa promedio anual de 3.8%.
La reciente decisión de ajustar el Programa de
Verificación Vehicular, para otorgar los hologramas en función solamente de los
niveles de emisión y no del año-modelo de los vehículos, agravó la congestión
vehicular.
En los últimos seis meses se ha observado un
incremento de cientos de miles de vehículos transitando diariamente. De acuerdo
a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, podrían estar circulando hasta 600
mil vehículos más todos los días. En muchos casos, además, se trata de
vehículos que tienen altos niveles de emisiones y que lograron acceder al
holograma cero aprovechando prácticas de corrupción y fallas evidentes en los
sistemas de verificación.
De acuerdo con análisis del Centro Mario Molina a
partir de mediciones realizadas en 2015 con equipo de sensor remoto, cerca del
45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen
holograma dos rebasa los límites permitidos por la normatividad actual. Esto es
de por sí grave, pero aún más si se considera que esos límites son demasiado
laxos y deben ser actualizados.
Por
ello, esta organización entre las soluciones que propone para esta situación,
pueden ser:
1. Expandir considerablemente y mejorar la calidad,
seguridad y confiabilidad del transporte público, asegurando su acceso a los
segmentos económicos más desprotegidos de la población.
2. Diseñar e implementar políticas para restringir
el uso de transporte privado eliminando el subsidio implícito con el que es
favorecido, estableciendo, por ejemplo: un impuesto o tenencia asociados al
valor del vehículo y a sus emisiones; un precio a los combustibles que refleje
los impactos ambientales y en salud; tarifas y límites de espacios para
estacionamientos, y cargos por congestión.
3. Regular el transporte de carga intra e inter
urbano en lo que respecta a pesos y dimensiones permitidas, rutas y horarios de
acceso y circulación, y procesos de inspección físico mecánica y de
verificación de emisiones.
4. Impulsar políticas de desarrollo territorial,
para contener la expansión de la mancha urbana, fomentando la densificación,
usos de suelo mixtos y rescate del espacio público y áreas verdes.
5. Combatir la corrupción y asegurar que los centros
de verificación vehicular se ajusten a la normatividad vigente, así como
actualizar los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes y
calidad de combustibles contenidos en las normas oficiales mexicanas.
6. Incentivar la penetración de tecnologías
vehiculares limpias y más eficientes, por ejemplo autos, autobuses y camiones
eléctricos e híbridos.
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