Lamenta campesinado que nueva ley forestal no les tome en cuenta

Sobre la discusión de la Ley Forestal que se discute en el Senado mexicano, la Alianza Mesoamérica de Pueblos y Bosques (AMPB) manifestó que sería lamentable que en pleno siglo XXI este tipo de leyes se hagan desde arriba sin consultar a los pueblos o comunidades forestales.

MarcedonioCortave, representante de este organismo dijo que los acuerdos internacionales establecen que las políticas de las naciones deben ser cada vez mas participativas para que los pueblos puedan desarrollarse de mejor forma, más en casos como son los pueblos forestales; más cuando cerca de 12 millones de mexicanos viven de los bosques.

Indicó que en caso de que se apruebe la ley forestal, sin contemplar a las comunidades, este organismo apoyaría las acciones legales a nivel internacionales que las comunidades forestales busquen realizar para así defender su derecho a opinar en una legislación que les atañe de gran manera.

MarcedonioCortave advirtió que de no realizarse dicha consulta, la AMPB hará su trabajo en tratar de difundir en los espacios de toma de decisión internacionales para que si haya una participación real y muy legítima de la gente que habita y cuida los bosques.

Cabe mencionar que la Alianza Mesoamericano se conforma por 10 organizaciones con presencia en  México y algunas naciones de Centroamérica que buscan se respete los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales y campesinos. 

Se ejemplificó que una empresa comunitaria forestal es 6 veces más productiva que cualquier empresa con permiso forestal; las cuales, frenan la tala clandestina que afecta en demasía al sector y se refleje en que 70% de la madera en México sea de procedencia ilegal.

Por su parte, el presidente de la Asamblea General de Asociados de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A.C. (Red Mocaf), Gustavo Sánchez, declaró que este organismo entre sus principales líneas de trabajo al 2018, es la discusión de la ley forestal y prepararían una propuesta de política pública forestal del 2018 al 2024 para enfrentar la tala, productividad, redes de valor, derechos, todo ello para que en el futuro estas acciones secan una realidad y no solo enfocarse en luchar para tener una consulta pública. 

Sobre los apoyos oficiales a la productividad forestal, Gustavo López Mendoza, Gerente de la Comisión Nacional Forestal en la Ciudad de México, declaróen años pasados los proyectos productivos forestales han invertido más de 1500 millones de pesos (700 mil dólares) en proyectos forestales.

Resaltó que el gobierno federal ha establecido una política de reactivación forestal, que tiene como meta principal incrementar en 86% la producción maderable del país al pasar de 5.9 a 11 millones de metros cúbicos del 2014 al 2018, y contar con 2.5 millones de hectáreas con certificado de manejo forestal sustentable.

Mientras que estableció que la nueva ley forestal, buscaría dar orden y coherencia en el nuevo manejo de los usos forestales y así fortalecer la coordinación de diversas instancias oficiales, además de dar atención diferenciada a comunidades y mujeres, tomando en cuenta la presencia del Cambio Climático. 

Exigen diálogo abierto a la nueva Ley Forestal

El pasado 21 de febrero de 2017, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Iniciativa de Ley Forestal, que está siendo analizado por el Congreso; a lo cual, diversas organizaciones ciudadanas han reiterado la necesidad de abrir un proceso de consulta transparente y participativo para enmendar importantes fallas, carencias y omisiones que contiene el dictamen aprobado por la COMARNAT.

El dictamen propuesto para votación falla, entre otras cosas en que:

1-. Omite establecer las definiciones, criterios, atribuciones y disposiciones para hacer efectivo su carácter de ley de desarrollo, con prioridad en regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales.

2-.Tiene un tenor autoritario y centralista que significa un grave retroceso en cuanto al derecho a la participación plena y efectiva, el respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la transparencia, porque:

Reduce las funciones del principal órgano de participación ciudadana de ser un espacio de concertación, vigilancia, resolución de controversias, al que “invariablemente debe consultarse en materia de las políticas y programas del sector”, a un simple aparato de consulta.

También reduce las funciones del Comité mixto del Fondo Forestal a órgano de asesoría, dejando sin contrapeso a dicho Fondo y abriendo las condiciones para un uso indebido y opaco del manejo de ese instrumento financiero.

Deja en manos de los directivos de la CONAFOR y SEMARNAT la elaboración del reglamento del Consejo Nacional Forestal y, más aún, otorga esa misma facultad para la elaboración de los reglamentos de los consejos estatales, pasando por encima de la soberanía propia de una república federal.

3-. Acorde con lo anterior, pierde la oportunidad de responder a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y alinearse con las mejores prácticas internacionales porque, con el argumento de que los derechos ya están consagrados en la Constitución, no es necesario consignarlos específicamente en el ámbito de esta ley,

Deja de lado, a lo largo de todo el texto, las referencias, criterios, objetivos, mandatos y atribuciones operativas para la protección de los derechos humanos, de las comunidades indígenas

No establece las disposiciones expresas para la inclusión, equidad y en su caso igualdad de género, de etnia y no discriminación de personas con capacidades diferentes.

Específicamente, omite de plano el establecimiento de un sistema nacional de salvaguardas, a pesar de incluir una definición de “salvaguardas” como “Cuerpo sistémico de defensas precautorias de los derechos”.

4-. A pesar de ser planteada como “un instrumento dinamizador de la producción”, no incorpora múltiples recomendaciones para lograr una regulación eficaz y eficiente, que ayude a los particulares a cumplir con la ley y a dinamizar efectivamente la producción; por ejemplo:

No resuelve el problema de indefinición y discrecionalidad sobre aserraderos portátiles;

Deja en la discrecionalidad y la incertidumbre la integración de las manifestaciones de impacto ambiental a los planes de manejo y sus correspondientes autorizaciones ni señala cuál es la autoridad que dictamina sobre este asunto, dejando la interpretación de un doble trámite ante diferentes autoridades.

No define la disposición de integrar un padrón de dueños y técnicos con desempeño superior, que reciban incentivos de agilización de trámites y autorizaciones automáticas.

No incorpora las propuestas para el fortalecimiento de unidades regionales con enfoque integral y concurrente con otros sectores, habilitado para recibir las funciones de dictamen y capacitado para la atención inmediata de contingencias sanitarias.

5-. No avanza en materia de lucha contra la ilegalidad y la transparencia:

No incluye disposiciones para resolver el vacío regulatorio en madererías, una de las principales causas del tráfico ilegal de madera.

No desarrolla, en disposiciones específicas, el concepto moderno de promoción integral de la legalidad, incluyendo programas regionales de carácter integral, coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno y la fuerza pública, así como participación comunitaria.

No incluye las definiciones necesarias para la inclusión de información específica y oportuna en el sistema nacional de información forestal, ni mecanismos para acceso amplio y expedito a dicha información.

Consideramos que un proyecto legislativo tan ambicioso requiere ser realmente un avance sustancial y no un retroceso; observamos que son demasiados los aspectos del dictamen que deberían modificarse y que, por eso, no pueden solamente hacerse cambios puntuales para lograr la aprobación.No debemos actuar con prisa ni por consigna, sino permitirnos reflexionar, discutir, incorporar las múltiples aportaciones que están en el debate.

Las organizaciones ambientalistas, que informaron lo anterior fueron: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); Silvícola Ocote Real; Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalot; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO); Unión de Ejidos Sierra Norte de Puebla.

Denuncian ONGs que nueva ley forestal quita voz y voto a comunidades rurales

Un grupo de organizaciones, productores y académicos del sector forestal cuestionó el dictamen aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con el cual la propuesta de nueva ley forestal presentada por el Partido Verde Ecologista será puesta a votación en el Congreso, sin previa consulta al sector.

En la cual, se denuncia que aglomera las decisiones de temas forestales y recursos para este rubro en una oficina exclusiva, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), dejando en la indefinición administrativa las oficinas estatales de este organismo, así como quitando voz y voto a las comunidades rurales.

Por ello, se hizo un llamado a los diputados, como a la CONAFOR, a poner en análisis abierto esta ley que el PVEM busca centralizar exclusivamente en la Federación, tal y como este partido ha impulsado en otros organismos bajo su control como es la Semarnat con la ley de biodiversidad, la cual, ha sido de su dominio exclusivo desde hace 4 años.

Se pidió se cree un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector y avanzar así a la generación de un marco regulatorio eficaz que en verdad atienda la problemática regulatoria que enfrentan las regiones forestales del país. Sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte del partido promovente.

En conferencia de prensa, Gonzalo Chapela, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), resaltó que el dictamen aprobado el pasado 21 de febrero por la COMARNAT "no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la ley vigente de 2003. En contra parte, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector."

Detalló que es tal el atraso en el sector forestal, que el 70% de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal y que más de la mitad del mercado legal es extranjero, esto ante los más de 50 procedimientos legales que una comunidad de cumplir ante el gobierno para así tener derecho a una plantación forestal comercial.

Declaró que esta nueva regulación que se hizo a espaldas de la opinión pública es poco conveniente a las leyes actuales. Enfatizando que es un grave error el manejo que la CONAFOR está dándole a los recursos económicos y su uso; ya que, el presupuesto del organismo al tema forestal aumento 7 veces, pero se redujo la superficie y área de manejo forestal, incongruencia total.

Esta ley, dijo, Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), "deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario. Además, invade facultades porque centraliza el poder en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al dejarla como responsable de coordinar las acciones de cambio climático, elaborar los reglamentos de los consejos estatales y reducir el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano a un mero asesor, con lo cual deja a su discreción la toma de decisiones y asignación de recursos, como los del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).

Si bien, las leyes actuales requieren ser actualizadas, la ausencia de una mejora regulatoria efectiva, ha desincentivado la producción forestal legal que ha caído más de 40 por ciento en los últimos 17 años, a pesar del permanente aumento del consumo nacional de productos forestales.

"Este dictamen omite el capítulo para un Sistema Nacional de Salvaguardas, como un instrumento de la Política Forestal a tono con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales," subrayó Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).

En cuanto a la legalidad en el sector forestal, cuyas estimaciones van desde el 30 hasta el 70 por ciento de presencia de madera ilegal en el mercado mexicano, y mucha de esa madera es de importación, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que se omite la regulación de madererías y aduanas, que son donde se origina la mayor parte del tráfico ilegal.