Juan Carlos Machorro
Para la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), México
enfrenta grandes desafíos en materia de gestión de agua, tal y como es atender las cuencas hidrológicas que padecen un grave
estrés hídrico; la calidad de los ríos, lagos y acuíferos está disminuyendo;
mientras que las inundaciones, sequías y huracanes son cada vez más frecuentes.
Estas son algunas de las senales de alarma que incluye el nuevo estudio de la OCDE “Hacer Posible la
Reforma de la Gestión del Agua en México”. De acuerdo con este analisis, el aumento de la población mexicana aunado a los efectos del cambio climático hace aún más
grave la situación,lo que transforma la gestión del agua en México en un asunto de seguridad nacional.
Sin embargo,
la OCDE reconoció que México ha cumplido relativamente con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio concernientes al agua potable y el
saneamiento, sin embargo este país deberá realizar mayores esfuerzos para
asegurar que 40 millones de personas adicionales tengan acceso a estos
servicios hacia el año 2030.
Pero, de acuerdo al
Secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, “México no puede darse el lujo de continuar con la situación actual, la
Agenda del Agua 2030 ha dado un nuevo impulso
para el cambio para diseñar e implementar políticas de efectivas,
integrales y sostenibles. México debe otorgar una prioridad máxima a las
políticas de gestión de agua, para aumentar la productividad y eficiencia en el manejo de este bien, así como alinearlas mejor, a nivel federal y
de cuenca.
A pesar de los avances en este sector que registra México, todavía queda
mucho por hacer: la implementación de las políticas es desigual; los Consejos
Mexicanos de Cuenca todavía no operan completamente después de 20 años de
existencia; el marco regulatorio para el abastecimiento de agua y saneamiento
está fragmentado, lo cual complica la administración eficiente de los recursos
hídricos.
Además, los subsidios a la electricidad para extraer agua de riego alientan
un consumo de agua irresponsable y perjudican a los agricultores y las
comunidades locales, quienes más sufren cuando el agua se agota. Estos
subsidios ascendieron a 6,800 millones de pesos en 2010: nueve veces más que el
financiamiento de infraestructura hidráulica. Esto refleja una incongruencia de
políticas públicas, que implica, por una parte, altos costos económicos,
sociales y ambientales, y por la otra, un desperdicio sistemático de las
escasas aguas subterráneas, así como una contaminación de acuíferos.
De igual manera con el estudio
Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental de México, se indica que el
país ha puesto en marcha diversas acciones para atender las crecientes
presiones ambientales e identifica políticas y prácticas rentables para
potenciar estos esfuerzos.
Y que el reto de
México es triple para impulsar su economía, mejorar el medio ambiente y brindar
condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos. Según las estimaciones de
instituciones mexicanas, la degradación ambiental y el agotamiento de recursos
naturales costaron a México 7% de su PIB en 2010. No obstante, la combinación
adecuada de políticas públicas puede fomentar el crecimiento verde e
inclusivo”, afirmó el Secretario General de la OCDE, Angel Gurria.
Aunque
la nueva Ley General de Cambio Climático en México establece como meta reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en 50% para el año 2050 respecto a
los niveles del 2000, las emisiones continúan creciendo y se requieren medidas
de política adicionales, particularmente en el sector de transporte.
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