En conferencia de prensa las organizaciones que
conforman el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático consideran que la discusión
sobre Reforma Energética representa una gran oportunidad para promover un
verdadero desarrollo sostenible, basado en eficiencia energética y bajas
emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI).
Más lamentaron que la iniciativa federal no impulsa la
sostenibilidad y sólo profundiza en el modelo energético actual, basado
exclusivamente en los combustibles fósiles y evita poner al país en la ruta
para responder a los retos económicos, sociales y ambientales generados por los
impactos del cambio climático en México, ni contribuye a cumplir las metas
establecidas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático
presentó sus observaciones sobre el funcionamiento y alcance ambiental de
la Reforma Energética, con el objetivo
de que esta siente las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético
sustentable, bajo el marco de derechos humanos, con enfoque de género y
criterios de sustentabilidad, que cuente con una mayor participación de las
energías renovables y limpias, y que amplíe el enfoque actual, restringido a la
generación de energía, a un enfoque integral que considere los patrones de
consumo energético y su eficiencia.
En primera instancia Aroa de la Fuente, de FUNDAR, subrayó
la magnitud del potencial daño ambiental que significa el complejo proceso de
extracción de shale gas, en el cual la emisión de metano, un gas con potencial
de calentamiento global 21 veces mayor que el CO2, es 30 por ciento superior a
la emisión de este gas en proyectos tradicionales.
Lillian Sol, de CTSEmbarq, destacó que la propuesta
también evita establecer soluciones para reducir la demanda de combustibles en
el transporte, sector caracterizado por el consumo exclusivo de energía de fuentes no renovables que, en
combinación con su acelerado crecimiento, ha elevado la demanda total de
gasolina y diesel en un promedio mayor al del crecimiento de la economía, y genera,
además una serie de impactos como el tráfico vehicular, severos daños a la
salud y altas emisiones de GEI.
Mientras que Xtabai Padilla del ITDP, exhortó al
gobierno a impulsar programas integrales de movilidad sustentable en las
ciudades, que desincentiven el uso del automóvil privado y promuevan el
desarrollo urbano orientado al transporte público y formas no motorizadas de
movilidad; así como, adecuar los criterios de evaluación costo-beneficio de estos
proyectos para incluir sus beneficios ambientales y sociales.
Carlos Tornel, del CEMDA, mencionó que es necesario
obligar a las paraestatales energéticas, CFE y PEMEX, a reducir su huella de
carbono. PEMEX debe transformarse en una empresa energética, más allá de una
empresa petrolera, alineada con el desarrollo sustentable y de bajo carbono.
Esto hace inminente una reforma fiscal sostenible basada en el cobro de
impuestos y derechos de aprovechamiento. Los beneficios petroleros deben
destinarse a proyectos y programas con énfasis en el desarrollo social
sustentable y no al gasto corriente gubernamental.
Al apostar por la explotación de hidrocarburos
no convencionales como el shale gas o los yacimientos petroleros de aguas
profundas, se pone en riesgo el desarrollo del país, tanto por las altas
inversiones que demanda, como por su insostenibilidad en el largo plazo, ya que
implica una mayor emisión de GEI y acarrea otros impactos negativos ambientales
y sociales, mencionó Beatriz Olivera de Greenpeace.
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