Durante la presentación del Manual Agua para
Todos, Agua para la Vida, en el marco de la iniciativa ciudadana de Ley General
de Aguas, redactado por investigadores
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de las universidades
de Guadalajara y Veracruzana, además de organizaciones de cuenca y grupos
civiles de 26 estados, se habló que este proyecto ve a contracorriente con las
nueva tendencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de otorgar controles
irrestrictos a la iniciativa privada en control del agua.
En conferencia de prensa, Gerardo Alatorre Frenk, investigador de la
Universidad Veracruzana, destacó que este proyecto lo que busca es que el agua
sea un bien de la nación y sus ciudadanos, no como el mismo proyecto de reforma
a la ley del agua de la Conagua que maneja que el agua pertenece al Estado, que
no es sinónimo de nación.
Explicó que este proyecto académico y ciudadano busca darle fuerza
social a los concejos de cuenca –que Conagua quiere desaparecer-, crear una
Contraloría social del agua –que vigile el uso sustentable del agua y se
castigue a quienes hagan mal uso del líquido, -mientras que Conagua maneja que
se autoregulen las empresas mineras y de otros rubros sin medición alguna de su
uso del agua-, y crear un Tribunal especializado del agua, así como un ente
evaluador de políticos que no cumplan con sus funciones puedan ser removidos de
su cargo, como es el titular de Conagua y la misma Semarnat.
En entrevista con Mi Ambiente, dijo que la propuesta federal es
totalmente contraria al contar con un uso sustentable del agua ya que estamos
en extremos opuestos y pensamos las cosas de forma distinta ya que es
predominante en la Conagua su visión tecnocrática que la eficiencia se logra
con iniciativa privada y grandes obras, lo que buscamos es la descentralización
apoyado en el tejido social y que todos sepamos que debemos ser responsables en
uso del líquido.
La apuesta es darle todo el poder a la iniciativa privada en donde la
experiencia indica que el buscar el lucro no es compatible con la paz social y
está lógica presente en la Federación es cortoplacista de sacar ganancias lo
antes posible en rubros que aún están no bajo el control privado.
Lamentó que los interés políticos que al estar involucrados en diversas
empresas sus interés van en lo económico y en grupos políticos sin percatarse
de los daños en los ecosistemas nacionales, enfatizó.
Por su parte, Elena Burns, investigadora del Centro para la
Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, dijo que que este grupo de académicos y
ONGs impulsa el fin de garantizar el derecho humano a este recurso, garantizado
en el Artículo 4° Constitucional.
Denunció que las reformas de ley en agua que maneja la Conagua, deja
fuera de su modelo de gobierno la participación ciudadana y borra todo aquello
que se pueda catalogar como Consejos de Cuenca, y se mostró incrédula que ante
fenómenos hidrometeorológicos que se presentes el gobierno “se lava las manos”
en su obligación de gobierno y se declarará sobre como responsable de indicarle
a la gente que es “autoregulable en su seguridad de bienes y personal” y les
deja a su libre consideración el protegerse o no de daños; además de manejar
que los dueños de predios asentados sobre aguas subterráneas tienen todo el
derecho de extraer el agua sin medida alguna de sobreexplotación.
La investigadora mencionó que es necesario contrarrestar el modelo de
gestión del recurso que se ha seguido en los últimos años, que no funciona y
que “hoy se busca expandir” y advirtió que 25 por del presupuesto destinado al
sector se gasta en el emisor oriente, el sistema Cutzamala y en pozos profundos
del Valle de México, “en un modelo de sobreexplotación y extracción que busca
expandirse a todo el país”.
Expresó que uno de los
problemas que tenemos en México es que los derechos consagrados en la
Constitución, “no los hacemos exigibles, ojalá que en este manual y en esta ley
que ustedes proponen, se incorpore la exigibilidad (del cumplimiento) del
derecho humano al agua”, puntualizó.
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