Regresión al oscurantismo mediático con la iniciativa de Telecomunicaciones

En un foro ciudadano de análisis de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones, diversos especialistas coincidieron en que la actual reforma planteada por la Federación es violatoria de los derechos no sólo de la audiencia en radio, televisión e Internet, sino de derechos humanos, por coartar libertades esenciales de los ciudadanos.

Ello con base al análisis de parte del articulado de dicha iniciativa se habla de espiar comunicaciones personales, control de redes sociales y ampliación de los monopolios privados en dichos sectores y el establecer una mayor limitación a los medios públicos, escasos de recursos y sin posibilidades de incorporarse en 2017 a la era digital.

Se señaló que esta ley no garantiza que las señales digitales de radio y televisión sean de interés público y no defiende a los derechos de las audiencias, no permite que medios públicos consigan publicidad y, de acuerdo a la senadora del PRD, Dolores Padierna, esto debe dejarse en el pasado, y si bien existe voracidad del mercado privado ya que nada se les quiere ir de las manos.

Apuntó que es una aberración que la ley indique que un medio público se puede ayudar de las aportaciones de la sociedad, cuando se sabe que millones de mexicanos apenas ganan lo necesario para sobrevivir. 

Declaró que también se tiene el Sistema Público de Radiodifusión de México dependiente de Secretaría de Gobernación buscará aglomerar y amarrar a los medios públicos y que sigan siendo no sólo públicos sino afines del gobierno y de corazón priistas; lo cual desembocara en el tener estos espacios a la difusión de la imagen oficial.

Otro gran tema es que en su articulado es el 145 habla que los concesionarios que presten servicio de Internet podrán ser bloqueados a contenidos y aplicaciones a petición del usuario (no dice cual), cuando medie orden oficial –sin aclarar qué tipo de autoridad-.

En el artículo 190 se señala que los concesionarios están obligados a permitir que las autoridades puedan interferir en las comunicaciones privadas que son inviolables en la constitución del país. Mientras en el artículo 197 dice que los concesionarios deben bloquear las señales de telecomunicaciones en evento o lugar crítico, sin definir ambos.

Mientras que el periodista, Virgilio Caballero, comentó que los aspectos de ésta iniciativa es regresivo a los tiempos de Díaz Ordaz ya que busca con esta ley amarrar la voz de las redes sociales, y criminalizar las manifestaciones públicas.

            Lamentó que la formadora y educadora de este país sea televisa que ha deformado los valores de los mexicanos y que se informa sólo aquello que se quiere se quiera hablar en el país y que es increíble que a ellos como América Móvil no se les considera monopolios, dijo que en qué cabeza cabe no catalogarlos como son, monopolios oligárquicos.

            Enfatizó que la izquierda en México ha traicionado a los ciudadanos y ejemplo de ello es Alejandra Barrales quien aceptó que parte de la bancada del PRD en el Senado hará fast track a dicha iniciativa de ley, para que no sea discutida y reformada en sus párrafos en donde se coarta la libertad mediática. 

            Explicó que al momento el proyecto que diversos grupos de ciudadanos, catedráticos y algunos asambleístas es el lanzar un canal ciudadano de televisión en el DF que se llamaría Plaza Pública que sería el encargado no sólo de difundir el trabajo legislativo del DF, sino ser una real voz ciudadana sin cortapisas partidistas y que se ha platicado con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera para que dicha señal sutilice una de las señales adyacentes del Canal 21 digital.

            Este canal se busca sea una realidad ciudadana y espera no termine siendo como el Canal del Congreso que sus mismas tendencias de transmisión le hace ser inviable para que alguien lo vea en sus televisores. 

Finalmente, Ernesto Velázquez, director de TVUNAM, declaró que 450 estaciones de radio y televisión púbicos en México, sólo al momento, Canal 22 es el único digital y destacó que existen cuatro casos únicos como es la concesión de Yucatán, Sonora, Tabasco, y Canal 22, que tienen permiso de vender espacios y que han sido acusados por privados de ser desleales en su comercialización, cuando ellos son quienes acaparan dichos recursos.