Sigue persecución oficial a activista de Greenpeace

Greenpeace que hace días convocó a la ciudadanía a participar en una ciberacción para exigirle al titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, retirar los cargos contra Rosina González, activista que podría ir a la cárcel hasta por 10 años debido a una acusación en su contra por el  supuesto daño a un reflector en instalaciones de esta empresa en el estado de Veracruz.

Cabe mencionar que debido a esta actividad en red social, al menos 500 personas habían inscrito en el muro de Facebook de la paraestatal mensajes a favor de Rosina y en contra del intento de criminalizar la protesta civil pacífica. La última impresión de pantalla que Greenpeace pudo registrar daba cuenta al menos 200 comentarios, pero en un acto de autoritarismo y cerrazón oficial, estos comentarios fueron eliminados del Facebook de Pemex.

“En Facebook, red en la que Pemex se presenta como ‘La mayor empresa de México y de América Latina… un mexicano no puede dejar un comentario libremente si éste expone información sobre los absurdos de la empresa, porque es absurdo intentar llevar a la cárcel a un activista ambiental por un daño, que no han podido comprobar y que aún en caso de haberse causado, es desproporcional que se castigue con cárcel”, denunció Greenpeace.

Pemex está mostrando su rostro intolerante y deshonesto al eliminar los comentarios que cuestionan su actuación en este caso, concluyó la organización ambientalista. 

El organismo ambientalista indicó que al momento son cerca de 25 mil ciudadanos mexicanos y de otras 22 nacionalidades y más de 130 organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes del ámbito del arte y la cultura y líderes de opinión han firmado la exigencia  dirigida a Emilio Lozoya Austin en la que se reitera que Rosina actuó para demandar que México cumpla con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para la Transición Energética -que establece una meta de 35% de participación de energía proveniente de fuentes renovables para el 2024-, y que perseguirla penalmente es tan ridículo y desproporcionado que resulta un intento descarado por criminalizar y acallar la protesta social.