De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace las
políticas públicas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto han
institucionalizado el deterioro ambiental al permitir que los ecosistemas y su
riqueza natural sean usados moneda de cambio para privilegiar el interés
económico de unos cuantos frente al derecho a un medio ambiente sano para todos
los mexicanos, ello en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
La organización criticó que a dos años del inicio este gobierno,
en las llamadas reformas estructurales y los planes de desarrollo de la
administración federal, la protección del medio ambiente quede solo en “buenas
intenciones” que están lejos de convertirse en hechos concretos para lograr la
sustentabilidad que tanto se presume en los discursos oficiales.
Se subrayó que cada año, la degradación del medio ambiente le sale
más cara a nuestro país: en febrero de 2014 el INEGI dio a conocer que el costo
económico por los daños ambientales en 2012 fue del 6.3 por ciento del Producto
Interno Bruto, es decir 985,064 millones de pesos. Frente a este escenario,
apenas hace unos días la Secretaría de Hacienda bajó sus expectativas de
crecimiento de la economía de 3.9 por ciento a 2.7 para 2014.
Aunado a la apuesta federal de permitir que se siga impulsando el
sector de energía no sustentable y que ello ahonda en la vulnerabilidad de
México ante los impactos del cambio climático que afecta a por lo menos 68% de
la población mexicana. Lo cual se reforzó con que en diciembre de 2013 la
administración federal aprobó una Reforma Energética en la que privilegió la
mayor explotación de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) que aumenta
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Además que hace unos días, en el desempeño ambiental de Petróleos
Mexicanos (Pemex) para 2013, se registró un incremento del 12.5% de (GEI) a la
atmósfera debido al mayor uso de combustóleo para apoyar al suministro de gas a
nivel nacional.
Asimismo en la Reforma Energética se promueve la explotación de
gas shale, cuya obtención es por medio de la técnica de fracking, que implica
el desperdicio y contaminación de miles de litros de agua en estados donde se
ven afectados por sequías prolongadas, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Para Greenpeace es un absurdo que México impulse el fracking
cuando se enfrenta ya una grave crisis hídrica por la falta de disponibilidad y
calidad de este vital líquido.
Por otra parte, el gobierno mexicano está lejos de lograr la
protección de ecosistemas que brindan grandes servicios ambientales a las
comunidades. En la lógica de “ganar” inversiones se han puesto en riesgo Áreas
Naturales Protegidas como Cabo Pulmo en Baja California Sur, donde se pretendía
construir un megaproyecto de turismo depredador: Cabo Dorado, donde además de
vulnerar al ecosistema quedó en evidencia el cabildeo de funcionarios del
anterior y actual gobierno en favor de los intereses privados.
Un escenario similar se presenta ahora en Holbox, Quintana Roo,
donde se pretende construir el complejo La Ensenada, a costa de sacrificar una
de las zonas mejor conservadas de la reserva
Yum-Balam, que alberga una gran diversidad de flora y fauna como son
aves -residentes y migratorias-, mamíferos, anfibios y reptiles; algunas de
ellas en peligro de extinción, o bien simplemente cambiar categorías de
protección como en el caso del Nevado de Toluca, que dejó de ser un Parque
Nacional para ser una Zona de Protección de Flora y Fauna, que permite, entre
otras actividades, tanto de conservación como de aprovechamiento comercial.
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