De
acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, a casi tres años
de haber asumido su cargo como presidente de la República, Enrique
Peña Nieto ha conseguido “Mover a México” hacia el deterioro
ambiental y social por favorecer al sector privado. En lo que va del
sexenio se ha legalizado la destrucción ambiental al impulsar un
modelo de agricultura industrial; se ha vulnerado el derecho humano
de acceso al agua, al darle al recurso hídrico un enfoque
privatizador. De igual forma, la vulnerabilidad para las especies en
peligro de extinción es evidente y para muestra están las medidas
de protección para la vaquita marina, que no se aplican con
eficacia.
Mientras
que la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) se presentó como
solución a la carencia alimentaria pero en realidad ha servido para
favorecer a las empresas de alimentos, que ahora distribuyen sus
productos en las zonas más desfavorecidas e impulsando un modelo de
alimentación que se basa en la agricultura industrial, en lugar de
promover la producción y consumo de alimentos sanos. En 2012, la
carencia alimentaria era de 27.4 millones de personas, para 2014 la
cantidad había incrementado a 28 millones, según cifras del
CONEVAL.
Sandra
Laso, vocera de la campaña Comida Sana, Tierra Sana de Greenpeace
México, dijo que “la agricultura industrial únicamente satisface
los intereses de grandes empresas de alimentos procesados que se
benefician de recursos de programas federales como la CNCH sin lograr
reducir la pobreza alimentaria en el país afectando a campesinos, la
salud de las personas y contaminando el agua y los suelos”.
El
sector agrícola, principal productor de alimentos para millones de
mexicanos, ha enfrentado un recorte de casi 20% a los apoyos al
campo, a los programas de productividad y competitividad
agroalimentaria, así como de desarrollo rural. El gobierno federal
se ha denominado “aliado de los campesinos” pero hasta la fecha
su postura hacia la siembra de maíz transgénico en el país no está
considerando los argumentos presentados por las organizaciones,
científicos, campesinos y personas en busca de alimentos sanos y de
calidad para todos los mexicanos.
Derecho
al agua
En
2012 se incluyó el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) en
el artículo 4° Constitucional, pero no se han tomado medidas para
cumplirlo. Este año se intentó promulgar la “Ley General de Aguas
(Ley Korenfeld)” con un enfoque privatizador, sin contar con el
punto de vista de la sociedad civil y la comunidad científica. Se
ignoró por completo la propuesta de Iniciativa Ciudadana de Ley
General de Aguas, la cual contaba con el aval de amplios sectores de
la sociedad. La misma Conagua ha reconocido que en México más del
70 % de los ríos del país presentan algún grado de contaminación.
Vaquita
marina, al borde de la extinción
Pese
a que el tema de la Vaquita marina fue mencionada en el Tercer
Informe de Peña Nieto, este organismo destacó que las medidas
anunciadas por el titular de la Federación, este mamífero marino es
protegido en la realidad. Continúa la pesca ilegal de totoaba en
aguas del Alto Golfo de California y en esas redes clandestinas
mueren atrapadas las vaquitas marinas. Sólo quedan cerca de 57
vaquitas marinas, si el acuerdo no se implementa de forma urgente, la
vaquita marina se extinguirá en 2018.
La
protección del refugio de la vaquita es mínima, Greenpeace exhibió
el absurdo que es proteger una zona de 13 mil kilómetros cuadrados
sólo con dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente.
Sobre
los retos ambientales mexicanos, se indicó que Rafael Pacchiano,
nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) se comprometió a dar continuidad a todos los
programas que conforman el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
entre los que destaca el combate al cambio climático, la
conservación de bosques y selvas y la gestión de residuos, entre
otros.
Sin
embargo, 15% del territorio mexicano, 68 por ciento de la población
y 71 por ciento del PIB siguen en riesgo por la extrema
vulnerabilidad del país ante los impactos del cambio climático. La
política de estado debe orientarse a la prevención y adaptabilidad,
no es suficiente aumentar los recursos del Fonden, es necesario
invertir en la prevención y esto implica analizar antes de depredar.
La reforma energética que se aprobó el año pasado dejó fuera a
las energías renovables y amenaza con incrementar las emisiones de
gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del
planeta y generan más cambio climático.
México
debe detener la deforestación acelerada que afecta a todo el país,
seguimos perdiendo cerca de medio millón de hectáreas de bosques y
selvas. La reforestación no frena la pérdida de masa forestal y
también aumenta el calentamiento del planeta.
La
gestión de residuos en el país es poco clara, por ejemplo, México
generó 1 millón de toneladas de residuos electrónicos tan sólo en
2014, de acuerdo con la ONU; y adicional a ello, el país desechará
este año 40 millones de televisiones con el Apagón analógico, a
pesar de que sólo existen dos estados del país centros de acopio
temporal para estos residuos, los otros 30 estados carecen de
información sobre a dónde llevarán sus televisiones.
Finalmente,
los Costos Totales por Agotamiento y Degradación en México fueron
por $909 mil 968 millones, esto es 5.7% del Producto Interno Bruto.
En tanto, los Gastos en Protección Ambiental fueron por $148 mil 699
millones, es decir que existe un Déficit ambiental de $761 mil 269
millones de pesos. Esto significa que el esfuerzo económico
registrado a favor del medio ambiente durante el año 2013 fue 5.1
veces menor que el daño ocasionado, de acuerdo con datos del INEGI.
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