En la
Décima Tercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), quedó patente que los principales guardianes de la
biodiversidad son los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes han
tenido que dar una dura batalla para que sus voces sean escuchadas y se respete
su valor como descubridores de los valores y uso sustentable de los recursos
naturales.
Ello
fue informado por la organización Greenpeace, la cual detalló que los pueblos
originarios tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado para
acceder a sus conocimientos, innovaciones y prácticas pertinentes para la
conservación y “utilización sostenible de la diversidad biológica” y que al fin
fuera reconocido en el artículo 8(j) de los acuerdos establecidos. No obstante,
siguen quedando a merced de legislaciones nacionales, que en el caso de México
no es ninguna garantía.
Aleira
Lara líder del Programa de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México,
denunció que en dicho aspecto, “las comunidades indígenas mexicanas, desde los
tarahumaras hasta los mayas, del norte al sur, han sido víctimas del saqueo de
sus recursos naturales, de la complicidad de gobierno y empresas para favorecer
la mercantilización de sus recursos, conocimientos y prácticas”.
Funcionarios
representantes de nuestro país en la COP13, como Sol Ortiz, de CIBIOGEM,
presumían el apego al Protocolo de Cartagena (PC) mientras que en la selva maya
recientemente se revelaba la presencia ilegal de soya transgénica en
contravención a las sentencia del mandato de la Suprema Corte de Justicia (4 de
noviembre del 2015), y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), que en su artículo 120 establece que ante el hecho de
siembra ilegal se debe proceder a la incautación y destrucción de las semillas
genéticamente modificadas.
Y a
pesar de ello, el mandato del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) fue “que el producto (GM) cosechado sea
comercializado a la industria para consumo humano o uso industrial, a fin de
evitar su propagación, en los siguientes ciclos agrícolas…”.
Explicó
que “este hecho no solo pone al descubierto la violación a la legislación
ambiental nacional y el incumplimiento del principio de precaución contenido en
el PC, sino también la falta de un sistema de bioseguridad riguroso. ¿Qué
certeza brinda dejar a merced de la legislación nacional a los pueblos
indígenas y comunidades locales?”.
En
comunicado de prensa, Greenpeace, informó que México dista mucho de coadyuvar
al cumplimiento de la meta 18 de Aichi para el 2020 al resistirse a respetar
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las
comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso
consuetudinario de los recursos biológicos.
Sobre
el avance del cumplimiento de las metas Aichi en el marco de la protección de
los océanos, durante la Conferencia, el secretario de medio ambiente Rafael
Pacchiano anunció la creación de 4 nuevas áreas protegidas: la Reserva de la
Biosfera del Gran Caribe Mexicano, La Sierra de Tamaulipas, Pacífico Mexicano
Profundo e Islas del Pacífico.
Con
estas nuevas áreas naturales México alcanza la meta 11 de Aichi aportando 65 millones
de hectáreas nuevas a la protección del medio ambiente y triplicando lo que
existía hasta antes de la COP13. En caso del territorio marítimo dedicado a la
conservación hasta se duplica esta meta alcanzando el 23% de territorio
nacional bajo una categoría de protección.
Sin
embargo estas declaratorias no proporcionan una protección real por no contar
con un programa de manejo, ni se estipula la fecha en que estos estarán, si se
presentó una estrategia de financiamiento por los dos años que incluye el aporte
de 30 millones de Euros desde fondos internacionales. Fondos que tendrán como
fin el 2018 y que plantean la incertidumbre de quién y cómo financiará estas
áreas naturales al final del mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto.
En
el marco de la meta 10 de Ahichí que pretende disminuir la presión sobre los
arrecifes, ésta avanzó en cuanto a la protección del 50 por ciento del arrecife
mesoamericano con la nueva gran reserva del caribe. Sin embargo no existe un
real compromiso de bajar la presión sobre estas con el modelo de desarrollo
turístico actual y más aún cuando el polígono de esta área natural protegida no
fue diseñado bajo ningún aspecto técnico científico.
En
este sentido se espera que la estrategia nacional de turismo sustentable conlleve
a disminuir la presión de impacto sobre estos y otros ecosistemas. No obstante
en ese mismo documento se sigue señalando la importancia de los programas de
manejo aún ausentes en 73 áreas naturales protegidas decretadas.
Al
mismo tiempo que el gobierno apresuraba los anuncios sobre las nuevas áreas
naturales de papel, especies en inminente peligro de extinción seguían
desapareciendo, mermando con la biodiversidad del país. Es el caso de la
vaquita marina, con la cual se da un incumpliendo con la meta 12, la cual
establece que 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas
identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación,
especialmente el de las especies en mayor disminución. La pesca de totoaba en
la zona continúa ocurriendo sin que ningún programa de gobierno haya sido capaz
de detenerla y con ello diezmando el reducido número de ejemplares de vaquitas
marinas.
La
COP13 también fue el escenario para que la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad diera a conocer el volumen IV de la
obra: “Capital natural de México. Capacidades humanas e institucionales , cuyo
objetivo es aportar al diagnóstico del país e información científica relevante
sobre el estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales
que brinda, para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de
Aichi.
Pero,
dijo la ambientalista, que “lamentablemente los esfuerzos de financiamiento
para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, abre una amplia
gama de mecanismos y modalidades de recaudación de fondos, muchos de los cuales
provienen de empresas que, por un lado hacen aportes financieros para la
conservación, pero por otro, no se comprometen a evitar el agotamiento de
recursos o detener el deterioro ambiental proveniente de procesos de
contaminación (por ejemplo por el uso de agrotóxicos o descargas a aguas
residuales sin tratamiento adecuado a ríos), lo cual tiene grandes costos, con
un valor anual estimado de entre 7 y 10.6 por ciento del PIB.
Lo
anterior, además de que puede entenderse que muchas empresas hacen “maquillaje
verde”, vendiendo una imagen “socialmente responsable” es parte de lo que
Greenpeace considera una “mercantilización de la naturaleza”.
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