México
importa 66 por ciento de la gasolina que usa mientras que las refinerías de
Pemex están siendo utilizadas a la mitad de su capacidad, lo que significa que
la Federación ha cometido varios errores resultantes de la implementación de la
reforma energética, aseveró Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El
investigador de la Unidad Azcapotzalco sostuvo que en 2013 Pemex producía
300,000 barriles diarios de diésel y para noviembre de 2016 únicamente 150,000.
Debido a ello, las importaciones representan 50 por ciento, lo que ha
propiciado una etapa de vulnerabilidad crítica en el ámbito de la energía,
sobre todo de los combustibles.
Para
el académico dicha política aprobada en el 2013 significó la entrega de “campos
petroleros y los negocios relacionados con la refinación del petróleo al sector
privado nacional y extranjero cuyos efectos debían haberse reflejado hasta el
2018, pero en los hechos desde 2016 se permitió la importación de combustible.
Alertó
que “ahora debemos pagar gasolina importada cuando se podría producir en el
país y generar más empleos. Señaló que la tendencia con la entrada de los
nuevos actores en el mercado de los combustibles es la automatización del
funcionamiento de las estaciones de gasolina, por lo que esas fuentes de
trabajo también se perderán.
Por
otro lado, expuso que como consecuencia de la pérdida de las entradas de dinero
por venta de petróleo, la deuda pública aumentó a alrededor de nueve millones
de millones de pesos, además de que ha habido un incremento en el gasto
público, el cual pasó de tres millones de millones de pesos en 2012 a cinco
millones de millones de pesos previstos para este año.
A
los precios de los combustibles automotrices se le adicionarán los costos que
las empresas trasnacionales realicen por concepto de vigilancia de transporte
de los combustibles, pues las tomas clandestinas han ido incrementándose en los
últimos años, al pasar de 400 de ellas en 2010 a 5,500 en 2015.
Denunció
que “este año será un periodo de mucha turbulencia, comenzando el 18 de
febrero, cuando experimentaremos diversos cambios en los precios, ya que el
sector privado comenzará a fijar su propia cuota”.
Estas
medidas sólo fomentan mayores ganancias a los inversionistas y, con ello,
provocarán un aumento de los productos básicos debido a que subirá el costo de
su transportación. Además, se prevé una crisis empresarial pues diversas
compañías nacionales dejarán de ser competitivas y, por tanto, habrá un mayor
índice de desempleo.
El
académico detalló que las reformas fiscal y energética debieron centrarse en la
recaudación de mayores impuestos a las trasnacionales que actualmente son
beneficiarias del negocio de los energéticos y sobre todo impulsar el
desarrollo del país.
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