En días recientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
clausuró varios Centros de Almacenamiento y Transformación e instalaciones
industriales de Empresas Forestales Ejidales y Comunales en diversos estados
del país.
El 9 de junio clausuró las instalaciones del ejido Tres Garantías, en
Quintana Roo, y unos días después fue contra la Unión de Ejidos Emiliano
Zapata, en Amanalco de Becerra, Estado de México. La Unión está constituida por
once ejidos forestales, que desde hace 36 años manejan y aprovechan sus bosques
en una de las pocas regiones del país donde a lo largo de ese tiempo la
cobertura forestal no ha disminuido, sino que ha aumentado.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
documentó un aumento de más de 300 hectáreas en la cobertura forestal de esa
región; además de una mejoría muy importante en el estado de los bosques dentro
de la cuenca de Amanalco, precisamente la manejada por los ejidos que están
siendo perseguidos por la Profepa.
Según el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
cerca del 70 % de la madera que circula en el país es de origen ilegal. Sin
embargo, “ni esa Procuraduría ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) cuentan con información sobre la situación real de la
ilegalidad en el sector forestal, y tampoco saben qué porcentaje de la madera
ilegal proviene de otros países, o de desmontes y tala ilegal en terrenos
forestales que carecen de planes de manejo, destacó Raúl Benet, coordinador de
políticas públicas del CCMSS.
Detalló que “autoridades de otros países han detectado en reiteradas
ocasiones la masiva importación de madera de origen ilegal a México, como ha
quedado de manifiesto con barcos como el Yacu Kallpa, que hizo decenas de
viajes cargado con madera ilegal proveniente del Amazonas, antes de ser
descubierto en Tampico por la Interpol y otras agencias internacionales. El gobierno
federal terminó entregando la madera a los compradores y permitiendo su entrada
ilegal al mercado mexicano.”
Raúl Benet detalló que “también ha quedado de manifiesto que no existe
un mecanismo efectivo para impedir que la madera ilegal llegue a obras de
gobierno, a las grandes madererías y a la industria.” El Consejo Nacional
Forestal (CONAF) solicitó a la SEMARNAT en octubre pasado, un informe sobre la
situación de la documentación forestal, las guías y reembarques necesarios para
mover la madera; el informe producido por la Dirección General Forestal y de
Suelos fue que las autoridades carecen de información sobre lo que ocurre,
sobre cuánta madera se produce de manera legal y cuánta proviene de fuentes
ilegales.
Varias fuentes especializadas, como la FAO y Global Forest Watch
registran que la deforestación proviene principalmente del cambio de uso del
suelo forestal hacia actividades agrícolas y ganaderas. En el caso de México es
principalmente por el desmonte de selvas y bosques para el cultivo de palma de
aceite, soya y otros cultivos agro industriales. Las medidas y decomisos contra
estos desmontes por parte de Profepa son mínimas en regiones como Chiapas o la
Península de Yucatán, cuyas selvas son desmontadas a tasas aceleradas para esos
fines. Lo mismo ocurre en el caso de los cultivos de aguacate en Michoacán,
Jalisco y otros estados.
Benet remarcó que “a juzgar por los comunicados de prensa e informes
emitidos por la Profepa, una de las principales actividades que realizan sus
inspectores, junto con la Gendarmería Ambiental, para supuestamente detener la
deforestación y combatir el tráfico ilegal de madera, es la persecución a
ejidos y comunidades que cuentan con permisos y planes de manejo, y que por
algún motivo incurren en alguna falta administrativa, la mayoría de las veces
derivada de una regulación absurda, confusa y costosa.”
Por su parte, Raúl Quintero, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano
Zapata, indicó que la Unión que preside se abastece de madera de los únicos
ejidos que cuentan con certificado de manejo forestal bajo los lineamientos del
Forest Stewardship Council (FSC) en el Estado de México.
Además, dijo, “el propio titular de Semarnat, junto con el director de
la Conafor, visitaron en meses pasados la región de Amanàlco y reconocieron el
excelente manejo forestal que llevan a cabo las comunidades.” La propia Conafor
ha destinado importantes recursos públicos para apoyar estas actividades.
Sin embargo, para la PROFEPA, contar con planes de manejo y
certificaciones no basta, como tampoco basta demostrar que esos bosques y
selvas están bien manejados y que en ellos no sólo no hay deforestación, sino
que se promueve la conservación activa de la flora y fauna silvestre, el manejo
integral del territorio y se favorece la conservación de los suelos y la
infiltración del agua, explicó Celso Cándido, presidente del Comisariado del
ejido San Lucas de Amalanlco, Estado de México.
Raúl Quintero, explicó que, en el caso de la clausura de las
instalaciones de la empresa forestal ejidal de Amanalco, el motivo que
manifestaron los inspectores fue la “inadecuada aplicación de los sistemas de
control de entradas y salidas del producto forestal,” lo que significa que no
existe una correlación precisa entre la documentación de la madera aserrada que
ha salido de la industria, con el volumen de la madera en rollo que ha entrado,
como legalmente debe ocurrir.
Para que esa correlación exista, dijo, “se deben aplicar de manera
correcta los factores de conversión entre madera en rollo y madera aserrada, y en
este caso, los inspectores de Profepa aplicaron estos factores de manera
extrema, equivocada y mal intencionada.”
El índice de aserrío, que mide esa relación, tiene en nuestro país un
rango de entre 47 y 57 %, y es el rango en el que se encuentra Amanalco,
mientras que el que aplicaron los inspectores fue de 62 %, lo que explica por
qué no encontraron la correlación esperada. Según los datos reales, si se
aplica un coeficiente de aserrío de manera correcta, no se encuentra ninguna
inconsistencia, y no habría motivo para la clausura.
Raúl Quintero refirió que “los inspectores de Profepa llevaban la
consigna de clausurar las instalaciones, y para eso aplicaron un índice de
aserrío irreal, que prácticamente nadie alcanza en todo el país.”
La Unión de Ejidos Emiliano Zapata reconoce la importancia de los
controles y el apego a la legalidad, pero su representante acusó “que en este
caso hay saña y mala fe”. Por lo que exigió el cese a la persecución y
criminalización por parte de la Profepa contra los ejidos y comunidades que se
preocupan por cuidar y manejar los bosques de manera sustentable, y demandó la
apertura inmediata de las instalaciones de la Unión de Ejidos de Amanalco, para
que las mil 125 familias de ejidatarios que la conforman, puedan continuar con
la actividad económica que les permite realizar todas las labores de
conservación de los bosques.
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