México
es de los pocos países que ha cumplido su compromiso ante el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, de decretar la protección de 10% de
áreas marinas y costeras, señaló el subsecretario de Fomento y Normatividad
Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, durante su participación
el Foro “Conservación de Ecosistemas Marinos en México”, organizado por el
Senado de la República.
El
funcionario federal, quien asistió a este foro en representación del secretario
Rafael Pacchiano Alamán, precisó que nuestro país, incluso, duplicó la meta de
Aichi al contar con 70 millones de hectáreas marinas, lo que equivale a 22% de
nuestro territorio. Sin detenerse a comentar que los recursos en protección de
ANPs terrestres y marinas ha bajado en más del 50% y que la propia SEMARNAT en
cinco años tiene un tercio de su presupuesto del año 2012. Lo cual, hace no
real el proteger a las ANPs marinas.
Estuvo
acompañado por la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,
presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el senador Ernesto Ruffo
Appel, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura.
Al
referirse a la situación legal de los mares en México, Ochoa Fernández indicó
que la SEMARNAT como autoridad reguladora, ha publicado normas oficiales
mexicanas y normas mexicanas para ordenar el aprovechamiento no extractivo y
extractivo de la biodiversidad marina, y fomentar actividades productivas
alternativas a la pesca que beneficien a las comunidades costeras.
Por
otro lado, sostuvo, el papel de México ha sido contundente para regular el
comercio nacional e internacional de recursos pesqueros. Informó que en días
pasados, se publicó la Norma de Emergencia para el marcaje de ejemplares,
partes y derivados de totoaba criada en cautiverio, específicamente en Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con el objetivo de
ordenar su comercio legal y, al mismo tiempo, desincentivar las actividades que
afectan a las poblaciones de esta especie en vida libre, como a la vaquita
marina.
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