La exclusión de la que son víctimas principalmente los segmentos menos
favorecidos de la sociedad es receptora y generadora de violencia, además de origen
principal de la criminalidad, aseguró el doctor Fernando Tenorio Tagle,
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel ubicado en
la Ciudad de México (CDMX).
El
sistema de justicia social falla todos los días, pues castiga a los más pobres,
como evidencian las estadísticas ya que la mayoría de quienes purgan penas en
cárceles viven en pobreza.
“Muestra
del fracaso del sistema penal y lo excluyente de la sociedad en el mundo es que
de los 2.5 millones de presos en Estados Unidos, 80 por ciento proviene de
minorías raciales, en tanto que en la Unión Europea 90 de cada cien
presidiarios son extracomunitarios, en particular africanos y latinos”, señaló
el profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.
Advirtió
que esos sectores son victimizados por partida doble: la criminalidad y el
sistema penal punitivo. “Un joven peruano recluido en una cárcel europea tiene
el mismo perfil socioeconómico que uno encarcelado en Lima”.
Si
bien en México existe una tasa de 25 homicidios por cada cien mil habitantes y
en países europeos la media es de un homicidio por esa misma proporción de
población, en promedio los delitos –denunciados o no– afectan a entre 20 y 25
por ciento de la sociedad de cualquier lugar del mundo.
Reconoció
que la impunidad es un grave problema a nivel mundial y alcanza una tasa
promedio del 95 por ciento a nivel global, por ejemplo, América Latina y la
Unión Europea, así como en Estados Unidos, sólo se resuelve cinco por ciento de
los casos, más allá de las diferencias cuantitativas y del tipo de violencia.
Indicó
que “para abatir la impunidad se debe incrementar en más de 99 por ciento el
presupuesto para la procuración de la justicia y construir más cárceles, que de
cualquier manera serían insuficientes”.
El
sistema penal tiene errores “y en el planeta no hay un solo caso exitoso de
reinserción social ni se tiene un seguimiento que garantice evaluar la reincorporación
de las personas que cometen ilícitos”.
La
también académica del Departamento de Derecho maestra Jazmín Sánchez Estrada
destacó la necesidad de contar con políticas públicas y una estrategia
multidisciplinaria que identifiquen y atiendan el origen de problemáticas
sociales indeseables, con la preservación de la vida como elemento central.
“La
impartición de la justicia debe tener un enfoque de respeto de los derechos
humanos, que además haga frente a la desigualdad social y todos sus efectos
nocivos para transitar hacia una cultura de la legalidad en la que estén
presentes la gobernanza y la gobernabilidad”, concluyó.
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