Pese a que la producción de energía eólica en México creció
aceleradamente en los últimos años, como muestra que 5.74% de la electricidad generada
en 2018 proviniera de ese sector –según datos de la Secretaría de Energía del
gobierno mexicano– en 2019 se observó una baja en la inversión por la
incertidumbre que causó la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López
Obrador, señala Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán, doctora en Ciencias
Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de
México (CDMX).
Mencionó
que, en su mayoría, los 56 parques eólicos que operan en el país son impulsados
por capital privado y clasificados en dos modalidades: autoabastecimiento,
cuando son financiados por empresas que proveen del fluido sus propias
instalaciones –Bimbo, Soriana y Walmart– y las que lo venden a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)”.
De
acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, de entre los 14 estados
que participan activamente, los que poseen mayor potencial y capacidad
instalada son Oaxaca, en primer lugar, seguido de Jalisco, Tamaulipas, Baja
California, Puebla, Zacatecas y Yucatán, estimándose que para 2024 se sumen
cuatro entidades más a la lista.
García
Beltrán explica que la inversión privada en proyectos de fuentes renovables es
significativa, pues según Forbes, tan sólo en 2017 la solar y la eólica
alcanzaron los seis mil millones de dólares y entre diciembre de 2018 y junio
de 2019 el monto fue de dos mil 550 millones de dólares, de lo que se deduce
que el Estado no está obteniendo ganancias por la explotación de los recursos
naturales nacionales.
Esto explica que el gobierno suspendiera
las subastas para nuevos proyectos de electricidad y que la ingeniera Rocío
Nahle García, secretaria de Energía de México, anunciara que las mismas se
reanudarán hasta 2021, mientras el Estado desarrolla modelos para competir en
el mercado de los renovables; la CFE será una de las primeras en incursionar en
el ramo, en especial en las hidroeléctricas por su rentabilidad.
Al respecto, el
director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, señaló que este tipo de
energía es costosa y la Comisión Federal tiene la capacidad de producirla, por
lo que apoya la decisión de detener la venta de este tipo de energéticos, pero
no está de acuerdo con que exista una posible reapertura de subastas.
Aunado a ello,
está la postura de Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno mexicano, quien considera
que “son muchos los impactos sociales que se han presentado en los territorios
indígenas, donde se han instalado proyectos de esta índole, reiterando que es
necesario implementar modelos que permitan que la ciudadanía sea capaz de
generar su propia energía autosustentable”.
Así,
la industria eólica enfrenta la cancelación de subastas, además de la falta de
implementación de líneas de transmisión eléctrica cuya construcción también fue
anulada, por lo que será difícil que se cumpla la meta establecida por el
gobierno mexicano de alcanzar en 2024 el 35 por ciento de la energía
proveniente de fuentes renovables, como prospectó el ingeniero Alfonso Morcos
Flores, director del Centro Nacional de Control de Energía.
En
esta empresa “se debe vigilar no sólo el alcance en números, sino la manera en
la que se llevan a cabo esos proyectos y garantizar que éstos no violen la
libre autodeterminación de los pueblos”.
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