La emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19 también
tiene un “efecto sistémico” sobre la producción y el abasto de alimentos: las
siembras han disminuido en algunas entidades; fertilizantes y semillas tienen
un alza y no llegan a tiempo por retrasos logísticos; y el crédito al campo no
fluye y observa un retroceso respecto al año pasado.
Ante
ello, es urgente que el aparato gubernamental de México, única estructura
nacional con capacidad de “reacción inmediata”, implemente un programa nacional
de abasto alimentario, encaminada a resolver estos “daños colaterales” de la
pandemia.
El ciclo primavera-verano quedó atrapado en medio de
la emergencia sanitaria, en los trabajos agrícolas se han ralentizado las
tareas de siembra, que observa una reducción en algunas entidades del 30 al 40%
en superficie cultivada.
Además hay un impacto en el costo y abasto de insumo
como fertilizantes y semillas, que durante un periodo de tres meses sólo por
efecto de la devaluación del peso impacta en 30%, con la agravante de que su
distribución es lenta; el problema no sólo es que su precio se ha incrementado
sino el poder disponer de ellos, ya que existen problemas de logística, porque
los envíos registran meses de retraso.
Lo anterior es parte del análisis del experto en
temas de desarrollo rural y director de Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales
Ibarra, quien destaca que en el caso del fertilizantes estamos hablando de que
cada periodo de siembra en México se requiere cerca de 3 millones de toneladas
procedentes del exterior, las cuales hay que movilizar desde países asiáticos,
recibir y descargar los barcos; es un proceso dilatado y este insumo se
requiere aplicarse en fechas muy rigurosas para la planta; no se puede usar
“cuando llegue”.
Expuso que tras el retraso internacional de
mercancías debido a COVID-19, mucha de la superficie que se logró sembrar en
México no contó con el fertilizante requerido, lo que se traducirá en una
significativa disminución de los rendimientos a obtener por hectárea y en menor
producción.
Por si fuera poco, añadió, el problema del abasto
alimentario enfrenta el neurálgico aspecto del crédito al campo, donde no hay
un panorama alentador, dado que en marzo, al inicio de esta emergencia
sanitaria el crédito de la Financiera Rural (FND) registraba un retroceso del
10% respecto a 2019. “Si antes de la contingencia ya teníamos un desempeño
negativo, es de esperarse que esta tendencia se haya agravado seriamente en las
semanas siguientes”.
Marcel Morales manifiesta que aunque los costos
derivados de la pandemia por COVID-19 aún son difíciles de cuantificar, ya hay
impactos sobre la economía y el empleo, que en el agro se estima afecte 20% de
los 14 millones que el sector genera y se prevé serán más graves, sobre todo en
los sectores más vulnerables.
Hace hincapié en que uno de los problemas que se
anticipa afectará seriamente aspectos esenciales de la sociedad es el del
abasto y la accesibilidad de los alimentos, dado que si en las condiciones
“normales” siempre es un tema altamente delicado, en las condiciones actuales
puede llegar a niveles realmente preocupantes, no registrados en muchas
décadas.
Por ejemplo, para el primavera-verano, al mes de
abril el estado de Tamaulipas registra una superficie de siembra de 107,336
hectáreas (Has) contra 159,243 del ciclo anterior, una reducción del 32.6%; Baja
California Sur, 3,934 versus 5,552 Has, es decir, 29.1% menor; San Luis Potosí,
16,516 contra 21,913 Has, una caída del 24.6%; Sonora de 51,985 contra 57,485
Has, menor en 9.57%; Campeche 14,574 contra 13,497 Has, menos 7.98%; Tabasco
38,143 vs 35,664, menos 6.9%; la situación más dramática la tiene Hidalgo con
21,565 contra 53,803 Has, es decir 59.9%, en relación con el ciclo anterior.
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