Francisco José Quiroga, subsecretario
de Minería de la Secretaría de Economía, detalló que una mina de mediano y
pequeño tamaño tienen vida útil de 8 a 10 años. “Las concesiones son muy
movibles y se abren como cierran proyectos”.
Detalló que a causa
estrictamente por la pandemia del COVID-19 no causo el cierre de una mina, pero
si provocó una pérdida de productividad del 16% del sector minero del páis.
Recordó que fueron dos meses
de inactividad y para arrancar al 100% de los proyectos de producción minero se
requieren de unas seis semanas, por las características propias de la
maquinaria que utilizan.
“La buena noticia para la
minería es que sus productos están al alza, el oro y los minerales preciosos. Además
que los sectores de electromovilidad y energía renovable, requieren de grandes
cantidades de litio, cobre, aluminio y zinc.
El funcionario federal
mencionó que la mayoría de las minas y sus instalaciones sanitarias han
brindado un servicio altruista para atender enfermos por coronavirus. Además
que la reapertura del sector no padece de rebrote masivos de coronavirus.
Desde las minas de cobre en
Chile o en Cananea, Sonora; las de plata y estaño en Bolivia; las de diamantes
en la República Democrática del Congo, hasta las de simple carbón en Pasta de
Conchos, Coahuila, no dejan de registrarse problemas ambientales en estas
industrias.
Por ello, debe remarcarse la
urgencia de que este negocio sea objeto de una estricta regulación tanto a
nivel de las prácticas aceptadas por la comunidad internacional como en la
respectiva legislación nacional.
Dijo que un crédito minero
del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se basa en supervisión en campo y
los permisos ambientales y de las autoridades de seguridad y militar. Tras
ello, se realiza una supervisión de viabilidad de pago, aunado a realizar un
minucioso estudio de la sustentabilidad de los medianos y pequeños complejos
mineros.
Existen 7 tipos de créditos,
simple, a cuenta corriente, que se dividen en siete factores: refaccionario,
habilitación, arrendamiento, pago de pasivos, avío revolvente, factoraje
financiero y cadena productiva.
Explicó que el FIFOMI apoya
a que las medianas y pequeñas minas como su cadena productiva tengan los
recurso financieros para salir adelante. “Los protocolos de sostenibilidad e
inspecciones de presas de jale y sistemas de manejo social, son parte
primordial de las supervisiones que se realizan. La minería que impulsamos es
aquella que sea socialmente responsable, sustentable y financieramente adecuada.
Este organismo otorga apoyos
de 3.2 millones de pesos hasta 12.9 millones de pesos. Además se busca que a
menos documentación baja el préstamo.
La mayoría de las
concesiones pueden durar hasta 10 años antes de volverse en una mina. Aquello
que no genera explotación debe acabar siendo una explotación.
Qué significa la minería y
el medio ambiente en México
Para extraer un gramo de oro
en México, las compañías mineras extranjeras y nacionales que usan el método de
cielo abierto requieren 380 litros de agua, 43.6 kilovatios de electricidad
–equivalentes al consumo promedio semanal de un hogar–, así como dinamitar y
extraer hasta cuatro toneladas de rocas y usar 850 gramos de cianuro de sodio.
En México operan 45 minas
que extraen con ese método oro, plata, cobre y zinc, entre otros metales, y
para 2020 serán 65 empresas las que emplean ese procedimiento, prohibido en
muchos países por ser depredador de recursos naturales y contaminante del medio
ambiente.
De acuerdo con el estudio,
que utilizó información de 19 fuentes gubernamentales y de organismos civiles,
en México el oro es el mineral más importante, por el número de proyectos de
extracción, así como por las ganancias que genera su venta y por los impactos
ambientales que provoca su explotación.
En el país operan 270 minas,
las cuales están concesionadas a 93 compañías; 20% de ellas son de capital
canadiense; 18%, estadunidense, y 56% pertenecen a empresarios mexicanos. En
Sonora, Durango y Zacatecas son los estados donde se han establecido la mitad
de los proyectos mineros del país, muchos de ellos a cielo abierto.
Estos datos provienen del
informe Amenaza neoliberal a los bienes comunes: panorama nacional de
megaproyectos mineros, elaborado por el colectivo no gubernamental GeoComunes,
con la participación de investigadores y académicos de América Latina, Estados
Unidos y Europa.
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