Ante los impactos económicos generados por la COVID-19 en el transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), autoridades y empresarios del sector proponen un Programa de apoyo financiero para el sector del transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales.
Las organizaciones sociales WRI
México, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), estiman en 19 mil 500 millones de pesos las pérdidas acumuladas por
los prestadores del servicio de transporte público durante la emergencia
sanitaria.
Las pérdidas del sector por la
pandemia se estiman hasta en un 40 por ciento del ingreso habitual, lo que pone
en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los
sistemas de transporte públicos de las principales ciudades del país.
Se han efectuado acciones como ajustes
en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas
como alternativas para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se
estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de
operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y
mejorar la oferta y cobertura del servicio.
El transporte público colectivo es el
medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones
de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de
conductores de unidades de transporte), y representa la actividad económica de
personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas.
Ante este escenario WRI México, la
AMAM y los industriales del transporte proponen que, en una primera etapa, se
etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan
en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se
incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se
otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para la segunda etapa, con una visión
de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar
la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la
inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la
inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los
modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la
importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la
transformación empresarial.
En una tercera etapa con una visión de 3 a 6
años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y
administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y
financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a
estas fuentes. Rescatar al transporte
público requeriría de una inversión estimada en 323 mil mdp, de acuerdo con las
proyecciones realizadas.
“Para garantizar el derecho a la movilidad
es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a
corto, mediano y largo plazo (…) atender la necesidad inmediata y lo
estructural requiere de medidas concretas, por ello hoy queremos hacer un
llamado respetuoso al gobierno federal, a los gobiernos subnacionales a actuar
de manera decidida, urgente, estratégica y coordinada para el establecimiento
de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público que ayude a establecer
sistemas sustentables, sostenibles y de calidad para los mexicanos”, dijo
Adriana de Almeida Lobo, Directora Ejecutiva del Instituto de Recursos
Mundiales México (WRI México).
México trabaja en un turismo
sustentable
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