SHCP multa a forestales por no obligar a ejidatarios a darse de alta en el SAT

La comunidad y organización rural ejidal e indígena de San Bernardino Milpillas Chico, en el estado de Durango –noroeste de México-, denunció que la Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributario (SAT), de forma ilegal les ha establecido un adeudo por más de 30 millones de pesos, bajo el argumento de que en una auditoria del año 2012, esta organización forestal no hizo que los ejidatarios que permiten el uso sustentable de bosques se den de alta y paguen impuestos del uso de sus bosques y tierra.

Bernabé Martínez, responsable de esta organización forestal, detalló que el SAT, tras dicha auditoria y recargos a la fecha actual es que el momento del adeudo se ha tazado en más de 40 millones de pesos.

Indicó que el aspecto principal es que el SAT argumenta que los pagos a los ejidatarios no se tienen facturas de dicho pago. “Estos 1,300 ejidatarios viven en la sierra, casi nunca conocen ni la ciudad, no tienen IFE, y menos están dados de alta en el SAT, se les paga con recibos y se toman fotografías y video de cuando se les entrega sus dineros, para así justificar. Pero el SAT nos ha dicho que quiere que estas personas se deben dar de alta y pagar impuestos”.

Explicó que esto es una irrealidad increíble de funcionarios de oficina que no se ponen a pensar o saben de la realidad del campo forestal y de estos ejidatarios que viven alejados de las grandes ciudades. Esta comunidad rural comenzó a hacer uso de sus bosques en los años 40s.

Esta región del estado, San Bernardino de Milpillas, tiene gran parte de su población en pobreza y de origen indígena de la etnia de los tepehuanos.

Se tienen en estos ejidos una extensión de 160 mil hectáreas, de los cuales 32 mil 442 hectáreas están bajo aprovechamiento forestal y que generan 82 mil metros cúbicos de madera.  Con un plan de manejo forestal por 12 años y que comenzó su labor en el año 2017.

Recordó que las empresas forestales en todo el país padecen de esta situación, que los ejidatarios no estén dados de alta en el SAT; sino que son los grupos ejidales y sus empresas forestales las que se inscriben para pago de impuestos,  pero que en Durango al ser las empresas que más empleo y trabajo industrial realizan fuera de la capital del Estado, son las que más llaman la atención y es ahí, donde el SAT busca auditar de forma constante para aumentar su recaudación.

Además de esta situación, dijo que el SAT igual bajo el argumento de que los nuevos requerimientos de la ley del IVA, indican que empresas tipo forestal o primario no deben sobrepasar el 90% de sus ganancias de venta de productos sin industrializar, lo cual, ha redundado en crecer las multas que les han aplicado.

Aceptó que si bien, si han sobrepasado dicho porcentaje, esta nueva ley les ha obligado a dividir la empresa forestal en varias sub-empresas para así salvar dicha nueva ley. En estos momentos ya cuentan con 5 aserraderos y una fábrica de muebles de madera.

El grupo de ejidatarios que representan a esta empresa forestal de Las Palmillas, indicaron que esta situación que les atañe ya se encuentra en el juzgado estatal de Durango y que esperan que para mediados de este año se les dé una resolución definitiva para demostrar que se ha pagado los impuestos correspondientes del uso forestal, que no se han violado el uso sustentable del bosque, que se han realizado pagos a los ejidatarios y que el SAT está equivocado en su política de persecución fiscal.

Ya que si bien la empresa forestal factura casi 40 millones de pesos de forma anual, lo que pide el SAT es impagable, pues implicaría detener producción, endeudamiento y despido de personal. 

Se estima que en el país se tienen poco más de 200 empresas forestales comunitarias que generan cerca del 50 por ciento de la madera nacional y manejan cerca de 8 millones de hectáreas forestales productivas de forma sostenible, incluyendo muchas de ellas certificaciones internacionales como el FSC. Las cuales, padecen de la misma realidad de que muchos ejidatarios no tienen altas en el SAT, lo cual, conlleva a pensar que este caso tiene un singular dejo de politización e intereses más allá de una auditoria hacendaria.

Facturación electrónica, primer tropiezo de emprendedores

México es el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad de startups y el primero donde se encuentran mejor distribuidas dentro del territorio nacional, revela el Estudio sobre startups de Latinoamérica 2016, elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A nivel internacional, México ocupa el lugar 71 de 137 países dentro del ranking del Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo.

Pero, se sigue sin entender por qué los emprendedores fracasan; pese a que todas las startups tienen en mente el éxito, pero tienen que dar arranque por lo básico.  Los emprendedores olvidan que tienen responsabilidades con entes como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual exige trámites fiscales y pagos de impuestos y de conformación como empresas.

Al no cumplir con estas obligaciones en tiempo y forma, el Servicio de Administración Tributaria aplica multas de más de 25 mil pesos (1400 dólares), lo que puede llevar inmediatamente a la quiebra a las empresas y quebrar los sueños de los emprendedores. Cabe mencionar que la cantidad mencionada es en muchas ocasiones la ganancia total de dos a tres meses de un emprendedor.

Para salir de este bache hay que considerar una lista de acciones a emprender como dar de alta a la empresa adquiriendo un Registro Federal de Causantes (RFC), además de considerar que se incluyen 46 reglas de validación diferentes para asegurar la congruencia de los datos al momento de emitir un comprobante; ya sea en cuanto a datos obligatorios, o en los cálculos matemáticos.

Por otro lado, hay que considerar los 17 catálogos para que el registro de los datos sea más preciso. Dichos catálogos están basados en estándares ISO y son aceptados a nivel internacional.

Entonces, para tener todo bajo control y evitar sanciones por el SAT, ha conllevado a crear una plataforma que coadyuve en lo mismo, como es Gosocket, que ayuda a la emisión, recepción y almacenamiento de facturas electrónicas, misma que evitará los tropiezos en el camino de la fiscalización.

“Nosotros ya contamos con la actualización exigida por el SAT (3.3) y que será obligatoria a partir del primero de diciembre del año en curso. Recomendamos explorar el sitio que es accesible y comprensible y comenzar a implementar Gosocket como parte de las herramientas de oficina”, asegura Edgardo Martínez, Director General en México.

No se requiere adquirir ningún software, es completamente gratis para cualquier servicio que ofrece; solo se necesita la Firma Electrónica Avanzada y el Certificado de Sello Digital. Ambos se obtienen directamente con el SAT y son necesarios para cualquier solución de factura electrónica entre otras cosas.