Bernabé
Martínez, responsable de esta organización forestal, detalló que el SAT, tras
dicha auditoria y recargos a la fecha actual es que el momento del adeudo se ha
tazado en más de 40 millones de pesos.
Indicó
que el aspecto principal es que el SAT argumenta que los pagos a los
ejidatarios no se tienen facturas de dicho pago. “Estos 1,300 ejidatarios viven
en la sierra, casi nunca conocen ni la ciudad, no tienen IFE, y menos están
dados de alta en el SAT, se les paga con recibos y se toman fotografías y video
de cuando se les entrega sus dineros, para así justificar. Pero el SAT nos ha
dicho que quiere que estas personas se deben dar de alta y pagar impuestos”.
Explicó
que esto es una irrealidad increíble de funcionarios de oficina que no se ponen
a pensar o saben de la realidad del campo forestal y de estos ejidatarios que
viven alejados de las grandes ciudades. Esta comunidad rural comenzó a hacer
uso de sus bosques en los años 40s.
Esta
región del estado, San Bernardino de Milpillas, tiene gran parte de su
población en pobreza y de origen indígena de la etnia de los tepehuanos.
Se
tienen en estos ejidos una extensión de 160 mil hectáreas, de los cuales 32 mil
442 hectáreas están bajo aprovechamiento forestal y que generan 82 mil metros
cúbicos de madera. Con un plan de manejo
forestal por 12 años y que comenzó su labor en el año 2017.
Recordó
que las empresas forestales en todo el país padecen de esta situación, que los
ejidatarios no estén dados de alta en el SAT; sino que son los grupos ejidales
y sus empresas forestales las que se inscriben para pago de impuestos, pero que en Durango al ser las empresas que
más empleo y trabajo industrial realizan fuera de la capital del Estado, son
las que más llaman la atención y es ahí, donde el SAT busca auditar de forma
constante para aumentar su recaudación.
Además
de esta situación, dijo que el SAT igual bajo el argumento de que los nuevos
requerimientos de la ley del IVA, indican que empresas tipo forestal o primario
no deben sobrepasar el 90% de sus ganancias de venta de productos sin
industrializar, lo cual, ha redundado en crecer las multas que les han
aplicado.
Aceptó
que si bien, si han sobrepasado dicho porcentaje, esta nueva ley les ha
obligado a dividir la empresa forestal en varias sub-empresas para así salvar
dicha nueva ley. En estos momentos ya cuentan con 5 aserraderos y una fábrica
de muebles de madera.
El
grupo de ejidatarios que representan a esta empresa forestal de Las Palmillas,
indicaron que esta situación que les atañe ya se encuentra en el juzgado
estatal de Durango y que esperan que para mediados de este año se les dé una
resolución definitiva para demostrar que se ha pagado los impuestos
correspondientes del uso forestal, que no se han violado el uso sustentable del
bosque, que se han realizado pagos a los ejidatarios y que el SAT está
equivocado en su política de persecución fiscal.
Ya
que si bien la empresa forestal factura casi 40 millones de pesos de forma
anual, lo que pide el SAT es impagable, pues implicaría detener producción,
endeudamiento y despido de personal.
Se
estima que en el país se tienen poco más de 200 empresas forestales
comunitarias que generan cerca del 50 por ciento de la madera nacional y
manejan cerca de 8 millones de hectáreas forestales productivas de forma
sostenible, incluyendo muchas de ellas certificaciones internacionales como el
FSC. Las cuales, padecen de la misma realidad de que muchos ejidatarios no
tienen altas en el SAT, lo cual, conlleva a pensar que este caso tiene un
singular dejo de politización e intereses más allá de una auditoria hacendaria.
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