Ante el crecimiento desordenado y anárquico de las ciudades, como el uso inadecuado del suelo en México, hacen urgente el tener un adecuado ordenamiento territorial del suelo nacional, situación que los diversos órdenes de gobierno manejan en el discurso como algo indispensable para un adecuado uso de los recursos naturales y desarrollo económico; pero en la realidad, dicha situación es imposible de establecer por los interés y omisiones de los mismos actores políticos.
En materia del desorden urbano que se refleja mayormente en urbes como es el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), les hace ser las generadoras del 80% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel nacional. Además que su industria de la construcción absorbe el 50% de todos los recursos básicos lo que lo convierte a este sector en la actividad menos sostenible del planeta, pero de las que mayores recurso económicos devenga.
A este respecto en entrevista con Mi Ambiente, Enrique Ortiz, especialista de la organización internacional Habitat, Hic-Al, indicó que es impensable detener la incongruencia mexicana de tener una política urbana que manda a la población a vivir a 40 kilómetros del centro de su misma ciudad.
“No tenemos una política del suelo, todo está en favor de la especulación del territorio, padecemos de corrupción gubernamental, ignorancia como los principales males y debemos trabajar muy fuerte para cambiar esta visión. Ya que el gobierno es el primero en observar que la tierra debe ser distribuida de forma equitativa”.
Abundó que no se puede mandar a los pobres a vivir a a las afueras de la ciudad, donde no se les dan servicios, ya que eso genera más problemas y debe entenderse, subrayó que la tierra no es producto escasa es un bien común limitado.
Es tal el desorden y uso indiscriminado de recursos, señala la UNAM que el consume de combustibles fósiles en los edificios representa la mitad de toda la energía que se consume en el mundo.
El estudio: Megaciudades y Cambio Climático del Colegio de México, en nuestro país, las urbes de mayor tamaño que están agrupadas en el Sistema Nacional Urbano no cuentan con un marco general que permita guiar la gestión pública en favor de la sostenibilidad urbana, dicha omisión no permite orientar el comportamiento de los diversos actores sociales que inciden en la vida citadina.
Lo cual deriva en no tener las herramientas que eviten su crecimiento en el terreno natural adyacente de su periferia, ni poder ofrecer una adecuada calidad del entorno (en diversas escalas: barrio, comunidad, suburbio, sector, área urbana, zona metropolitana, región), que permita alcanzar un mínimo nivel de vida y bienestar para sus habitantes.
Por su parte, la organización ciudadana Espacio para Fortalecimiento de la Comunidad y la Autogestión A.C., dio a conocer a Mi Ambiente que en temática de desarrollo social, la comunidad es el primer paso hacia la sustentabilidad.
Se subrayó que en las comunidades se tiene una mayor organización social y que el caos lo crean las instituciones y las ciudades, donde las decisiones no atienden lo que se tiene alrededor y no se comprende el entorno que habitan.
“Vemos muy solos a los citadinos, les proponemos resolver los problemas todos juntos no aislados y en la comunidad el dolor de uno es de todos y esto puede ser parte de las soluciones que se requieren en las grandes ciudades”.
Citando el libro Rescate del patrimonio histórico y tugurios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en su apartado de orden del suelo nacional, se da a conocer que no se pueden tener políticas urbanísticas sin tomar en cuenta a la gente, ya que una ciudad no es nada sin la vida de sus habitantes y lanza una fuerte crítica a las políticas nacionales que sólo están prestando atención a las zonas más rentables del territorio, excluyendo a los sectores populares.
De igual forma, este libro informa que los terrenos que cohabitan los pobres sólo es atendido por el gobierno en emergencias sociales, de salud o climáticas y esto no puede seguir de esa forma, ya que debe cambiarse la visión de que no puede existir subsidio al territorio, ya que sin este no se puede desarrollar una vivienda popular para el grueso de la población y esto derive en los primeros pasos a una ciudad sustentable.
SEMARNAT Y
CONAGUA OPINAN, PERO NO ACTUAN
Entre los decires políticos y la no
actuación en la realidad del ordenamiento territorial, destacan tanto el
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, que
ha dicho que debe ser implementado un ordenamiento territorial de forma
inmediata, así como el Director General de la Comisión Nacional del Agua, José
Luis Luege Tamargo, quien ha calificado de inconcebible que la gente siga
instalando viviendas en las riberas de los ríos con sus consabidas
consecuencias. Sin embargo y aunque el ordenamiento territorial corresponde a autoridades de diversos niveles, desde el municipal, estatal, legislativo y federal, ninguno de estos dos funcionarios federales ha actuado conforme a sus obligaciones para hacer una realidad este tema que dicen tanto les preocupa.
Cabe mencionar que el crecer desordenado de la población y uso indiscriminado de recursos ha sido por diversas circunstancias, desde lo económico –usufructo de la tierra-, político –defensa de un actor político de grupos afines al poder-, electoral –para no dañar la imagen pública-, por citar los tres más importantes.
Sin dejar de reconocer que mientras la población tampoco cobre conciencia de en donde verdaderamente se pueden instalar viviendas se dejaran de correr riesgos; pero mientras que las autoridades de todos los niveles de gobierno no provean de los bienes necesarios, como es el empleo, vivienda y servicios de subsistencia, en México se seguirá padeciendo este mal que lleva a la corrupción e insustentabilidad.
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