Diversos
grupos activistas como personajes de la política como el senador
Javier Corral y la diputada Purificación Carpinteiro, y los actores
Joaquín Cosío y Damián Alcazar como Bruno Bichir se manifestaron a
favor que la próxima reforma en telecomunicaciones del gobierno
federal no sólo se concentre en las cuestiones de nuevas frecuencias
digitales sino que aterrice nuevos planes de calidad de contenidos y
uso responsable de las concesiones de radio y televisión.
Se
denunció que cerca del 50% de las concesiones de radio y el 705 de
la televisión pertenece a dos grupos corporativos que han cerrado
las puertas a la libre competencia y además la calidad de sus
contenidos es ofensivo contra la realidad e inteligencia de los
mexicanos, por ello urgieron a que se haga un verdadero cambio
estructural en como funcionan los medios digitales en la actualidad.
En
comunicado de prensa se informó que desde
hace años se ha señalado la necesidad de reformar en su integridad
las leyes federales de Radio y Televisión, y Telecomunicaciones, así
como otras legislaciones secundarias, para que garanticen principios
de pluralidad, diversidad y competencia en un entorno de servicios
convergentes, a fin de alcanzar la democratización del sistema de
medios de comunicación y se creen los debidos contrapesos a los
llamados "poderes fácticos".
Por
ello se indicó que se debe exigir a los legisladores que en verdad
representen a los ciudadanos y no se dejen intimidar por el poder de
los medios como de la llamada “telebancada” que defiende desde la
Cámara de Diputados como del Senado los intereses de los dos grandes
monopolios de los medios.
Aleida
Calleja, presidenta de la AMEDI, dio a conocer una carta que se
difundirá por distintas redes y que entre sus principales peticiones
para esta reforma es que garantice
la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo
a los más altos estándares internacionales de
derechos humanos; que tenga una perspectiva convergente, es decir,
que integre
y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de
distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la
radiodifusión y la banda ancha.
Además
de la creación de un Instituto
Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con
autonomía constitucional;
que se fijen sanciones
que disuadan a
los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de cometer
o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que
atenten contra los derechos de las audiencias y los usuarios. Que
asegure el fomento
a la producción nacional independiente; al
menos 20% de la programación de los medios de radiodifusión
comerciales debe ser contratada a productores independientes con la
finalidad de estimular la pluralidad de puntos de vista y la
diversidad de contenidos.
Que
otorgue pleno reconocimiento
legal a los medios comunitarios y sociales a
través de la figura de la concesión
de uso social sin fines de lucro. Lo
anterior implica incorporar un procedimiento simplificado y expedito
de otorgamiento de frecuencias para grupos sociales y comunidades,
para fomentar la diversidad. Para 2018 debe lograrse que al menos
cada municipio del país cuente con una emisora comunitaria. Con ese
propósito debe establecerse una reserva
de espectro de al menos 30% para
estas concesiones.
Que
otorgue a medios públicos, comunitarios y sociales el derecho
de obtener ingresos adicionales, patrocinios y donativos para
la operación y el eficiente cumplimiento de la función social.
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