Al presentar su análisis sobre la legislación secundaria
de la reforma energética, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) advirtió que las propuestas aprobadas atentan contra
la población y el medio ambiente, razón por la cual deben ser modificadas.
Entre las consideraciones que hace la Alianza destaca que
se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos y
permite el fracking, cuando las tasas de declinación de la productividad de los
pozos explotados mediante esta técnica pueden alcanzar entre 81 y 90% en sólo
dos años de operación. Esto significa que los pozos serán abandonados en el
corto plazo y que, para mantener la producción, las empresas tendrán que moverse
de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos.
En este sentido, la Ley de Hidrocarburos al establecer
que la exploración y extracción de estos recursos tendrán prioridad sobre
cualquier otro uso del territorio, dejará en la indefensión a los dueños de los
terrenos, pues el Estado podrá obligarlos a rentar sus tierras a las empresas
petroleras bajo las figuras conocidas como servidumbre
legal, ocupación y afectación
superficial.
“Estas figuras son altamente convenientes para las
empresas de fracking, puesto que
podrán ofrecerles contratos a corto
plazo y no la adquisición permanente de los terrenos. A los pocos años, los
propietarios recibirán de regreso sus tierras pero contaminadas e inservibles
para el desarrollo de otras actividades” destacó Francisco Cravioto de Fundar,
Centro de Análisis e Investigación.
Además, la ley de la Industria Eléctrica es un retroceso
porque promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las
grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”. Esto convendría a
los intereses empresariales pero iría en contra de la población y el medio
ambiente del país.
No es posible que el fracking
sea incluido en esta categoría debido a su elevado consumo de agua y energía;
las altas emisiones de gases causantes del cambio climático que genera y las
enormes cantidades de agua residual que produce, misma que contiene químicos,
metales pesados e, incluso, materiales radioactivos imposibles de tratar.
Tampoco la energía nuclear se puede considerar una fuente “limpia” porque la
peligrosidad de los residuos radiactivos permanece durante miles de años y su gestión, tratamiento y
disposición final son temas sin resolver.
Por otro lado, “es lamentable que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se convierta en juez y
parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales en
cualquier acción de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto sin lugar a
dudas debilita la política ambiental y parece una vía para acelerar la entrega
de autorizaciones ambientales a los proyectos de hidrocarburos”, mencionó Claudia
Campero de Food & Water Watch y de Blue Planet Project.
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