Expertos en
política urbana y movilidad convocados por la asociación civil, Mejor Ciudad,
alertaron que la dinámica inmobiliaria de la Ciudad de México (CDMX) apunta a
la expulsión de la población económicamente menos favorecida ante la poca
oferta de vivienda asequible en las zonas centrales de la capital.
Asimismo, recordaron que
actualmente, según ONU-Hábitat, lo que ubica a la CDMX está entre las ciudades más
excluyentes de América Latina (AL). Ante
este escenario, resaltaron que el periodo de transición gubernamental
representa una oportunidad única para cambiar el estatus quo del desarrollo
urbano de la ciudad, y por ello es indispensable promover un marco regulatorio
eficiente para la construcción de vivienda, infraestructura adecuada y así,
poder generar asequibilidad en el mercado inmobiliario para población de
diferentes segmentos económicos.
De acuerdo con datos
presentados por Gene Towle, director de la Consultora de Proyectos
Inmobiliarios SOFTEC y miembro del Consejo Consultivo de Mejor Ciudad, el
último trimestre del 2017 se reportó en la CDMX una disminución de 8.4 por
ciento en la oferta de vivienda nueva terminada, así como una reducción del 3.5
por ciento en las unidades en inventario y 0.8 por ciento en el número de
proyectos.
Por otro lado, los precios han
tenido un incremento del 32 por ciento en el mercado medio y residencial, del
31 por ciento en el segmento económico y 43 por ciento en el social.
A su vez, Jorge Macías,
Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de World Resources Institute
México (WRI México), afirmó que por cada empleo formal al que puede acceder el
20% de la población de menos recursos en la CDMX existen 11 empleos en el área
de influencia del 20% de la población de mayores recursos, esto al considerar
un rango de accesibilidad de 30 minutos en transporte público o caminando y que
este mismo fenómeno se repite en las condiciones de accesibilidad a espacio
público (6 a 1), salud (9 a 1), educación (12 a 1 en centros universitarios) y
en movilidad (9 a 1 en estaciones de transporte público masivo).
Asimismo, concluyó el
especialista, que en estudios preliminares del WRI México, la Nueva
Constitución de la Ciudad de México ofrece a los ciudadanos la oportunidad de
mejorar el sistema de planeación y como tal, debe de asegurar orientar los
esfuerzos urbanos del nuevo gobierno hacia un reparto más equitativo de las
oportunidades que nos ofrece la ciudad.
Por su parte, Dolores Franco,
presidente del Colegio Mexicano de Urbanistas, explicó que el fenómeno de
exclusión de habitantes de la CDMX obedece en gran medida a factores como la
dificultad y lentitud para gestionar permisos y licencias, así como a la
complejidad de la norma en materia de obtención de permisos, lo que promueve la
especulación en tierra e incrementa los costos.
"Desafortunadamente, se
ha creado un círculo de desconfianza entre la sociedad civil, las autoridades y
la iniciativa privada, lo cual ha desencadenado una contracción en la oferta de
vivienda de la CDXM, además de un aumento de precios, sobre todo en lugares
cercanos a fuentes de transporte, trabajo y esparcimiento", señaló.
La urbanista explicó que entre
más tiempo se obstaculice la producción de vivienda, la oferta existente y
futura se encarecerá, provocando que la ciudad se extienda aún más, se hará aún
más excluyente, se incrementará el tránsito y será mucho más complejo y difícil
proveer los servicios a todos.
Finalmente, los expertos,
hicieron un llamado a la sociedad civil para acompañar, vigilar e incluso
acelerar la agenda para que se agilicen los plazos estipulados por la
Constitución de la Ciudad de México en la creación del Plan General de
Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial y con ello, lograr hacer
de la nuestra, una ciudad mejor.
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