En riesgo metas climáticas por propuesta de NOM de CO2 de vehículos

Ante la reciente propuesta de proyecto de norma PROY-NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023 (NOM-163) de emisiones de bióxido de carbono (CO2) de vehículos ligeros, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía federal (SE), diversas organizaciones civiles pidieron que sea un instrumento que en verdad aproveche las oportunidades de mitigación climática que necesita el país.

Dichas organizaciones, como son El Poder del Consumidor (EPC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Iniciativa Climática de México (ICM) y el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), pertenecientes al Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA), expresaron su interés para que México use dicha NOM en mitigación de CO2 y el país pueda cumplir los compromisos de la vigésimo séptima Conferencia de las Partes (COP 27) en 2022.

Jorge Villarreal, director de Política Climática de ICM, destacó que “una buena norma de emisiones GEI y rendimiento de combustible en vehículos ligeros (NOM-163) es uno de los instrumentos más costo-efectivos para la reducción de emisiones que generan el cambio climático”.

Además de que “contribuiría a avanzar en la seguridad energética del país ya que ayuda a reducir la demanda por gasolinas importadas”. Enfatizó que, de no contar esta norma con una ambición adecuada, el país quedaría muy lejos de la meta de reducción del 35 por ciento de las emisiones de GEI para el 2030”. 

Adicionalmente, Gabriela Alarcón, gerente de Política Climática de ICM, expresó que “la primer propuesta de actualización de la NOM-163 en 2018 tenía un potencial de mitigación del doble de lo que se presenta en el actual proyecto de norma ya que, de acuerdo con cifras de SEMARNAT, la propuesta de 2018 tenía un potencial de mitigación de 18 Mt CO2e y el proyecto actual solo reduciría 8.9 MtCO2e en 2030.” De aprobarse como está planteada habría una regresividad.

Con respecto al contenido del proyecto de NOM, Carlos Jimenez consultor e investigador del ICCT, mencionó que “el diseño se aleja de las mejores prácticas, ya que incorpora flexibilidades y mecanismos de cumplimiento que sólo ocurren en México, como los créditos por tecnologías híbridas y eléctricas, que son, respectivamente, 5 y 13 veces mayores que en otras regulaciones internacionales similares, lo que reduce el potencial de mitigación del instrumento. 

Por esta razón, el alcance del proyecto regulatorio no se alinea con la meta implícita en la NDC de México, de alcanzar el 50% de ventas de vehículos eléctricos ligeros al 2030. La NOM-163 podría acelerar la introducción de vehículos cero emisiones que son mucho más eficientes y no producen emisiones en el escape, pero se debe ajustar su diseño”.

Por su parte, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Cambio Climático de El Poder del Consumidor, señaló que “esta norma es regresiva en términos de derechos de los consumidores, ya que no exige que se comunique el rendimiento de combustible (en kilómetros por litro) de cada vehículo que se vende en México. El no comunicar el rendimiento de combustible, viola el derecho a la información de los consumidores.

 

 

 

  

Divulgan la iniciativa Bono Solar

Las organizaciones de la sociedad civil El Barzón, El Poder del Consumidor, El Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y la Iniciativa Climática de México (ICM) dieron a conocer el esquema Bono Solar que promueve la generación de electricidad distribuida que utiliza un sistema fotovoltáica, que podría acabar con la pobreza energética de millones de hogares, ahorrar recursos fiscales y terminar con la dependencia de quema de combustibles fósiles. 

El Director de Energía de ICM, Daniel Chacón, indicó que “este instrumento financiero permitiría reducir el subsidio a las tarifas eléctricas, estimado en 120 mil millones de pesos anuales, y que, en un período de 15 años, el subsidio podría ser ahorrado en su totalidad para ser aprovechado en atender necesidades de educación, salud o seguridad en vez de ser dinero quemado en plantas altamente contaminantes e ineficientes”.

Además, añadió que “con este esquema se descentraliza la generación de electricidad, se garantiza a las personas el acceso democrático a la energía, y se dan incentivos para que los usuarios reduzcan el consumo de energía para vender sus excedentes a la red, lo que constituye una oportunidad de negocio inédita en México.”

La adopción de esta tecnología abre nuevas posibilidades para distribuir de manera más equitativa los recursos energéticos y se inaugura una posibilidad de negocio para los hogares mexicanos. Y todo ello de la mano de la posibilidad de desplazar a los combustibles fósiles de la matriz energética y sustituirla por energía renovable descentralizada.

Por su parte, Sandra Luna, Coordinadora del GFLAC, se refirió al Bono Solar como “una oportunidad para ayudar a México a expandir los beneficios de la energía renovable a la sociedad, cuyo avance es fundamental para lograr la transición energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar con ello un aumento mayor a los 1.5^oC y contribuir como país a la estabilización de la temperatura planetaria”.

Los beneficios sociales de esta propuesta fueron resaltados por el Asociado a Programas de la Iniciativa Climática de México, Carlos Tornel, quien señaló que “el Bono Solar es una poderosa herramienta que puede terminar con la pobreza energética en que viven más de 11 millones de hogares, lo que equivale al 36% de los hogares del país.

El no implementar el Bono Solar, o un esquema similar, significaría mantener al país anclado a los combustibles fósiles en detrimento de la calidad del aire, el aumento de emisiones contaminantes, la imposibilidad de cumplir con los compromisos climáticos del acuerdo de Paris, se cancelaría el beneficio a los consumidores derivado de la transición energética, perdiendo con ello la posibilidad de generar valor social a través de una redistribución más justa de los recursos naturales", declaró.

Finalmente, la Coordinadora de Energía y Agua de El Barzón, Angely Amezcua, afirmó que, “es urgente que se implementen esquemas de financiamiento para infraestructura fotovoltáica no sólo en las zonas urbanas, sino que se extiendan al campo para que los usuarios agrícolas y habitantes de zonas rurales participen de los beneficios de la transición energética, lo que reforzaría la vocación democrática y de justicia social de la generación distribuida. El Barzón colaborará siempre a favor de energías limpias para el campo y la ciudad, para cumplir los compromisos nacionales e internacionales en materia climática”.