Buscarán ONGs frenar fines privatizadores del agua de parte de Conagua

La Coordinadora Nacional Agua para todos, agua para la vida, conformada por diversas organizaciones civiles, anunció el lanzamiento de la última etapa de la campaña de firmas nacional para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que propone soluciones a la crisis del agua y finalizar con la impunidad en el sector hídrico que priva en México desde 1989, cuando se hizo responsable a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de las aguas nacionales.
La ICLGA ha sido elaborada desde 2012 por comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles las cuales buscan que la discusión de esta Iniciativa sea obligatoria en el Congreso una vez se alcancen las más de 104 mil firmas requeridas por ley. Representantes de los citados sectores presentaron la Iniciativa en el Club de Periodistas e informaron que hasta ahora se han juntado cerca de 90 mil firmas.
La Iniciativa tiene como ejes poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso a agua de calidad para tod@s como prioridad nacional; para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.
Las firmas y la Iniciativa Ciudadana serán presentadas al Congreso de la Unión, en la fecha que determine el 3er Congreso Nacional de la Coordinara Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, a celebrarse el 22 y 23 de octubre en Xalapa, Veracru. En éste participarán comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles y ciudadanos en general.
La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas busca la planeación consensada y la contraloría ciudadana, para poner fin a la corrupción en el sector, y garantizar el acceso equitativo y sustentable al vital líquido e impedir el autoritarismo del agua. Establece en primer lugar que el agua es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio
No permite mercantilizar el agua, ni privatizar o lucrar con su gestión. Se centra en la elaboración cogestionada, o sea ciudadana-comunitaria y gubernamental, de planes de ejecución obligatoria, vigilados por una contraloría ciudadana.
En el Congreso circula ya un borrador de Ley Conagua que mantiene la esencia de la "Ley Korenfeld" (con menos aristas visibles) que dejaría todo el control del agua en manos de la Conagua y su sistema de intereses, con retratos hablados para permitirían concesiones de aguas nacionales a usos destructivos como el fracking y minería tóxica. Lo que no se explicita en el texto de la ley estaría sujeto a un Reglamento que redactaría la propia Conagua.
Dicha institución del gobierno federal propone profundizar un modelo privatizador, extractivista y autoritario al que contraponemos un modelo ciudadano planeado y consensado que respete comunidad y naturaleza. Ante la disyuntiva entre dos modelos, invitamos a un debate por el agua.
Es grave que la iniciativa que circula Conagua no incluye los derechos de ejidos, comunidades ni pueblos originarios; no respete el carácter sustentable y equitativo del derecho al agua; ni incluye la participación ciudadana como garante del derecho humano al agua en los términos del artículo 4º Constitucional.
La Conagua busca reducir el Derecho Humano al Agua para limitar la obligación del Estado a "progresar" hacia el acceso universal a 50 litros de agua al día, a una distancia menor de 1 km con 30 minutos de traslado, e "instalaciones para eliminar excretas". Para lograr esto, promueve la apertura al capital privado para megaproyectos y sistemas municipales. Por rehusarse a promover una política fiscal progresiva, enfrentar la corrupción, y cancelar megaproyectos dañinos y suntuarios, el modelo de la Ley Conagua le apuesta a hacer posible altas tarifas y recortes a programas sociales
Todo para garantizar el pago oportuno a las corporaciones privadas nacionales y extranjeras, mediante subsidios. Al pretender desviar recursos hacia las corporaciones se viola la obligación adquirida con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales de garantizar acceso al "máximo de los recursos disponibles para lograr el acceso progresivo al derecho humano (al agua)".
En materia de contaminación la iniciativa Conagua, abandona la supervisión y las sanciones a los contaminadores, proponiendo "evaluaciones voluntarias" en un esquema de "autorregulación", profundizando la actual crisis de impunidad. En cambio, la ICLGA tiene también como objetivo central poner fin a la contaminación provocada por diversos sectores como industrias contaminantes, minería tóxica, el fracking, agroquímicos y granjas industriales que afectan directamente a las poblaciones. Con esta Iniciativa se busca prevenir y finalizar los procesos de contaminación química en las personas y el ecosistema.
Otra disyuntiva se refiere a cómo financiar el derecho humano al agua. El recorte de 72% del Presupuesto Federal para 2017, que el Ejecutivo busca aplicar a los programas para sistemas urbanos y rurales de agua y saneamiento (de 12.6 mil millones a 3.6 mil millones) demuestra las intenciones detrás de su Iniciativa de Ley: obligar a los municipios a aceptar arreglos privatizante a toda costa.
El anuncio de esta última fase de la preparación de la Iniciativa Ciudadana fue hecho por representantes de diversos sectores de la sociedad civil entre ellos la Dra. Leticia Merino del SUSAMI, UNAM; Tomas Rojo del Tribu Yaquí; Julián Camaré López del Consejo del Pueblo Nayari; José Luis Tellez del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Miguel Soto Treviño, Greenpeace; José Angel Rodríguez, Secretario General del SEPSIAPA de Jalisco; Julio César Cervantes de El Campo es de Tod@s; Juan Carlos Escalante, ANUEE, Eugenia Flores Hernández del Frente de Afectados por la Minería de Zacatecas, Alfonso Banderas, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Ricardo Ovando de Sistema de Agua Potable de Tecamac y el Dr. Pedro Moctezuma del PISN UAM y de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida.

Presentan libro sobre los problemas del agua en México

En conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación del libro “Apropiación del agua, ambiente y obesidad: impactos del negocio de bebidas embotelladas en México”, en donde se analiza la grave situación que el agua presenta en el país y en donde este recursos natural se pretende volverlo un recursos económico y no un derecho humano, es que investigadores de la UNAM, explican que se debe evitar que se legisle a favor de las empresas no de la gente en materia de acceso al agua.

Gian Carlo Delgado Ramos, coordinador de esta publicación relató que el agua es un bien y recurso que trastoca tanto la seguridad nacional, como la seguridad ecológica, entendida esta última como la seguridad actual y futura de los pueblos de acceder y usufructuar el líquido en cantidades, frecuencia y calidad suficientes.

Siendo ahí donde se han presentado diversos problemas como es el auge del negocio del agua embotellada, y bebidas embotelladas, responde a la convergencia de una serie de cuestiones que van desde el creciente acceso desigual e intermitente a los sistemas de agua potable, el abandono o erosión de tales servicios por parte del Estado, hasta a cuestiones relativas a la comodidad, la portabilidad, y la incidencia publicitaria.

Detalló que el negocio del agua embotellada ha registrado una fuerte expansión tanto a nivel mundial como en América Latina y datos del Banco Mundial, muestran que la industria del agua embotellada pasó de embotellar mil millones de litros en 1970 a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo para el 2000 para luego llegar a 237 mil millones en el 2010, contexto en el que México es el más alto del mundo en términos per cápita, seguido por Italia y el segundo consumidor mundial por volumen total después de EUA. Al mismo tiempo, en México se consumen entre 146 y 174 litros per cápita al año de refrescos, además de otras bebidas azucaradas y unos 62 litros per cápita de cerveza.

Por su parte, Fiorella Espino De Candido Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, detalló que este escenario coloca la cuestión de la apropiación del agua por parte de la industria embotelladora de bebidas en México como un asunto relevante, además de las implicaciones que tal apropiación y tales consumos de bebidas implican en términos socioeconómicos, ambientales y a la salud (en el caso de las bebidas azucaradas, dígase en términos de su contribución a la obesidad y el sobrepeso y a las enfermedades relacionadas como lo puede ser la diabetes).

Alejandro Álvarez Béjar, maestro en economía de la UNAM, en sus comentarios dijo que el negocio de bebidas y agua embotellada, abre con una revisión de la cantidad de agua dulce disponible en el planeta para uso humano, los principales usos y los países más demandantes. Se presenta el estado de situación del líquido en el país, su disponibilidad, presión y calidad, al tiempo que se devela con datos diversos el reciente auge del negocio del agua embotellada a escala mundial y nacional, esencialmente liderado por Coca Cola, Pepsi, Danone y Nestlé.

Las dinámicas de la industria embotelladora en el país. Para ello se precisa el panorama actual de consumo de agua embotellada y su costo estimado, el marco regulatorio del sector –incluyendo algunas normas aplicables a otras bebidas embotelladas- y las dimensiones concretas de extracción y apropiación de agua de calidad en el territorio nacional; esto último como producto de una exhaustiva revisión del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua.

Detalló que es impensable que las empresas y el gobierno estén quitando este derecho humano a la población con la mercantilización del recursos líquido y que espera que la legislación de la Lay Conagua, que hoy está detenida en el Congreso de la Unión, cambie en muchos de los puntos que son polémicos en relación al acceso al agua.

Citando el libro se explicaron tres estudios de caso: Nestlé, Coca Cola (caso FEMSA Coca Cola) y Heineken (caso FEMSA Cerveza). Se muestran brevemente las características y grado de presencia de cada una de las empresas, su demanda de agua como conglomerado empresarial con operaciones en diversas locaciones del país de cara a la disponibilidad del líquido, en este caso sólo de fuentes subterráneas.

Las implicaciones a la salud de un creciente consumo de bebidas carbonatadas y no carbonatadas (refrescos, jugos, etcétera), no en pocas ocasiones asociado a la ingesta de otras modalidades de comida chatarra. Igualmente da cuenta de las acciones empresariales asociadas a la preservación y expansión del negocio y de las responsabilidades del Estado para su incentivo o desincentivo.

El coordinador de esta publicación, detalló que entre algunas de las recomendaciones de política pública de país son las siguientes:

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  tiene un gran reto en integrar los datos completos de los títulos de concesión de agua, como son: acuífero del cual se autoriza la extracción (para algunos títulos no está reportado), déficit del acuífero (hm3/a), nivel de veda establecido para el acuífero (rígida, flexible, control y libre alumbramiento), publicación de las cantidades reportadas de agua efectivamente extraída y que los titulares de concesiones deben reportar a la CONAGUA, fecha de inicio y término de la concesión (no se reporta para ningún caso), así como indicar renovación o nueva concesión.

Ello permitirá definir adecuadamente dónde deberán restringirse las concesiones existentes, y, más aún, las futuras, de acuerdo con la clasificación del nivel de veda. Y si bien los estudios para tomar tales decisiones deberán realizarse por las entidades responsables del Estado o por universidades públicas a fin de mantener un genuino monitoreo del estado de situación, los estudios de hidrología subterránea o superficial que usualmente hacen las empresas embotelladoras para cada una de sus plantas deberían ser de acceso público e incluso prerrequisito para cualquier solicitud o renovación de títulos de concesión de agua.

Igualmente, Víctor Manuel Toledo Manzur, biólogo por la UNAM, explicó que es esencial el cuidado de este recursos así como cuidar su sanidad y evitar que se llegue a presentar que una empresa sea dueña del agua que este siendo dotada a una ciudad.

Sin olvidar que debe atenderse los diversos problemas que cuesta el no dotar de agua a la población, como se vive en Sonora, Puebla, Guanajuato, entre otras entidades que viven de los problemas de cuando se les raciona o quita este servicio. 

Además de que datos tan sensibles y relevantes para la política pública se obtienen cada vez más bajo esquemas o alianzas dentro de la esfera de lo privado, sea por consultores o universidades privadas, tal como devela el caso del Tecnológico de Monterrey que ha hecho alianza con Heineken y el BID y el Caribe, ubicado en Monterrey.

Busca Conagua entregar control del agua a empresarios: catedráticos

Durante la presentación del Manual Agua para Todos, Agua para la Vida, en el marco de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, redactado por  investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de las universidades de Guadalajara y Veracruzana, además de organizaciones de cuenca y grupos civiles de 26 estados, se habló que este proyecto ve a contracorriente con las nueva tendencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de otorgar controles irrestrictos a la iniciativa privada en control del agua.

En conferencia de prensa, Gerardo Alatorre Frenk, investigador de la Universidad Veracruzana, destacó que este proyecto lo que busca es que el agua sea un bien de la nación y sus ciudadanos, no como el mismo proyecto de reforma a la ley del agua de la Conagua que maneja que el agua pertenece al Estado, que no es sinónimo de nación.

Explicó que este proyecto académico y ciudadano busca darle fuerza social a los concejos de cuenca –que Conagua quiere desaparecer-, crear una Contraloría social del agua –que vigile el uso sustentable del agua y se castigue a quienes hagan mal uso del líquido, -mientras que Conagua maneja que se autoregulen las empresas mineras y de otros rubros sin medición alguna de su uso del agua-, y crear un Tribunal especializado del agua, así como un ente evaluador de políticos que no cumplan con sus funciones puedan ser removidos de su cargo, como es el titular de Conagua y la misma Semarnat.

En entrevista con Mi Ambiente, dijo que la propuesta federal es totalmente contraria al contar con un uso sustentable del agua ya que estamos en extremos opuestos y pensamos las cosas de forma distinta ya que es predominante en la Conagua su visión tecnocrática que la eficiencia se logra con iniciativa privada y grandes obras, lo que buscamos es la descentralización apoyado en el tejido social y que todos sepamos que debemos ser responsables en uso del líquido.

La apuesta es darle todo el poder a la iniciativa privada en donde la experiencia indica que el buscar el lucro no es compatible con la paz social y está lógica presente en la Federación es cortoplacista de sacar ganancias lo antes posible en rubros que aún están no bajo el control privado.

Lamentó que los interés políticos que al estar involucrados en diversas empresas sus interés van en lo económico y en grupos políticos sin percatarse de los daños en los ecosistemas nacionales, enfatizó.

Por su parte, Elena Burns, investigadora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, dijo que que este grupo de académicos y ONGs impulsa el fin de garantizar el derecho humano a este recurso, garantizado en el Artículo 4° Constitucional.

Denunció que las reformas de ley en agua que maneja la Conagua, deja fuera de su modelo de gobierno la participación ciudadana y borra todo aquello que se pueda catalogar como Consejos de Cuenca, y se mostró incrédula que ante fenómenos hidrometeorológicos que se presentes el gobierno “se lava las manos” en su obligación de gobierno y se declarará sobre como responsable de indicarle a la gente que es “autoregulable en su seguridad de bienes y personal” y les deja a su libre consideración el protegerse o no de daños; además de manejar que los dueños de predios asentados sobre aguas subterráneas tienen todo el derecho de extraer el agua sin medida alguna de sobreexplotación.

La investigadora mencionó que es necesario contrarrestar el modelo de gestión del recurso que se ha seguido en los últimos años, que no funciona y que “hoy se busca expandir” y advirtió que 25 por del presupuesto destinado al sector se gasta en el emisor oriente, el sistema Cutzamala y en pozos profundos del Valle de México, “en un modelo de sobreexplotación y extracción que busca expandirse a todo el país”.

Expresó que uno de los problemas que tenemos en México es que los derechos consagrados en la Constitución, “no los hacemos exigibles, ojalá que en este manual y en esta ley que ustedes proponen, se incorpore la exigibilidad (del cumplimiento) del derecho humano al agua”, puntualizó.