Ante el
rezago habitacional en México, hacen urgente el contar con una estrategia
nacional gubernamental como eje primordial, con políticas públicas integrales
en materia de vivienda y desarrollo urbano que incluyan la participación social
para abatir esta carencia, expresaron especialistas de la UNAM, durante el
seminario Un Debate Sobre las Nuevas Estrategias de la Política Nacional de
Vivienda.
Cabe
mencionar que en el país hay nueve millones de casas que requieren mejoras,
ampliación, renovación o sustitución. La construcción masiva se logra con la
incorporación de más actores que atiendan la diversidad de situaciones en el
contexto local, recomendó José María Gutiérrez, académico de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
De
acuerdo a un boletín de prensa de la UNAM, para atender las necesidades de las
personas con más bajos recursos, las políticas deben enfocarse en las 60
ciudades del país con mayor población y en 400 municipios rurales y urbanos con
pobreza extrema, precisó.
Por
ello, se enfatizó es indispensable un organismo que formule políticas
integrales y conjuntas en la materia para garantizar el acceso de familias de
escasos ingresos a recursos para mejorar sus construcciones.
Al
respecto, Marco Antonio León, de la Facultad de Economía, señaló la necesidad
de establecer una corporación pública que administre la existencia de vivienda
en el país para otorgar casas a los distintos segmentos de la población con una
visión regional, territorial y urbana, con base en las características de
movilidad laboral y el crecimiento económico.
La
oferta de los desarrolladores está orientada a los núcleos urbanos, donde el
valor de las construcciones y el suelo es más elevado, en tanto que quienes la
requieren tienen cada vez menos posibilidades de vivir en ciudades por los
precios altos y optan por situarse en las periferias, apuntó.
En su
oportunidad, Clara Salazar, profesora investigadora de El Colegio de México,
manifestó la necesidad de censar las casas desocupadas en el país para
utilizarlas adecuadamente. De cinco millones, se desconoce cuántas pueden
rentarse o venderse, si están intestadas o en juicio, su costo o si son
adecuadas para el estrato social que las requiere.
Ante
los altos costos de las casas, construidas por desarrolladores que sólo
consideran las ganancias y no las necesidades de la población, el rezago de los
estratos de menores recursos se resolverá con la intervención directa del estado,
mediante distintos subsidios, expuso Eftychia Bournazou, profesora del Posgrado
en Urbanismo de la UNAM.
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