Ante
la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México aceptó
todas las recomendaciones relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y
los derechos de acceso, destacando en particular el buscar construir un
mecanismo de consulta indígena en el marco de la Evaluación de Impacto
Ambiental, así como otros mecanismos de consulta indígena relacionados con
megaproyectos de desarrollo.
Ello
fue dado a conocer por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
(CEMDA), que reconoció este avance e
insta al Estado mexicano a convocar comunidades indígenas y campesinas,
organizaciones de la sociedad civil y académicos a que aporten en la
construcción de mecanismos efectivos y eficaces de consulta sobre megaproyectos
para recabar el consentimiento libre previo e informado de las comunidades
indígenas y campesinas afectadas por megaproyectos de desarrollo.
En
México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e
industrias, tanto nacionales como extranjeras, por empresas paraestatales o por
el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios
sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas
o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales
y contaminando el medio ambiente.
CEMDA
también hizo referencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de casos
específicos en los que las comunidades siguen los cauces institucionales
buscando justicia, sin que las resoluciones se acaten ni se cumplan. Es el caso
de la Tribu Yaqui, en el estado de Sonora, en el que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), emitió sentencia a su favor, reconociendo la violación
de su derecho a la consulta en el caso de la construcción del Acueducto
Independencia. A la fecha, la obra sigue operando de forma ilegal.
También
se denunció la persecución que existe en México en contra de defensores
ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros
exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a
manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado.
A
pesar de ser un derecho reconocido constitucionalmente, el derecho a un medio
ambiente sano está constantemente vulnerado por medidas del Estado que no
contemplan el eje de sostenibilidad, privilegiando el consumo desenfrenado de
los recursos naturales.
En
México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la
desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de
agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. En este
sentido, la recomendación de Singapur se presenta en un momento relevante para
el Estado Mexicano, ya que establece la necesidad de que la política ambiental
que asuma la perspectiva de los derechos humanos y la sustentabilidad y se
ajuste a los instrumentos internacionales que hay sobre la materia.
Uno de los casos sobre los que debe ponerse
atención en este sentido es la extracción de gas natural a través del fracking
-contemplada como uno de los principales ejes de la reforma energética, en la
que no se vinculan "los objetivos del sector energético con los
ambientales y sociales" -, por ser una técnica con enormes riesgos para
los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida
de los habitantes de México.
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