Se
dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en
el río San Pedro Mezquital, Nayarit, cuyo permiso es ilegal porque viola
legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos
humanos, ello fue informado por parte de la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA).
Detalló
que la ilegalidad del permiso otorgado por la Semarnat radica en que los
miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca
fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informado
sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por
otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de
sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños,
condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la
autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que
serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen
las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho.
Al
respecto, María José Veramendi, abogada senior de AIDA, indicó que "según
los estándares internacionales, consultar y obtener el consentimiento previo,
libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el
proyecto, lo que hizo la CFE en este caso; sino también en que los pueblos
afectados participen en procesos de diálogo y negociación de buena fe, desde la
fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y
tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y conforme a
sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información
precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto antes y durante la
consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo.
La construcción de Las Cruces implicará el
desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y
la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá
consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a
los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación.
En materia ambiental, la Semarnat no tomó en
cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar,
tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas
Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención
y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la
actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la
disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica.
La
Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las
especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de
construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su
vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro.
Los
estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y
compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda
causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables.
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