A dos años de la administración del presidente
Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil ven falta de compromiso
de su gobierno para combatir el cambio climático, y muestra de las incoherencias
de las palabras de la Federación y sus organismos ambientales como de temas
energéticos (Semarnat, Sener, Sedatu, Sagarpa, mayormente), es los graves
problemas ambientales que se padecen por urbanismo descontrolado, falta de agua
de calidad, pérdida de bosques y suelos, falta de protección civil en fenómenos
naturales, contaminación aérea y a últimas fechas la sapiencia de problemas
provocados por la minería, etc.
Pero todo ello, no fue impedimento para que México
se proponga a nivel internacional como
un ejemplo mundial de sustentabilidad, cuando en la realidad dentro de las
fronteras nacionales ello no es verdad. Para diversas organizaciones civiles
como Cemda, AIDA, CCMSS, y Transparencia Mexicana, si bien está que México se
haya comprometido a aportar 10 millones de dólares al fondo verde mundial, es
quizá el único aspecto coherente al mantener el compromiso voluntario de
mitigación del cambio climático. Sin embargo,
indicaron que el mismo gobierno mexicano ha declarado y supeditado sus
compromisos ambientales a recibir recursos internacionales.
Por ello, en conferencia de prensa se informó que
es necesario que en el proceso reformador en materia energética se tome en
cuenta al sector renovable, además de remediar otros graves problemas como es la
asignación del presupuesto público federal, la planeación estratégica a través
de programas y estrategias sectoriales, y la falta de información y
participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de las
políticas climáticas. Lo cual exige replantear las políticas públicas
federales en materia de cambio climático.
Mariana Castillo, analista de Política Pública del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que "la reforma
energética mantuvo la alta dependencia del país hacia los hidrocarburos y no
atiende las necesidades y compromisos nacionales e internacionales de México en
materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero." Para
revertir ello, añadió, "México requiere transformaciones estructurales en
su modelo de desarrollo, acelerar la transición energética, impulsar el uso de
tecnologías renovables y limpias, y promover la eficiencia energética y el
cumplimiento de las metas de energías renovables, entre otros."
Por su parte, Iván Zúñiga, representante del
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó
"que la sobrerregulación aplicada por la Semarnat y la Profepa a los
productores forestales ha frenado al manejo sustentable de los bosques como
estrategia para detener la deforestación y evitar cambios en el uso del suelo.
Esto además ha mermado la capacidad de adaptación de los bosques, ya que se
frenan acciones de combate a plagas y retiro de materiales combustibles para
prevenir incendios forestales." La sobrerregulación ejercida sobre el
sector forestal, agregó, contradice al discurso oficial que pretende hacer
frente al cambio climático.
Lamentando que muchos recursos no son aplicados de
buena forma en materia forestal y que las inspecciones de Profepa y los
permisos burocráticos de la Semarnat están frenando que las comunidades
establezcan un manejo forestal adecuado, ya que los altos costos de papeleo, la
tardanza en tiempos de los permisos y las multas que aplica Profepa, impiden
que las comunidades rurales apuesten al manejo forestal.
Igualmente, Vania Montalvo de Transparencia
Mexicana hizo referencia a que "la creación del Anexo Transversal 15,
incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación representa un importante
avance en términos de transparencia presupuestaria pues busca concentrar la
información de todos los recursos federales destinados a atender la
problemática del cambio climático. Sin embargo, explicó, es necesario
fortalecerlo en la presentación y desagregación de la información; mejorar la metodología
que utilizan las dependencias y entidades para establecer qué recursos
reportarán en el Anexo; y seguir el ejercicio de dichos recursos.
Ya que un grave problema de este Anexo es que falta
transparencia para saber los verdaderos gastos que se destinan a la mitigación
y adaptación climática, además que diversos programas que no contribuyen a este
fin, son incluidos en dicha bolsa, para así inflar el presupuesto ambiental,
que en realidad no contribuye a la sustentabilidad nacional.
Finalmente, Andrea Rodríguez, abogada de la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lamentó que el
Fondo para Cambio Climático, creado para captar y canalizar recursos
financieros hacia la ejecución de acciones para enfrentar esa problemática, aún
no se haya implementado. Señaló que también está pendiente la publicación del
estado en el que se encuentran las reglas de operación del Fondo, mismas que
deberían haber sido aprobadas por el Comité Técnico en diciembre de 2012.
Por todo lo anterior, las organizaciones del Grupo
de Financiamiento para Cambio Climático solicitaron que:
Los poderes, de acuerdo con las atribuciones que
les brinda la Constitución, muestren un compromiso real para enfrentar el
cambio climático, ya que no es un tema de partidos o coyuntural, sino de
seguridad nacional. Se requiere de la atención y acción de todos los grupos
sociales, económicos y políticos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
desarrolle una metodología de asignación presupuestaria para el Anexo 15 transversal
que garantice que los recursos públicos reportados en el mismo se dirijan a
acciones con un impacto positivo en la mitigación y adaptación del cambio
climático.
La SHCP incluya un presupuesto mínimo de
operación y subsidios para el Programa de Movilidad Urbana Sustentable dentro
del ramo administrativo 15 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) revise los contenidos del Programa Especial de Cambio
Climático (PECC) para establecer metas más ambiciosas al 2018 y así se alcance
la meta de reducción al 2020.
La Profepa y Semarnat desarrollen acciones
congruentes con la política de cambio climático y favorezcan el manejo
sustentable de los bosques.
La Secretaría de Energía establezca compromisos de
reducción de emisiones a través de energías renovables sostenibles.
Las políticas climáticas protejan los derechos
humanos y disminuyan las brechas de desigualdad, ya que el cambio climático no
es simplemente un problema ambiental, sino uno que genera impactos sociales y
económicos que afectan a toda la población.
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