Advierten de violaciones a derechos humanos por fracking en Latinoamérica

Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina -entre ellos Argentina, México y Colombia- expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.

La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.

"El número de organizaciones que respalda esta solicitud da cuenta de la preocupación que esta técnica genera", apuntó la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, enfatizó que la documentación de los impactos y casos que se expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se está impulsando en esta materia.

La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking brindará el respaldo técnico y la documentación necesaria en seguimiento de esta audiencia.

"En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos", destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. "La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada".

En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales a su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.

En México, "específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz -que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país-, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida", manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que "en Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?"

Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.

A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al frackingen tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al menos 72 municipios de Brasil.

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen ONGs

En el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21), diversas organizaciones ambientalistas hicieron un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas "para enfriar el planeta" debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. 

Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento.

El documento será presentado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur).

Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región -entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia- han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.

"El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente", dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. "Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información", manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. 

Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible.

De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. "Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay", indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. 

"Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles", expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase.

Financiamiento climático en Latinoamérica: Del acuerdo global a la acción nacional

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) dieron a conocer varias de las acciones que se realizan en países de la región latinoamericana con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas -conocidas como INDCs por sus siglas en inglés-, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático.

En una rueda de prensa organizada en la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático.

Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó  la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. "México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018", dijo Jaramillo.

Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. "Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural". Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, "la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos", agregó.

 Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo.

El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, "es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima".

Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. "Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación".

Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento.

Obligado México a proteger a las tortugas marinas de su territorio

En México, existen dos proyectos que amenazan la existencia de especies vulnerables de tortuga marina, informó la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y por ello pidió a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas analizar esos riesgos y exhortar a México a cumplir el principio de precaución para conservar su población de tortugas marinas, esto ante la inacción e indolencia de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), de actuar al respecto.

Pidió además que la Convención exhorte a que México aplique el principio de precaución para conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo a lo que está obligado al ser parte de la Convención. Los proyectos en cuestión son la ampliación del puerto de Veracruz y la mina marina de fosfato Don Diego, en Baja California Sur.

AIDA alertó a la CIT de los posibles impactos negativos de ambos proyectos durante la reunión del Comité Científico de la Convención en Viña del Mar. Explicó que aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz, entidad a cargo de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que "nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección", no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey (eretmochelys imbricata), catalogada como especie amenazada según la CIT y la legislación mexicana.

Sandra Moguel, abogada de AIDA, dijo que "la tortuga carey está presente en todo el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diciembre de 2013, autorizó la ampliación del puerto de Veracruz sin requerir un plan de manejo especial para conservar a esa especie".

En cuanto a Don Diego, primera mina marina de fosfato en el mundo, AIDA informó a la Convención que, de ser autorizado, el proyecto pondría en peligro a la tortuga caguama (caretta caretta) debido a su posible interacción con el uso de maquinaria para el dragado de arena fosfática, al aumento del ruido en el entorno, y a que provocaría cambios severos en el ecosistema y la composición marina.

En la reunión y tras las gestiones de AIDA, el Comité Científico de la Convención se comprometió a incluir en su informe del 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras nuevas amenazas a la vida y hábitat de las tortugas marinas. Con ello podrá orientar la labor de los Estados para evitar impactos como los que ocasionarían en México los proyectos descritos.

AIDA trabaja en los casos del puerto de Veracruz y la mina Don Diego en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 22 de septiembre, AIDA y CEMDA presentaron al Comité Científico de la CIT una petición sobre los impactos a las tortugas marinas y su hábitat de la ampliación del puerto de Veracruz y de los proyectos asociados a la misma.

Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Registra opacidad el Fondo Verde Climático

La Junta Directiva internacional del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático, pero se denunció que estas entidades acreditadas no fueron analizadas debidamente.

Esto fue informado durante la décima reunión de la Junta en Songdo, Corea del Sur, y que fue catalogado como un proceso poco transparente, ya que no se tomó en cuenta que algunas (entidades) de ellas habían sido penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera principal de financiamiento son los combustibles fósiles.

Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de actividades.

Al respecto, Andrea Rodríguez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos (AIDA) y observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva del Fondo, dijo que "estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un cambio paradigmático y brinde mayor acceso a recursos a los actores locales".

El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las 13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso. Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo, y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas.

Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes problemáticos. "Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde", señala Rodríguez.

La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.

Se requiere vigilancia del financiamiento global en cambio climático

En el marco de establecer un nuevo acuerdo climático global, que fue iniciado en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, en las reuniones posteriores como fue hace unos días en Ginebra, Suiza. Los delegados de países estudiarán el aspecto del financiamiento, factor clave para que los países en desarrollo requieren para hacer frente al cambio climático.

 Al respecto, Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo que "debe darse una negociación que brinde claridad para un financiamiento predecible y sostenible; se necesita establecer con certeza de dónde vendrán los recursos, qué instituciones los manejarán y cómo lo harán; así como garantizar que estos esfuerzos contribuirán a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo”.

 La Conferencia en Perú terminó con el Llamado de Lima a la Acción Climática, documento cuyos anexos contienen los elementos esenciales para el borrador de texto de negociación del nuevo acuerdo climático a ser firmado en la COP21 de París. Por ello se espera intensificar el trabajo en torno a esos elementos y que de esa sesión salga un texto de negociación que tendrá fuerza legal bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

 En comunicado de prensa, AIDA recomendó que deben darse:

Disposiciones claras sobre quienes tienen la obligación de movilizar recursos.

Metas claras para después de 2020 a partir de una ruta con objetivos de financiamiento público anuales.

Incremento gradual de recursos para asegurar el cumplimiento del compromiso ya existente de movilizar 100 millones de dólares a partir del 2020, y para permitir que los países planifiquen sus acciones climáticas.

Movilización de recursos predecible, adecuada y suficiente para promover la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo.

Asignación balanceada de recursos y financiamiento equilibrado de acciones tanto de mitigación como de adaptación.

Claridad sobre qué instituciones de financiamiento climático movilizarán y otorgarán recursos, cuáles funcionarán y cómo.

Reconocimiento del Fondo Verde Climático como la entidad primordial para movilizar recursos, sin la exclusión de otros fondos.

Fortalecimiento del mandato del Comité Permanente de Financiamiento como entidad a cargo de garantizar la coherencia y armonía entre el trabajo de las diferentes instituciones financieras. 

Es México luz de la calle y candil de la casa en políticas ambientales

A dos años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil ven falta de compromiso de su gobierno para combatir el cambio climático, y muestra de las incoherencias de las palabras de la Federación y sus organismos ambientales como de temas energéticos (Semarnat, Sener, Sedatu, Sagarpa, mayormente), es los graves problemas ambientales que se padecen por urbanismo descontrolado, falta de agua de calidad, pérdida de bosques y suelos, falta de protección civil en fenómenos naturales, contaminación aérea y a últimas fechas la sapiencia de problemas provocados por la minería, etc.

Pero todo ello, no fue impedimento para que México se proponga  a nivel internacional como un ejemplo mundial de sustentabilidad, cuando en la realidad dentro de las fronteras nacionales ello no es verdad. Para diversas organizaciones civiles como Cemda, AIDA, CCMSS, y Transparencia Mexicana, si bien está que México se haya comprometido a aportar 10 millones de dólares al fondo verde mundial, es quizá el único aspecto coherente al mantener el compromiso voluntario de mitigación del cambio climático. Sin embargo,  indicaron que el mismo gobierno mexicano ha declarado y supeditado sus compromisos ambientales a recibir recursos internacionales.

Por ello, en conferencia de prensa se informó que es necesario que en el proceso reformador en materia energética se tome en cuenta al sector renovable, además de remediar otros graves problemas como es la asignación del presupuesto público federal, la planeación estratégica a través de programas y estrategias sectoriales, y la falta de información y participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de las políticas climáticas.  Lo cual exige replantear las políticas públicas federales en materia de cambio climático.

Mariana Castillo, analista de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que "la reforma energética mantuvo la alta dependencia del país hacia los hidrocarburos y no atiende las necesidades y compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero." Para revertir ello, añadió, "México requiere transformaciones estructurales en su modelo de desarrollo, acelerar la transición energética, impulsar el uso de tecnologías renovables y limpias, y promover la eficiencia energética y el cumplimiento de las metas de energías renovables, entre otros."

 Por su parte, Iván Zúñiga, representante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó "que la sobrerregulación aplicada por la Semarnat y la Profepa a los productores forestales ha frenado al manejo sustentable de los bosques como estrategia para detener la deforestación y evitar cambios en el uso del suelo. Esto además ha mermado la capacidad de adaptación de los bosques, ya que se frenan acciones de combate a plagas y retiro de materiales combustibles para prevenir incendios forestales." La sobrerregulación ejercida sobre el sector forestal, agregó, contradice al discurso oficial que pretende hacer frente al cambio climático.

Lamentando que muchos recursos no son aplicados de buena forma en materia forestal y que las inspecciones de Profepa y los permisos burocráticos de la Semarnat están frenando que las comunidades establezcan un manejo forestal adecuado, ya que los altos costos de papeleo, la tardanza en tiempos de los permisos y las multas que aplica Profepa, impiden que las comunidades rurales apuesten al manejo forestal. 

 Igualmente, Vania Montalvo de Transparencia Mexicana hizo referencia a que "la creación del Anexo Transversal 15, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación representa un importante avance en términos de transparencia presupuestaria pues busca concentrar la información de todos los recursos federales destinados a atender la problemática del cambio climático. Sin embargo, explicó, es necesario fortalecerlo en la presentación y desagregación de la información; mejorar la metodología que utilizan las dependencias y entidades para establecer qué recursos reportarán en el Anexo; y seguir el ejercicio de dichos recursos.

Ya que un grave problema de este Anexo es que falta transparencia para saber los verdaderos gastos que se destinan a la mitigación y adaptación climática, además que diversos programas que no contribuyen a este fin, son incluidos en dicha bolsa, para así inflar el presupuesto ambiental, que en realidad no contribuye a la sustentabilidad nacional.

Finalmente, Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lamentó que el Fondo para Cambio Climático, creado para captar y canalizar recursos financieros hacia la ejecución de acciones para enfrentar esa problemática, aún no se haya implementado. Señaló que también está pendiente la publicación del estado en el que se encuentran las reglas de operación del Fondo, mismas que deberían haber sido aprobadas por el Comité Técnico en diciembre de 2012.

Por todo lo anterior, las organizaciones del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático solicitaron que:

Los poderes, de acuerdo con las atribuciones que les brinda la Constitución, muestren un compromiso real para enfrentar el cambio climático, ya que no es un tema de partidos o coyuntural, sino de seguridad nacional. Se requiere de la atención y acción de todos los grupos sociales, económicos y políticos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desarrolle una metodología de asignación presupuestaria para el Anexo 15 transversal que garantice que los recursos públicos reportados en el mismo se dirijan a acciones con un impacto positivo en la mitigación y adaptación del cambio climático.

La SHCP incluya un presupuesto mínimo de operación y subsidios para el Programa de Movilidad Urbana Sustentable dentro del ramo administrativo 15 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revise los contenidos del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) para establecer metas más ambiciosas al 2018 y así se alcance la meta de reducción al 2020.

La Profepa y Semarnat desarrollen acciones congruentes con la política de cambio climático y favorezcan el manejo sustentable de los bosques.

La Secretaría de Energía establezca compromisos de reducción de emisiones a través de energías renovables sostenibles.

Las políticas climáticas protejan los derechos humanos y disminuyan las brechas de desigualdad, ya que el cambio climático no es simplemente un problema ambiental, sino uno que genera impactos sociales y económicos que afectan a toda la población.

Semarnat de forma ilegal autoriza la hidroeléctrica Las Cruces

Se dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit, cuyo permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos, ello fue informado por parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Detalló que la ilegalidad del permiso otorgado por la Semarnat radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informado sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho.

Al respecto, María José Veramendi, abogada senior de AIDA, indicó que "según los estándares internacionales, consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso; sino también en que los pueblos afectados participen en procesos de diálogo y negociación de buena fe, desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y conforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo.

 La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación.

 En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica.

La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro.

Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. 

Ecosistemas y Semarnat principales perdedores con Reforma Energética

Para diversas organizaciones civiles, la Reforma energética entre algunos de los graves problemas que conlleva es atentar contra el ambiente y los derechos humanos y además de provocar que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sean sus principales perdedoras al ser despojadas de toda injerencia en revisión y castigo en su caso cuando el sector energético afecte a los ecosistemas nacionales,

Ello debido a que la creación de la inscrita en el artículo 7º de la Ley que versa sobre la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de "tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales".  

Dejando a Semarnat y Profepa con una mayor debilidad oficial, la cual en estos momentos ya es evidente al estar dicha dependencia totalmente fuera de la discusión de los aspectos ambientales de la Reforma Energética.  

En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), indicaron que además de lo anterior, la reforma energética contiene aspectos que ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el país, y atentan contra derechos humanos y sociales.

Ello debido a los aspectos de las propuestas para las leyes secundarias de la reforma priorizan la obtención de beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica sin mirar los aspectos ambientales como lo del forzamiento a expropiar tierras, ya que la misma política nacional marca que la obtención de hidrocarburos es la prioridad oficial sobre cualquier otro aspecto.

Lo cual, dijo, Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA, " desconoce que proteger el ambiente, producir alimentos y conservar el agua también son de interés público; por ende, cualquier reglamentación en este sentido es peligrosa porque da carta blanca a esos rubros sin considerar sus posibles impactos a los derechos humanos y al ambiente".

Aunado a que si ya se cuenta con algunas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), con presencia de mineras, puede en determinado caso poner en riesgo estas regiones ante la falta de los planes de manejo de las mismas y si bien algunas están bien preservadas como sería zona monarca, otras tierras podrían ser motivo de uso energético.  

Por su parte, Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de CEMDA, dijo que "para evitar impactos sociales negativos, es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma decisiones bajo el marco de derechos humanos."

Agregando que los diversos reglamentos de la Reforma Energética en ningún renglón deja la puerta abierta para la negación de propietarios de que su tierra en caso de tener potencial energético como es el fracking sea expropiada. Ya que se habla de tres posibilidades de negociación y de que una empresa o el mismo Pemex puede llevar a juicio a dueños o comunidades dueñas de predios para así obligarlos a ceder la tierra a la explotación del shale gas.

Las organizaciones y especialistas alertan en particular sobre la consideración que la reforma energética hace que los hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelodel país. Esto afectaría a todas las personas que también realizan actividades de aprovechamiento sobre una superficie (agricultores, ganaderos, comunidades y pueblos indígenas, y comunidades forestales). Las zonas como corredores biológicos, que permiten actividades de conservación y de aprovechamiento en función de la conectividad de ecosistemas quedan en riesgo bajo la reforma energética que privilegia la exploración y explotación de hidrocarburos.

En comunicado de prensa, Tania Mijares García, directora de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE), describió que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69% del total y el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y en un 50% para el año 2050.

Sin embargo, recalcó que "En México, hoy en día hoy nos cuesta más energía crecer económicamente que hace 10 años. Si continuamos con este nivel de instensidad energética, la demanda total de energía podría aumentar más de un 50%, es necesario que el gobierno federal trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios y flotillas en eficientes energéticamente. Recordó que "México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2% de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1% su capacidad de generación y en un 18.5% su capacidad instalada."

A pesar de ello, las propuestas de las leyes secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que, aprobar las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional. De producir los 60,000 GW/h que suman todas las tecnologías disponibles en México, el incremento del PIB sería de 346,100 millones de pesos, se crearían 150,000 nuevos empleos y la recaudación fiscal sumaría los 23,000 millones de pesos.

Alerta Fundación Michel Cousteau la simulación de cuidado ambiental en México

Rubén Arvizu, director para América Latina, así como productor y escritor fílmico de la organización Ocean Futures Society, de Jean-Michel Cousteau, en conferencia de prensa dijo que es preocupante para la Fundación el proyecto a implantarse en el Sistema Arrecifal Veracruzano y que el gobierno mexicano está permitiendo que vulnere las áreas naturales protegidas que lo resguardan y está cometiendo una serie de violaciones a la legislación a fin de poder ampliar el puerto de Veracruz.
Dijo que ello es una grave violación a los acuerdos RAMSAR que México a signado y que es increíble que la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas (CONANP), apruebe reducir el tamaño del arrecife bajo el argumento que antes estaba mal cartgrafiada y que dicha postura se de a conocer ahora que justamente se busca hacer crecer al puerto en infraestructura marina y urbana.
Por ello diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil se declaran que trabajarán en la defensa del medio ambiente, así como académicos especialistas en arrecifes, ofrecieron una conferencia de prensa para alertar sobre las graves afectaciones económicas, sociales y ambientales que tendría la destrucción del arrecife y su entorno.

Explicó que "vivimos un momento crucial en el que el deterioro, abuso y destrucción del medio ambiente nos conduce a un desastre ecológico sin precedente en la historia del hombre. El cambio climático es un factor ya incuestionable y la comunidad científica internacional ha certificado que mucho es debido a la acción humana. México requiere de una completa revaluación de la forma como se están manejando sus entornos y recursos naturales".
 Se dio a conocer por parte de organismos como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) -con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano-, que iniciaron una serie de acciones legales tanto a nivel nacional como internacional a fin de denunciar la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
Ello en el contexto, de que el pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Entre dichas acciones destacan una denuncia presentada ante la Convención RAMSAR para la protección de los humedales de importancia internacional así como la presentación ante un tribunal de justicia de un escrito (amicus curiae) con argumentos jurídicos y técnicos para fortalecer la demanda de amparo interpuesta contra el decreto por el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) modificó y redujo los límites del PNSAV.
Asimismo, el CEMDA solicitó formalmente a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental a la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A de C.V, la cual sometió el pasado 13 de febrero ante dicha dependencia para Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto "Aprovechamiento y explotación de roca basáltica del banco ubicado en el ejido Balzapote, mpio. de San Andrés Tuxtla, Veracruz"el cual pretende -mediante la utilización de explosivos- extraer rocas dentro de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas para ser utilizadas en la construcción de la ampliación del puerto, lo cual contraviene el marco jurídico aplicable y puede afectar a especies declaradas como amenazadas o en peligro de extinción.
Por su parte, Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denunció que "las autoridades Semarnat-Conanp han incumplido su deber de proteger el arrecife sacrificando parte de él y han violentado el principio de legalidad nacional e internacional pues no se ajustaron a los procedimientos legales para la modificación de la poligonal. Asimismo han lesionado el principio de no regresividad, el cual implica que si ya se había ganado un espacio para el medio ambiente, éste no puede perderse".
Indicó que una de las controversias que se han interpuesto al respecto establece que buscan pelear para que en la siguiente reunión global RAMSAR del 2015 se haga un pronunciamiento que desapruebe esta labora de ecocidio que es abalada por la Semarnat y la Conanp.
Cabe mencionar que este parque nacional es muestra de la importancia de este tipo de ecosistemas que de acuerdo a la UNAM, representa un 25% de la vida que existe en el planeta se puede encontrar en los arrecifes de coral, además de gracias a la absorción que realizan del dióxido de carbono (CO2) sirve de mitigante ambiental.
Finalmente, Rodrigo Navarro, representante en Yucatán de la Fundación Ocean Futures Socitey y asociado del proyecto Comunicar para Conservar, destacó la importancia de comunicar efectivamente el valor de los servicios ambientales que nos proporciona la naturaleza. Como ejemplo señaló la gran resistencia a los efectos humanos que durante 500 años ha tenido el Sistema Arrecifal Veracruzano -que tiene la tasa de reposición más alta de todos los arrecifes del Golfo de México-.