Financiamiento climático en Latinoamérica: Del acuerdo global a la acción nacional

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) dieron a conocer varias de las acciones que se realizan en países de la región latinoamericana con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas -conocidas como INDCs por sus siglas en inglés-, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático.

En una rueda de prensa organizada en la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático.

Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó  la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. "México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018", dijo Jaramillo.

Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. "Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural". Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, "la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos", agregó.

 Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo.

El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, "es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima".

Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. "Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación".

Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento.

Los compromisos de México en INDC no contempla el desarrollo forestal

México dio un paso al frente en la lucha contra el cambio climático al anunciar su Contribución Determinada Nacionalmente (INDC, Intended Nationally Determined Contribution) para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Bajo la premisa de que al año 2030 el país registrará 25% menos emisiones; pero un sector que no fue contemplado por la Federación y su brazo ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente (SEmarnat) fue  no se han establecido las medidas específicas para lograr esa meta de mitigación. En lo referente al sector forestal un elemento preocupante es que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se pone énfasis en la reforestación, la aforestación y la conservación, en lugar de apostar por el desarrollo sustentable de este sector.

Por ello, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), dio a conocer que entre las acciones comprometidas en el compromiso mexicano "adaptación centrada en ecosistemas", se habla de eliminar la deforestación, de reforestar cuencas hidrológicas, de conservar y restaurar ecosistemas con énfasis en Áreas Naturales Protegidas, de aumentar los Programas de Conservación de Especies, de garantizar el manejo integrado del agua y de aumentar la captura de carbono y fortalecer la protección de las costas a través de esquemas de conservación y recuperación de ecosistemas marinos y costeros. Pero no mencionando el establecer el manejo forestal sustentable.    

Ante lo cual, este organismo detalló que de seguir este camino, México estaría dejando de lado una herramienta importantísima para la adaptación frente a los cambios que se avecinan. Más bien, habría que abonar en el camino que ya se abrió, como muestra la Estrategia Nacional de Cambio Climático del país. Ahí se establecieron "la gestión territorial integral" y la articulación del "manejo y aprovechamiento sustentable, la protección, la conservación y la restauración" como líneas de acción clave de uno de sus ejes de trabajo para la adaptación, el de "conservar y usar en forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen". 

El manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales tiene varias ventajas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. En las 138 millones de hectáreas de territorios cubiertos por vegetación forestal que tiene el país viven once millones de personas, según el Programa Nacional Forestal. Al vincular directamente el desarrollo económico y social de esos millones de personas con el destino de los ecosistemas que habitan a través de la extracción de productos silvestres, se genera un círculo virtuoso en el que la producción genera incentivos para la conservación y la conservación garantiza la producción.

En este círculo virtuoso, las comunidades rurales que habitan los territorios forestales y que son dueñas de dos terceras partes de ellos realizan tareas que son fundamentales para la adaptación y la mitigación. Los programas de manejo forestal que deben elaborar establecen medidas contra los incendios, contra el cambio de uso de suelo y contra las plagas. Además, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales promueve la realización de tareas de restauración enfocadas a recuperar las funciones ecológicas de los ecosistemas frente a los cambios que llegan. Al tiempo, el aprovechamiento de los recursos forestales contribuye al bienestar de la población local y genera una base económica para su desarrollo.  

Por todo lo anterior el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible considera que las medidas del INDC para el sector de "uso de suelo" no deben restringirse a actividades de conservación y reforestación. No se deben dejar de lado o en segundo plano el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pues esto le restaría efectividad a los esfuerzos de adaptación. Más bien, el énfasis tiene que ponerse en el desarrollo sustentable del campo y las regiones forestales.

En ciernes cumplimiento de mitigaciones de emisiones de México

Tras el anuncio del gobierno mexicano para combatir el cambio climático, es un buen punto de partida, calificaron diversas organizaciones ambientalistas , pero deben darse a conocer con transparencia los detalles de las acciones que sustentan este compromiso, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ya que no sólo es decirlo el qué harán sino el cómo y que en añoas pasados tanto los mayores emisores oficiales como CFE y PEMEX no detienen sus emisiones, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no actúa al respecto.

 De acuerdo a CEMDA el anuncio de las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés) que para combatir el cambio climático el gobierno mexicano anunció el viernes pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) considera que se deben dar a conocer los detalles de las acciones que sustentan este compromiso, así como la ruta crítica de cumplimiento de las mismas.

 Dado que la fecha límite para que los países dieran a conocer sus INDCs es el 31 de marzo, México se convirtió en el primer país en desarrollo en presentarlas de manera anticipada el pasado viernes 27 de marzo, sumándose a otros países que ya lo hicieron como Suiza, la Unión Europea y Noruega.

 Las INDCs son resultado de los acuerdos a los que llegó en su 19º periodo de sesiones, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Varsovia en 2013, donde se invitó a los Estado Parte a iniciar o intensificar, así como a comunicar las acciones que llevarán a cabo a nivel nacional para reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

En comunicado de prensa se detalló que vale la pena recordar que México ya había establecido desde 2012 las metas de reducción de emisiones, condicionadas de 30% al 2020 y 50% al 2050 en la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Ahora, se presenta como meta de INDC la reducción NO condicionada del 25% al 2030 que incluye tanto emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como Black Carbon (carbono negro). Es decir, una reducción de 22% de Gases de Efecto Invernadero y 51% de Black Carbon en ese mismo año.

 También se prevé que México alcance un pico de emisiones en el año 2026 y a partir de éste se comience a desacoplar las emisiones al crecimiento económico. Este escenario de mitigación podría incrementarse a un 40% de reducción al 2030 si se establece un acuerdo internacional que permita establecer un precio internacional de carbono, cooperación técnica y transferencia de recursos y tecnología, entre otros.

Ante las declaraciones y compromisos de México para reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, es indispensable fortalecer y eficientar a las instituciones de la política climática para asegurar las condiciones e incrementar las oportunidades de mitigación y adaptación en el corto, mediano y largo plazo.

 Si bien estos compromisos no dependen de recursos ni apoyo internacional, sino de los presupuestos públicos, es indispensable generar las bases para la integración de otros sectores que pueda aportar mayores reducciones y fortalecer la gobernanza climática. Asimismo, se requiere promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los presupuestos públicos para cambio climático y diversificar las vías de ingresos para el gobierno para financiar el cambio climático a nivel nacional.

Al respecto, Gustavo Alanis Ortega, Director General del CEMDA, hizo un reconocimiento al gobierno federal "por el establecimiento de este compromiso a nivel internacional, esperando que a la brevedad amplíe la información referente a las INDCs suscritas ante otros países, identificando cuáles de ellas ya son parte de lo que se estableció en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), así como que dé a conocer una ruta crítica de cumplimiento de la meta del 25% al 2030 y las acciones que se tienen que cumplir con relación a la LGCC (30% al 2020 y 50% al 2050).