De
acuerdo a un estudio de Eugenio Fernández Vázquez y Noé Mendoza Fuente del Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, hace tres décadas, México inició
el trabajo de que las comunidades tengan el derecho a manejar sus bosques,
consolidando el proceso de reforma agraria que ocurrió durante el siglo XX, así
el país encontró una forma efectiva y económicamente viable de conservar la
naturaleza.
Este
manejo forestal, esta silvicultura comunitaria, resultó tener la ventaja,
además, de que al tiempo que ayudaba a conservar los bosques activaba las
economías locales, generaba ingresos para las familias campesinas y provocaba una
acumulación de capital en comunidades de zonas remotas y, por lo general, de
alta marginación.
Sin
embargo, en la actualidad en el país se padece de un marco regulatorio que
restringe la extracción de madera y
otros productos forestales, obligaciones fiscales diseñadas para la ciudad y virtualmente
imposibles de cumplir en el campo, y una política hacia las regiones forestales
orientada prioritariamente a la conservación pasiva de los recursos naturales, entre otros
factores, han provocado el constante retroceso de la producción nacional frente
a las importaciones, junto con la desaparición sostenida de empresas forestales
comunitarias.
Dicha normatividad
y burocracia se han combinado para minar el potencial del sector forestal, e
impiden que contribuya a la búsqueda de un crecimiento socialmente incluyente,
económicamente sólido y ambientalmente responsable para México. En pocas
palabras, la sobrerregulación se ha convertido en un obstáculo para el
desarrollo sustentable del país.
Un
estudio reciente elaborado para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible muestra cómo el trámite para obtener un permiso de aprovechamiento
forestal puede requerir el cumplimiento de hasta medio centenar de pasos
previos. Muchos de esos pasos, además, se repiten entre sí, pero al ser
requeridos por oficinas diferentes, o en distintos momentos, deben hacerse de
nuevo cada vez. Es el caso, entre otros trámites, de las manifestaciones de
impacto ambiental que deben presentar los productores de maderas tropicales y
el programa de manejo forestal que también deben elaborar. Lo complicado de
muchos de los requisitos, por su parte, hace que en muchas ocasiones haya que repetirlos
varias veces.
Al
tiempo que toma la elaboración de estos documentos y al trabajo de recabar los
demás elementos a presentar ante las autoridades, hay que añadir que las
delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuentan
con el personal para cumplir los tiempos estipulados por la normatividad, y en
más ocasiones de las deseables los superan con creces.
Un
estudio reciente mostró cómo el cumplimiento de trámites y pago de derechos de
aprovechamiento de madera en la selva Maya de Quintana Roo tiene un costo anual
promedio de más de 21 dólares por metro cúbico. Esto implica que el 23 por
ciento, casi la cuarta parte, de los ingresos de las empresas forestales
comunitarias de la región se va en trámites y gestiones.
A ese
costo hay que añadir, además, que cada paso del trámite debe hacerse en las
sedes de las autoridades competentes en la capital de cada estado, con lo que
los productores deben desplazarse centenares de kilómetros para realizarlos.
Cabe
recordar que el manejo forestal sustentable frena el avance de la deforestación
y permite mantener la buena salud de estos ecosistemas. Al convertirse en la
base de las economías locales, el aprovechamiento de los recursos forestales se
erige como el principal estímulo para mantener el uso forestal del suelo. En
cambio, los territorios forestales que no se manejan, que no generan ingresos
para sus dueños, corren un riesgo mayor de perder su cobertura forestal y de
cambiar de uso hacia alguno que sea redituable para sus propietarios.
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