Sobrerregulación forestal, obstáculo para el desarrollo forestal en México

De acuerdo a un estudio de Eugenio Fernández Vázquez y Noé Mendoza Fuente del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, hace tres décadas, México inició el trabajo de que las comunidades tengan el derecho a manejar sus bosques, consolidando el proceso de reforma agraria que ocurrió durante el siglo XX, así el país encontró una forma efectiva y económicamente viable de conservar la naturaleza.

Este manejo forestal, esta silvicultura comunitaria, resultó tener la ventaja, además, de que al tiempo que ayudaba a conservar los bosques activaba las economías locales, generaba ingresos para las familias campesinas y provocaba una acumulación de capital en comunidades de zonas remotas y, por lo general, de alta marginación.

Sin embargo, en la actualidad en el país se padece de un marco regulatorio que restringe la extracción de madera  y otros productos forestales, obligaciones fiscales diseñadas para la ciudad y virtualmente imposibles de cumplir en el campo, y una política hacia las regiones forestales orientada prioritariamente a la conservación pasiva  de los recursos naturales, entre otros factores, han provocado el constante retroceso de la producción nacional frente a las importaciones, junto con la desaparición sostenida de empresas forestales comunitarias.

Dicha normatividad y burocracia se han combinado para minar el potencial del sector forestal, e impiden que contribuya a la búsqueda de un crecimiento socialmente incluyente, económicamente sólido y ambientalmente responsable para México. En pocas palabras, la sobrerregulación se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo sustentable del país.

Un estudio reciente elaborado para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible muestra cómo el trámite para obtener un permiso de aprovechamiento forestal puede requerir el cumplimiento de hasta medio centenar de pasos previos. Muchos de esos pasos, además, se repiten entre sí, pero al ser requeridos por oficinas diferentes, o en distintos momentos, deben hacerse de nuevo cada vez. Es el caso, entre otros trámites, de las manifestaciones de impacto ambiental que deben presentar los productores de maderas tropicales y el programa de manejo forestal que también deben elaborar. Lo complicado de muchos de los requisitos, por su parte, hace que en muchas ocasiones haya que repetirlos varias veces.

Al tiempo que toma la elaboración de estos documentos y al trabajo de recabar los demás elementos a presentar ante las autoridades, hay que añadir que las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuentan con el personal para cumplir los tiempos estipulados por la normatividad, y en más ocasiones de las deseables los superan con creces.

Un estudio reciente mostró cómo el cumplimiento de trámites y pago de derechos de aprovechamiento de madera en la selva Maya de Quintana Roo tiene un costo anual promedio de más de 21 dólares por metro cúbico. Esto implica que el 23 por ciento, casi la cuarta parte, de los ingresos de las empresas forestales comunitarias de la región se va en trámites y gestiones.

A ese costo hay que añadir, además, que cada paso del trámite debe hacerse en las sedes de las autoridades competentes en la capital de cada estado, con lo que los productores deben desplazarse centenares de kilómetros para realizarlos.

Cabe recordar que el manejo forestal sustentable frena el avance de la deforestación y permite mantener la buena salud de estos ecosistemas. Al convertirse en la base de las economías locales, el aprovechamiento de los recursos forestales se erige como el principal estímulo para mantener el uso forestal del suelo. En cambio, los territorios forestales que no se manejan, que no generan ingresos para sus dueños, corren un riesgo mayor de perder su cobertura forestal y de cambiar de uso hacia alguno que sea redituable para sus propietarios.