Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países
de América Latina -entre ellos Argentina, México y Colombia- expusieron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y
potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no
convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.
La audiencia
se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones
de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de
sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.
"El
número de organizaciones que respalda esta solicitud da cuenta de la
preocupación que esta técnica genera", apuntó la Relatora Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad
García Muñoz, enfatizó que la documentación de los impactos y casos que se
expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y
derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se está
impulsando en esta materia.
La
principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, fue
instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir
violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución
frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al
Fracking brindará el respaldo técnico y la documentación necesaria en
seguimiento de esta audiencia.
"En
América Latina, el fracking se
ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada,
vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y
consentimiento previos", destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la
Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia.
"La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el
consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta
gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce
efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la
salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada".
En la
audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos
de esta actividad debido a las daños potenciales a su salud reproductiva y a
que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y
contaminación que el fracking conlleva,
tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado
socialmente asignados.
En
México, "específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz -que de
acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor
número de pozos de fracking en
el país-, donde la población
pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha
provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con
lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto
comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida",
manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
Dorys
Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua,
Territorio y Ecosistemas, señaló que "en Europa, 18 países han
aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica
y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces,
si el fracking es tan
bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?"
Según
datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América
Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos.
Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la
fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En
el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.
A pesar
de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones
al frackingen tres estados
de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al
menos 72 municipios de Brasil.
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