Advierten de violaciones a derechos humanos por fracking en Latinoamérica

Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina -entre ellos Argentina, México y Colombia- expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.

La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.

"El número de organizaciones que respalda esta solicitud da cuenta de la preocupación que esta técnica genera", apuntó la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, enfatizó que la documentación de los impactos y casos que se expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se está impulsando en esta materia.

La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking brindará el respaldo técnico y la documentación necesaria en seguimiento de esta audiencia.

"En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos", destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. "La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada".

En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales a su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.

En México, "específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz -que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país-, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida", manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que "en Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?"

Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.

A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al frackingen tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al menos 72 municipios de Brasil.

Expusieron ante CIDH la destrucción biodiversa de México

Se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades indígenas para hablar sobre la destrucción que se está llevando a cabo en el país del patrimonio biocultural de México debido a la autorización de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Catorce organizaciones de la sociedad civil, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu Yaqui, solicitaron a la CIDH audiencia temática para exponer un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

En dicha audiencia se expuso que en México el 70% del territorio tiene potencial minero, y que el 35% del territorio nacional ha sido concesionado entre los años 2000 y 2010 por un total de más de 29 mil concesiones mineras otorgadas por la Federación. En donde alrededor del 17% de estas concesiones -5,087 títulos- se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas.

En algunos casos, las concesiones ocupan todo el territorio ancestral como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios. En la Sierra Norte de Puebla, el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras, correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa el 18% de ese territorio. Dichas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales del pueblo nahualt y totonaco.
Otro de los temas vinculados al patrimonio biocultural que será expuesto ante la CIDH son las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGMs) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.
En comunicado de prensa se detalló que "debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales,
que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007".
Así mismo, en la Península de Yucatán han sido autorizados, sin consulta previa libre e informada al pueblo maya -tal como lo contempla el Convenio 169 de la OIT-, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas. Ante esta arbitrariedad comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.
Las peticiones que se harán a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural, sobre todo en el contexto de la reforma energética; que la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realice una visita en conjunto con el Comisionado responsable en México, a fin de que recuerden al Estado mexicano sus obligaciones internacionales, específicamente relacionados con el derecho a la consulta, a la participación y a la información, al derecho de acceso a la justicia, así como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.